Al escribir éstas líneas, alumnas de El Colegio de México (COLMEX) denuncian acoso sexual por parte de estudiantes y trabajadores de la institución; niñas y adolescentes viven violencia sexual y embarazo infantil; defensoras de derechos humanos y periodistas son silenciadas; la criminalización del aborto continúa; mujeres trans son asesinadas y el cuerpo de una joven de 14 años es encontrado dentro de una maleta en Tlatelolco en la Ciudad de México, sumándose a los siete feminicidios diarios ocurridos en el país, según Naciones Unidas.
Es así como viven las niñas y mujeres mexicanas, inmersas en una guerra donde la casa y la calle son trampas mortales. En un país sumido en una grave situación de violencia y atropello a derechos humanos, en donde nosotras nos encontramos en mayor vulnerabilidad especialmente cuando el Estado protege impunemente a parejas maltratadoras, familiares violentos y crimen organizado.
›La fecha que fue institucionalizada por Naciones Unidas, en 1981, para recordar el asesinato de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura trujillista en República Dominicana, nos recuerda que las conmemoraciones son un modo de sanar, de construir memoria, pero no una cura. La cura es la justicia.
Nombrar lo innombrable
“¡Justicia, justicia, justicia!, ¡Ni muerte, ni homicidio, fue feminicidio!, ¡Ni una más, ni una más ni una asesinada más!”, claman familiares de víctimas de feminicidio, activistas, feministas a su paso por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y hasta llegar al Zócalo capitalino. Madres, padres, hermanas, hermanos, primas, tías visten playeras con las fotografías y nombres de sus hijas, hermanas, primas, sobrinas. Decenas de los miles de nombres y rostros de niñas y mujeres víctimas de feminicidio en el país desfilan ante mis ojos. Madres toman el megáfono narrando con voz firme y desgarradora la vida de sus hijas, sus nombres, sus edades, sus sueños y el cómo, dónde y muchas veces por quién(es) les fueron arrebatados. En sus voces sus hijas dejan de ser sólo cifras, dejan de ser tan sólo una estadística y se les es devuelta su condición de humanas. Hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer las calles se inundan de nuevo con el fin de visibilizar, denunciar y dignificar la vida de las víctimas. Marchas en distintas entidades del país, mesas de reflexión en torno a la violencia contra las mujeres, rodadas en bicicleta en la periferia de la Ciudad de México, talleres de autodefensa, son algunas de las actividades en las que se busca concientizar, visibilizar, exigir justicia por las víctimas de feminicidio. La fecha que fue institucionalizada por Naciones Unidas en 1981 para conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura trujillista en República Dominicana, nos recuerda que las conmemoraciones son un modo de sanar, de construir memoria, pero no una cura. La cura es la justicia, el conocer la verdad, el castigo a los agresores, la restitución de la dignidad y la humanidad de las niñas y mujeres víctimas de feminicidio. El clamor de justicia para las víctimas de feminicidio es uno que conocimos por primera vez en vísperas de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Era el año de 1993 cuando se dieron a conocer los primeros casos de violencia extrema contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. En ése entonces el concepto de feminicidio no se utilizaba sino hasta 1998 cuando se hizo necesaria la demanda de una definición política que nombrara la especificidad de los asesinatos de mujeres en la frontera. Para ése momento la académica de El Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez lo empezaría a utilizar en Juárez tras retomarlo de la antropóloga Marcela Lagarde, quien a su vez introdujera el término al ámbito académico y político tras traducirlo del inglés femicide elaborado por las antropólogas estadounidenses Diane Russell, Jill Radford y Jane Caputi. Russell acuñó el término femicide en 1976 para el Tribunal Internacional de Delitos contra la Mujer, mientras que Radford y Caputi lo conceptualizaron más específicamente en 1992 como “el asesinato misógino de mujeres por hombres”. De ésta manera el concepto de feminicidio reivindica el poder de nombrar la violencia contra las mujeres y el sistema de dominación patriarcal que permite éstas violencias. El feminicidio resulta ser el extremo de un continuo de violencias que abarcan hostigamiento sexual, abuso sexual infantil, violación, tortura, mutilación, esclavitud sexual, heterosexualidad forzada, maternidad y/o esterilización forzada. El concepto que ha venido a formar parte de nuestro vocabulario nombra un fenómeno de extrema violencia hacia las mujeres, que es tan antiguo como el sistema patriarcal. La cacería de brujas en la Europa de los siglos XVI y XVII; el lesbicidio; el infanticidio femenino son una muestra de que el feminicidio se adecúa a los distintos momentos y contextos de las historias patriarcales. Todos