MARÍA IDALIA GÓMEZ | GABRIELA RIVERA
Siete horas después de que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, diera por concluida la investigación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes negaron que sus hijos hayan sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como aseguran autoridades.
Anunciaron que el 2 y 3 de febrero acudirán a pedir ayuda al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que consideran que la PGR quiere cerrar el caso “de un día para otro”. Y, como parte de las acciones que tomarán para los siguientes días será la de luchar para que no haya elecciones en Guerrero. Sobre este punto, el presidente Enrique Peña Nieto dijo esta tarde que el dolor el dolor que dejó la tragedia no debe ser motivo para impedir los comicios en la entidad.
En conferencia de prensa, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes, acusó a Murillo Karam de violar los acuerdos firmados entre familiares y el mandatario en noviembre pasado. El primero es que no se les aviso a ellos primero de las conclusiones sobre la investigación, sino que las difundieron a los medios de comunicación, como ya lo había venido haciendo la PGR. El segundo es que los padres de familia no tienen copias del expediente, a pesar de que Murillo Karam aseguró que los 85 tomos del caso han estado a disposición de los padres de familia y sus abogados.
Por ora parte, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, enumeró nueve razones por las cuales ellos van a luchar para que el caso de los estudiantes no sea cerrado.
1) Señaló que no hay certeza científica de que el mutlihomicidio ocurrió en Cocula, por lo que solicita la participación de peritos independientes; 2) detalló que las declaraciones de “El Cepillo” no son contundentes, ya que no estuvo todo el tiempo en el lugar de los hechos; 3) la información que da la PGR depende sólo de las declaraciones de cuatro detenidos; 4) no se ha investigado el crimen de Julio César Mondragón, desollado en el lugar del ataque; 5) después de cuatro meses faltan por detener a 11 personas, cuyas declaraciones podrían modificar la teoría que mantiene la PGR; 6) hasta el momento, no hay un sólo proceso por desaparición forzada; 7) según declaraciones consignadas en los expedientes los sicarios confesaron haber atentado contra los jóvenes en Pueblo Viejo y el Cerro La Parota y no en Cocula; 8) las pruebas científicas sólo confirman el deceso de uno de los 43 estudiantes; 9) hay dos líneas de investigación pendientes: una contra el gobernador con licencia, Ángel Aguirre, y contra el 27 Batallón en Iguala y 10) no se han deslindado responsabilidades sobre corrupción de políticos ligados a Guerreros Unidos.
Los familiares manifestaron a Peña nieto y Murillo Karam que si no pueden con el cargo que ostentan deben dejarlo de inmediato.