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Acapulco y Ecatepec, dos de las cinco urbes del país donde los ciudadanos se sienten más inseguros, son al mismo tiempo los peores municipios en el manejo de los recursos públicos destinados a mejorar los servicios y la seguridad pública.
De acuerdo con la segunda entrega de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2018, el gobierno de Acapulco, Guerrero, no pudo comprobar la correcta utilización de 269.7 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortamun).
Dicha cantidad equivale a 60% de los 491 millones que en 2018 recibió el entonces alcalde de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez, por parte de la Federación.
Foto: Cuartoscuro
Asimismo, representa la tercera parte de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relativas al Fortamun de todo el país que ascendieron a 892.5 millones de pesos.
El Fortamun constituyó en 2018 el 6.9% del gasto federalizado programable y ocupa el tercer lugar del Ramo 33 por su importancia financiera. Ese año, el fondo representó, en promedio, 16.6% de los ingresos municipales.
›Según el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fortamun busca “satisfacer los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, dando prioridad a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública”.
Después de Acapulco, el municipio con mayores anomalías identificadas por la ASF en el ejercicio de los recursos del Fortamun es Ecatepec, estado de México, con 201.4 millones de pesos pendientes de comprobar.
Ese monto es equivalente a 19% de mil 68.9 millones de pesos asignados por la Federación en 2018 al municipios gobernado ese año por el priista Indalecio Ríos Velázquez.
Uno de los vicios más frecuentes identificados por la ASF es la falta de documentación comprobatoria del gasto. En el caso de Acapulco, dicha práctica propició la opacidad de 43.5% del importe observado (117 millones) y en Ecatepec 10.1% (20.3 millones de pesos).
Otra mala práctica detectada por el ente fiscalizador es la transferencia de recursos a cuentas bancarias distintas a las que marca la norma. En el caso de Ecatepec significó el 76.4% del importe observado (154 millones de pesos).
En la más reciente publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi) informó que las cinco ciudades donde los mexicanos se sienten más inseguros son Coatzacoalcos, Veracruz (94.5% de los habitantes se siente vulnerable), Ecatepec (92.5%), Naucalpan, estado de México (90.1%), Acapulco (88.9%) y Villahermosa, Tabasco (88.7%).
Colima, ejemplo de desaseo
Debió entregar recursos a los municipios para infraestructura social, y no lo hizo; compró equipo para seguridad pública, pero nunca lo mostró; debió devolver recursos a la Tesorería de la Federación, y fue omiso; tenía la obligación de distribuir entre los alcaldes impuestos recaudados, pero se lo quedó.
Así se comportó en 2018 el gobierno de Colima, encabezado por el priista José Ignacio Peralta, que tiene el porcentaje más alto de anomalías con relación al gasto que la Federación transfirió ese año a los estados.
En su más reciente informe sobre la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que por cada 100 pesos transferidos ese año a Colima, 28 presentan irregularidades.
En segundo lugar está San Luis Potosí con inconsistencias en 24% por ciento del gasto programable; Oaxaca, con 17%; Chiapas, con 11%, y Puebla, con 10 por ciento.
El año de las insolvencias detectadas en Colima coinciden con la celebración de las elecciones en la entidad, en las que se eligieron alcaldes y diputados locales.
La entidad tiene el monto más alto de impuestos no entregadas a los municipios (426 millones de pesos, 30% del total); es primer lugar en desvío de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (19.2 millones de pesos, 89% del presupuesto del total), y quinto lugar en gastos sin justificar del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (463 millones de pesos, 6.2% del total).