ellos como forma de control social de los cuerpos de las mujeres y de aquellos cuerpos e identidades que salen fuera de la norma de lo masculino y la heterosexualidad obligatoria. Los crímenes contra las mujeres de la frontera fueron inicialmente vinculados con el rampante neoliberalismo y la industria de la maquila. Como menciona Julia Monárrez en su libro Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez (2009) “se relaciona a la economía trasnacional con el feminicidio de mujeres locales en Ciudad Juárez”. Ésta vinculación surgió por el hecho de que en la década de 1990s la fuerza laboral predominante en las maquiladoras en Juárez eran mujeres jóvenes de clase trabajadora y varias de las víctimas de feminicidio trabajaban en ésas industrias. Melissa Wright académica estadounidense ha explorado las íntimas conexiones entre los feminicidios de aquellos años en Juárez con la representación generalizada de las trabajadoras de la maquila como mercancías en la fabricación de objetos desechables en la industria global. Charles Bowden en su libro foto ensayo Juarez: The Laboratory of Our Future (1998) ya nombraría a Juárez ciudad laboratorio, donde pareciese que muchas de las cosas suceden primero y después se van expandiendo al resto del país. Juárez fue de las primeras ciudades en que se instalaron las maquiladoras y donde la discusión de los feminicidios inició. ¿Acaso sería ésta llamada ciudad laboratorio donde se predeciría el futuro de la violencia a las mujeres en el país? A 25 años de que iniciarán en términos oficiales la ola de feminicidios en Ciudad Juárez, el asesinato de mujeres y niñas continúa, contabilizándose de 1993 a 2016 alrededor de 1,666 víctimas de feminicidio en la ciudad fronteriza. Sin embargo, el fenómeno no se ha quedado ahí, más bien se ha extendido como en una suerte de metástasis a todo lo largo y ancho del país. A tal grado que el 9 de octubre de 2018 el Senado de la República emitió un boletín oficial titulado “Emergencia Nacional ante el incremento de feminicidios en México” en donde se detallaba la denuncia del senador José Narro Céspedes de Morena ante el alza de feminicidios en Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León y conminó a que el Senado establezca medidas de Emergencia Nacional en conjunto con los gobiernos federales para atacar el feminicidio. Un mes después el feminicidio tocó de lleno la Cámara de Diputados, al enterarse en plena sesión la diputada Carmen Medel de Morena del asesinato de su hija de 22 años Valeria Cruz Medel. La Emergencia Nacional ante los feminicidios no es un llamado nuevo es uno que desde hace varios años vienen haciendo las y los familiares de víctimas, con el acompañamiento de activistas de derechos humanos. El pasado 8 marzo de 2018 durante el Foro Violencia contra la Mujer en el Senado de la República, familiares de víctimas exigieron declarar al Feminicidio como Emergencia Nacional, a activar la Alerta de Género en todo el país y acabar con la impunidad que protege a los agresores y re victimiza a las mujeres. ONU Mujeres ya ha señalado que entre 2007 y 2012 hubo un repunte de 138% de los feminicidios en el país y en el primer semestre de 2018 según cifras oficiales se registraron 402 feminicidios en México. Siguiendo datos de Naciones Unidas lideran el número de feminicidios las entidades del Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua. Mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio contabiliza que entre 2014 y 2017, 8 mil 904 mujeres fueron asesinadas en México y de ése número tan sólo el 30% de los casos fue investigado bajo protocolos de feminicidio. La tipificación de feminicidio que fue aprobada oficialmente en el país en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012 en el artículo 325 del Código Penal Federal, continúa teniendo inconsistencias y falta de certeza. Han sido 19 entidades federativas las que han incorporado en sus códigos penales el delito hasta la fecha. Siendo los estados que la tipifican los siguientes: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Mientras que los 13 estados que se encuentran pendientes de tipificar son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Los 13 estados que no han tipificado el feminicidio incorporan tipos penales subjetivos o adicionales a los que establece la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), hecho que invisibiliza en los códigos penales el feminicidio. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ya ha señalado que para que un crimen sea considerado feminicidio debe comprobarse la privación de la vida, que la víctima es una mujer y que el móvil es una razón de género. Es por ello que el OCNF recomienda en su más reciente “Informe implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017” la homologación del tipo penal de feminicidio en todas las entidades del país sin elementos subjetivos de difícil comprobación y comprensión para las y los operadores de justicia.
