Reducir el número de auditorías para que las investigaciones sean más profundas y con un mejor armado jurídico es uno de los objetivos principales de David Colmenares Páramo, el nuevo auditor superior de la Federación.
“Lo primero que hay que hacer es fortalecer el sustento legal de las auditorías. Muchas de las acciones de la Auditoría se caen porque no traen un buen fundamento jurídico”, afirmó Colmenares en alusión al bajo porcentaje de acciones sancionatorias que prosperan cuando son presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) o la Procuraduría General de la República (PGR).
›En 2016, última cuenta pública fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó mil 865 inspecciones, de las que se derivaron dos mil 557 pliegos de observaciones (anomalías que derivaron en daño patrimonial) y dos mil 504 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (fallas de servidores públicos que ameritan castigo, desde multa hasta inhabilitación).
Sin embargo, en promedio, 78% de los casos presentados ante los tribunales o las oficinas de control interno de las dependencias no prosperan por estar mal integrados jurídicamente. Y de los asuntos que sí llegan a tribunales, 85% se resuelve sin ninguna condena, en 15% de ellos hay sanción y sólo 0.5% de los casos concluye con la inhabilitación de un servidor público corrupto.
Al recordar que en 2016 se modificó el marco jurídico de la ASF, el nuevo funcionario señaló a ejecentral que “a partir de las reformas constitucionales y las nuevas facultades, cambiará la tendencia a favor de las posibilidades sancionatorias” del órgano que ahora dirige.
¿Le hacen falta dientes a la ASF? —se le pregunta a Colmenares.
“Más que dientes, yo creo que hay que seguir puliendo la base jurídica, para que sean más firmes sus investigaciones. La Auditoría nunca ha tenido dientes, si vieras el historial de denuncias o de procedimientos, no hay resultados significativos”.
El anterior auditor siempre argumentó que el principal objetivo de la ASF no podía ser sancionar a funcionarios corruptos, pues se corría el riesgo de que se pervirtieran las metas de la institución, en el sentido de que se busque a toda costa incrementar los indicadores de castigos. ¿Usted qué piensa?
“Estoy de acuerdo, no nos podemos dedicar a buscar inhabilitaciones a como dé lugar, pero yo pienso que los expedientes que integre la ASF deben ser sólidos y hechos a toda prueba. Yo considero que la ASF es una institución fuerte, pero si no puede sancionar, no avanza”.
Buenos sueldos
Extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, en tiempos de Francisco Gil Díaz, y exauditor especial del Gasto Federalizado (2012-2013), Colmenares se pronunció por mejorar las condiciones de trabajo, pues aseguró que los auditores están sobrecargados de tareas —lo que limita la sustentación de las investigaciones—, y muchos están contratados por honorarios, “lo cual inhibe el servicio fiscalizador de carrera”.
Colmenares reveló que la mayoría de los auditores están mal pagados y, al mismo tiempo, están sometidos a muchas tentaciones. “Se deben pagar buenos sueldos. Hace dos años hubo una desbandada de auditores a la SFP, porque ganan muy poco y no tienen seguro social, a la mayoría les dan mil pesos al mes para gastos médicos. Hay que considerar que en ocasiones están hasta un mes fuera de sus casas para realizar las auditorías. Ese es un problema central”.
El nombramiento de David Colmenares ocurre después de que la Cámara de Diputados pospuso durante dos meses y medio la votación de la terna surgida de entre 40 perfiles, tiempo en el que la ASF estuvo acéfala. La designación también se produce en un escenario de vacío institucional, pues sigue pendiente la nominación del fiscal especial anticorrupción y de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, piezas necesarias para que el sistema opere de manera plena.
Una de las metas del nuevo auditor es consolidar el Sistema Nacional de Fiscalización, el cual está formado por la SFP, la Auditoría Superior de la Federación, los auditores superiores de los 32 congresos locales y los titulares de los órganos internos de control de las 32 entidades federativas.
El objetivo, dijo Colmenares, es “perfeccionar los mecanismos de colaboración con las entidades de fiscalización de los congresos locales para evitar que se dupliquen las auditorías”. Además, se pronunció en favor de capacitar a los auditores en materia de participaciones federales, pues hay poco conocimiento del manejo y control de los impuestos que la Federación canaliza a los estados y del régimen de coordinación fiscal.
