Por sus omisiones ante la violencia que derivó en más de 5 mil personas víctimas de desplazamiento forzado, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió una recomendación a las autoridades de los tres niveles de gobierno de esa entidad. El pasado 18 de octubre de 2017 personas ingresaron al municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona, por lo que aproximadamente 5 mil 266 habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón todas pertenecientes a Chalchihuitán y Majompepentic, del municipio de Chenalhó, Chiapas, dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas del mismo municipio. A pesar de que 5 mil 266 personas abandonaron sus hogares por la violencia, las autoridades no realizaron su trabajo de ayudar a las víctimas, ofrecerles atención psicología ni medica, así como tampoco se implementaron acciones para salvaguardar sus derechos humanos. Por ello, la recomendación 87/2018 se dirigió al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; al fiscal general de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca; al subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en suplencia del procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero; al comisionado ejecutivo de atención a víctimas, Jaime Rochín del Rincón; al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino López; a la presidenta municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, y al presidente municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez.
25 de Abril de 2024