Ésta serie de normativas implementadas en la lucha contra el feminicidio por el Estado mexicano han sido puestas en marcha tras la exigencia de organismos nacionales e internacionales de poner un cese a la brutal violencia experimentada por las mujeres en territorio nacional. Inició con la promulgación en 2007 de la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia” en dónde se definió en su artículo 21 por primera vez a la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos públicos y privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”. A la cual se sumó la Alerta de Violencia de Género (AVGM) como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para erradicar la violencia feminicida en determinado territorio del país.
Una Alerta de Violencia de Género que no ha detenido el incremento de feminicidios al no extenderse la alerta a todo el país ni llevarse a cabo profesionalmente. El 6 de marzo de 2018 Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya señalaría que “la Alerta de Género es una herramienta valiosa, desde luego no es lo único, no va a solucionar el problema por sí misma. Se requiere voluntad política y se requiere capacitación de quiénes están en las fiscalías para que la persecución de los delitos que se cometen contra las mujeres sean con perspectiva de género”.
Ha sido justo la falta de compromiso y voluntad política con la que familiares de víctimas de feminicidio se enfrentan desde el momento de interponer la denuncia de desaparición de sus hijas y tener que escuchar discursos tales como “se fue con el novio, al rato regresa” en que se trivializa la ausencia de las mujeres, pasando por tener que lidiar con autoridades policiales y judiciales nulamente entrenadas en derechos de la mujer, falta de un seguimiento profesional de los casos de feminicidio y la re victimización de sus familiares asesinadas, cuando se desplaza la responsabilidad del feminicida a la víctima enjuiciada bajo normas patriarcales que juzgan su manera de vestir, si salía por las noches o venía de ´familias desintegradas´, finalmente culpándola de su propia muerte.
La incapacidad y negligencia del Estado para dar protección a las mujeres y la manera en que se termina defendiendo bajo leyes patriarcales a los agresores y feminicidas termina reduciendo su responsabilidad. Es así como Marcela Lagarde señala que “el feminicidio es un crimen de Estado”, en que se niega la dignidad de las mujeres asesinadas y se pone a las demás mujeres en riesgo.
Un caso ejemplar en que el Estado es omiso, es en los feminicidios del Estado de México, donde el asesinato impune de mujeres ha ido al alza desde que el presidente Enrique Peña Nieto gobernara la entidad. Humberto Padgett hace un minucioso análisis de los feminicidios durante aquella administración en conjunto con numerosos testimonios de familiares de víctimas de feminicidio en su libro “Las Muertas del Estado”, evidenciando que el número de feminicidios en la demarcación mexiquense ha llegado a superar por mucho a Ciudad Juárez.
De 2011 a 2017 se cometieron 1625 homicidios de mujeres en el Estado de México, de los cuáles se tipificaron como feminicidios 369 casos, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación, con base en los datos proporcionados por las procuradurías y fiscalías estatales. Lo cual ha situado al Estado de México como el primer lugar en número de feminicidios en el país.