“La Auditoría Superior de la Federación es una institución valiosa, pero es perfectible. Debemos apostar al trabajo multidisciplinario, es decir, se debe incorporar a actuarios, ingenieros, economistas, abogados”, con el propósito de que las auditorías estén mejor elaboradas.
“La mayor parte de las observaciones se dan en el área de obra pública, por lo que necesitas ingenieros que sepan de materiales, de funcionamiento de obras, cosa que los contadores no siempre manejan de manera adecuada”, ejemplificó Colmenares.
¿Las recuperaciones de los recursos mal empleados son un buen indicador para medir el funcionamiento de la ASF?
“Yo creo que no es el indicador más efectivo, porque son recuperaciones simuladas. Habría que sacar el índice de reintegros que se dan en los subsidios y en los convenios a la Tesorería de la Federación. Esas son recuperaciones reales. Pero en ese caso, no estás castigando al ente que gastó mal esos recursos, sino a la gente, porque no se hicieron las obras o los servicios para los cuales estaban destinados esos recursos”.
¿En materia de obra pública cuál es su propuesta para que mejore la aplicación de los recursos?
“Ahí es importante vigilar a los comités de adquisiciones, pues es donde se registran las mayores irregularidades. También se debe introducir muy fuertemente la figura de la participación ciudadana para que haya un mecanismo adicional de vigilancia. La propia ASF está haciendo auditorías a la participación ciudadana en todos los programas del gobierno federal y los resultados no han sido positivos. Por ejemplo, en educación hay comités ciudadanos y no en todos los casos funcionan adecuadamente. El gran problema es que haces la obra pública, y luego falta verificar que la calidad sea la adecuada, y eso solamente lo puedes hacer con el apoyo de los ciudadanos”.
Verdugo de Duarte
David Colmenares fue secretario de Finanzas de Oaxaca con el gobernador Heladio Ramírez López (1986-1992), director de Finanzas de Liconsa y contralor del Tribunal Fiscal de la Federación. Desde hace 40 años da clases de finanzas estatales en la Facultad de Economía de la UNAM.
Pero algo que pocos reconocen es que fue el encargado de realizar las investigaciones que pusieron al descubierto las simulaciones del gobierno de Veracruz para reintegrar los recursos mal utilizados.
Al preguntarle qué acciones emprenderá para evitar que se repitan casos como los de Javier Duarte, en Veracruz, donde hubo un saqueo de los recursos públicos, el auditor aseguró que la ASF cuenta con nuevas facultades para vigilar mejor a los estados, pues es posible auditar las participaciones federales, revisar la deuda que se adquiere dejando de garantía las aportaciones federales, supervisar los reintegros y coordinarse mejor con los entes fiscalizadores de los estados.
Otro de los objetivos que ha trazado Colmenares es una reingeniería en el plan nacional de auditorías, pues la mayoría de las investigaciones que realiza la ASF están dirigidas a los recursos que la Federación canaliza a los estados, y “considero que es necesario mantener un equilibrio”.
De las mil 865 auditorías realizadas en 2016, 131 fueron para el sector gobierno (7%), 223 para Desarrollo Económico (12%), 121 para Desarrollo Social (6.4%) y mil 390 para gasto federalizado (74.6%).
Respecto a las millonarias anomalías que se registran en el ámbito de las administraciones estatales, el auditor superior dijo que “cuando hay recurrencia en las observaciones dirigidas a las entidades, cuando año tras año se les aplican las mismas infracciones, a lo mejor lo que hay que revisar son los fondos, pues los problemas pueden estar en los calendarios o en las reglas de operación”.
En materia de coordinación fiscal, Colmenares se comprometió a revisar la aplicación de las fórmulas para el reparto de las participaciones federales, pues “es muy frecuente que muchos estados no pagan a los municipios las participaciones completas, es decir, están violando la ley”.
Cada estado, comentó, tiene su formula para la asignación de participaciones y “hay algunas muy buenas y otras muy malas, la más mala que conozco es la de San Luis Potosí”, pues 95% de las transferencias dependen de su densidad poblacional, sin tener una buena recaudación de impuestos locales ni estímulos para la actividad productiva.
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