Jonathan Nácar
Todo esto ocurrió en menos de 72 horas: un exfuncionario de Veracruz que intentó obtener fuero para evitar la cárcel, un exgobernador y parte de su gabinete que fueron declarados prófugos de la justicia por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, y un fiscal en funciones detenido en Estados Unidos como un peligroso narcotraficante. Hasta la Secretaría de la Función Pública (SFP) en un comunicado poco usual informó las “incongruencias patrimoniales millonarias” que van de un millón 190 mil pesos hasta más de siete millones, de cuatro de servidores públicos de tres dependencias.
Uno de ellos de la Comisión Reguladora de Energía (entre 2008 y 2008); otro del Instituto Mexicano del Seguro Social (entre 2004 y 2013), y dos de Pemex Exploración y Producción (de entre 1997 y 2007, y de 2002 a 2012, denunciados penalmente ante la PGR. La antesala de esta situación la encabezaron tres hechos ocurridos en menos de tres días: el lunes fue capturado en San Diego California, por agentes de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, El Lic Veytia o Diablo como se le conoce al fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, quien desde 2013 enfrenta tres cargos por diversos delitos contra la salud en ese país, es señalado en México de brindar protección y operar con cárteles de la droga como Los Zetas y recientemente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tan estrecha se ha evidenciado la relación entre Édgar Veytia con ese grupo que entre las acusaciones que se le atribuyen está la omisión y posible complicidad en el secuestro de Julián Venegas Guzmán, originario de Compostela, Nayarit, y compadre del líder de Joaquín El Chapo Guzmán, en abril de 2016.
Acusado de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, se libró la primera orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, quien a decir del actual mandatario del estado, Javier Corral, el “prófugo de la justicia” está resguardado en El Paso, Texas, Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación del mandatario, hasta esa fecha, existe una orden pendiente contra un suplente a diputado federal, y se espera la ejecución de al menos una docena más.
Antonio Enrique Tarín García, excolaborador del prófugo exgobernador de Chihuahua, y diputado suplente del exlegislador priista, Carlos Hermosillo, quien falleció la semana pasada en un accidente, pasó la noche y hasta las 14 horas del miércoles, acuartelado en la instalaciones de la Cámara de Diputados, ante la negativa de la Mesa Directiva en San Lázaro para que rindiera protesta como legislador, y así obtener el fuero para evadir la orden de detención que se giró en su contra por el delito de peculado.
JUGADOR DE DOS BANDOS Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, fue acusado de fabricación, conspiración, distribución e introducción de droga a EU.
De acuerdo con un documento firmado por el Congreso local de Chihuahua y enviado a San Lázaro, se notificó que Tarín García cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra bajo la causa penal 780/2017 con el número de oficio 6020/2017.
Al principio, los priistas presionaron para que se consumara la toma del cargo hasta que desistieron ante las fallidas negociaciones con otros partidos y dejaron a su suerte a Tarín García.
Debido a que el exdirector de Adquisiciones en el gobierno de César Duarte está acusado de desviar 300 millones de pesos, y como parte de su estrategia legal tramitó un amparo para evitar su detención en cuanto, sólo presentado ante el juez, quien podría determinar su libertad durante el juicio.