Desde que fuera implementada la Alerta de Género en 2015 en 11 municipios del Estado de México persisten los feminicidios en donde se ha activado: Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
La rabia, la indignación llevó el 24 de septiembre del presente año a colectivos de familiares de víctimas de feminicidio y activistas a cerrar simbólicamente el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec para exigir una segunda Alerta de Género en el municipio por la desaparición y feminicidio de niñas, adolescentes y mujeres. Ha quedado claro que la extensa desaparición de mujeres y el feminicidio van de la mano.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas entre abril y diciembre de 2017, el Estado de México se situó como la entidad con mayor número de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en el país contando con un total de 1, 790, siendo que el 59% de las mujeres tenían entre 15 y 17 años al momento de la desaparición. Mientras que un diagnóstico de la organización civil Idheas se destaca que, en los últimos tres años, las desapariciones de mujeres aumentaron hasta en un 227% en Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli.
De entre todos los municipios mexiquenses, Ecatepec se ha posicionado como el que vive una mayor violencia traducida en el aumento de desapariciones y feminicidios de niñas y mujeres. En octubre de 2018 con la detención de Juan Carlos ´N´ y Patricia Martinez feminicidas confesos de entre 10 y 20 mujeres y quiénes fueron nombrados en la prensa como los “Monstruos de Ecatepec” más concretamente al componente masculino de la pareja, pareciese se quisiera apuntar a la existencia del asesino serial en solitario y no a la violencia estructural y sistémica del municipio y consecuente indagación de todas las líneas de investigación de las desapariciones que arrojaría la posibilidad de una amplia red de trata de personas.
No es un mero acto fortuito el que el Estado permita la creación de monstruos en la línea de los psicópatas asesinos en serie al afincarle a un solo personaje todas las responsabilidades de asesinatos de mujeres y así dar carpetazo a sinnúmero de casos de feminicidio sin resolver. Es una estrategia en que el Estado, aunque de forma en cierto modo encubierta alimenta la negligencia de las autoridades judiciales y coloca el feminicidio como producto de una mente desviada inexplicable y no como lo que es, el extremo del terrorismo de la violencia patriarcal. De ésta forma el Estado al respaldar a los feminicidas hace cumplir la máxima regla que es la del mantenimiento de la dominación patriarcal a través del control social de los cuerpos de las mujeres. De ésta manera por acción directa u omisión el Estado se descubre como cómplice en los feminicidios.
Uno de los más recientes casos de feminicidio en la Ciudad de México ha vuelto a poner el foco de atención en la capital del país, donde las autoridades reconocieron como feminicidios 292 casos en 2017 y donde ése mismo año se solicitó a la Secretaría de Gobernación SEGOB se instaure la Alerta de Género. Sin embargo, no se ha puesto en ejecución la AVG debido a dilaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el gobierno de la Ciudad de México. Ha sido el pasado 16 de noviembre de 2018 cuando el gobierno de la CDMX entregó a la Conavim el informe final en torno a la solicitud de alerta de género.
Tan sólo a tres días de que fuera entregado el citado informe el cuerpo de Ingrid Alison de 14 años fue hallado dentro de una maleta en Tlatelolco. Tras encontrarse el cuerpo el 13 de noviembre en la alcaldía de Cuauhtémoc una serie de indagaciones se encuentran en proceso. Hasta el momento algunos medios de comunicación han re victimizado a la joven con titulares tales como “Así se mostraba en las redes la joven hallada muerta en maleta” y “Ligan con dealers a niña enmaletada”. Estos titulares no hacen más que juzgar a la víctima, quitar la responsabilidad a quienes hayan sido agresores, degradar el sufrimiento de las víctimas y culparla de su propia muerte.
Éste 25 de noviembre dan inicio oficialmente los 16 días de activismo para contrarrestar la violencia hacia las mujeres finalizando el 10 de diciembre Día de los Derechos Humanos. Sin embargo, las demandas de justicia por una vida sin violencia para las mujeres no cesan al cierre de éstas fechas. La lucha para conseguir justicia para las víctimas y sus familiares continúa al posicionar al feminicidio como emergencia nacional y alzar la voz contra la violencia extrema hacia las mujeres como un acto de resistencia, porque el miedo debe cambiar de lado. *Doctorante en Género y Estudios Culturales Universidad de Sydney