A las 17:15 horas del 23 de noviembre de 1963, tiempo de la costa este de Estados Unidos, un cable procedente de la Ciudad de México era notificado en la sede de la CIA, en Langley, Virginia. La orden se había ejecutado: Silvia Durán o Sylvia Tirado de Durán había sido detenida y aislada.
Esa orden había sido entregada un día antes al agente secreto identificado con el criptónimo LITEMPO 2, que era como la Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) identificaba a Gustavo Díaz Ordaz, entonces exsecretario de Gobernación y recién nombrado candidato a la presidencia de la República. La agencia exigió que la orden se ejecutara “de inmediato” y con “discreción prioritaria”.
El cable informaba a John A. McCone, entonces director de la agencia, que la oficina instalada en México identificaba a Durán como la “empleada mexicana en la Embajada de Cuba” que había facilitado a Lee Harvey Oswald, desde esa oficina diplomática, la comunicación con la embajada de la Unión Soviética en México.
Por esa razón, la mexicana debía ser arrestada de inmediato y aislada para mantenerla incomunicada hasta que revelara todos los detalles que conociera sobre el paso por México de Oswald, identificado como el asesino de Kennedy.
Estos archivos confirman y detallan el nivel y la trascendencia de las operaciones secretas que la CIA mantuvo durante más de dos décadas en México. Muestran que las oficinas de seguridad mexicanas estaban al servicio de la agencia estadunidense y comprueban la libertad de la que gozaban sus agentes para sus operaciones en el territorio, capaces de instalar, por ejemplo, una vigilancia permanente y hasta fotografiar a quienes ingresaban a la embajada de la entonces Unión Soviética y el consulado de Cuba; interrogar a sospechosos, infiltrar a los intelectuales de la época; convertir en dobles agentes a funcionarios diplomáticos o planificar desde territorio mexicano operaciones anticomunistas dirigidas a diferentes países de América Latina, especialmente Cuba y Fidel Castro.
Este archivo forma parte de los dos mil 891 cables y memorándums de la CIA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que la Oficina de Archivos Nacionales desclasificó y publicó el 26 de octubre pasado, por orden del presidente Donald Trump, de los cuales más de 189 de ellos están relacionados directamente con operaciones en México.
Los miles de archivos desclasificados ofrecen detalles sobre la manera cómo los servicios de inteligencia actuaban en complicidad con los presidentes mexicanos y secretarios de estado, y aportan más detalles sobre cómo la capital del país era el centro neurálgico de operaciones secretas en las que estaban presentes prácticamente todas las agencias de espionaje del mundo y agentes dobles. La cúpula del gobierno mexicano tuvo un rol determinante en las operaciones que la CIA dirigió en México, tanto para investigar el asesinato de Kennedy, como para confabular en contra del régimen de Fidel Castro en Cuba. La ciudad fue una bisagra bien aceitada en el juego de espías que implicaron los años de la guerra fría para Latinoamérica.
Por primera vez, documentos desclasificados sobre las investigaciones por la muerte de Kennedy confirman plenamente que, al menos tres presidentes entre 1960 y finales de la década de 1970, cumplían las órdenes que recibían de la CIA, mientras fueron funcionarios del más alto nivel en el gobierno mexicano. Reportaban directamente al jefe de la oficina de la agencia en México, Winston Scott.
Los nombres de los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, identificados con los códigos encriptados LITEMPO-2 y LITEMPO-8, respectivamente, son citados en varios de los reportes que fueron redactados sobre operaciones de vigilancia, espionaje, para la obtención de información y detención que de forma encubierta ejecutaron a favor de la agencia de inteligencia estadunidense.
La “mujer” de Oswald
Silvia Durán fue una mexicana que muy pocas horas después del asesinato del presidente Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, se convirtió en un blanco de máxima prioridad para el gobierno de Estados Unidos. Las investigaciones apuntaban a que sus declaraciones revelarían los motivos de Lee Harvey Oswald para cometer el magnicidio.
Su detención fue registrada al menos en dos ocasiones por agentes mexicanos de la CIA adscritos al programa LITEMPO. Durán, desde antes del crimen, era vigilada y sus movimientos documentados. Como empleada en la Embajada de Cuba, sus comunicaciones fueron cableadas bajo la operación conocida como LIENVOY, con la que se intervenían, con la complicidad de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), las comunicaciones que llegaban y salían de las embajadas soviética y cubana.
Primero de octubre de 1963, 10:45 horas. Un hombre que se identificó como Lee Oswald llamó por teléfono a la embajada rusa en México para preguntar “sobre el envío a Washington”, en una operación que involucraba al diplomático Veleriy Kostikov, del que la CIA sospechaba era un agente adscrito al Departamento 13 de la KGB, la agencia de espionaje rusa. No hay más datos.
Los interrogatorios
En el cable 85318, fechado el 27 de noviembre de 1963, al entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría, se le informó, a través de uno de los abogados de la CIA, Rodger Gabrielson que el gobierno mexicano tenía 48 horas para obtener información de Durán, traducirla y enviarla a la CIA, de acuerdo al reporte que le fue enviado al funcionario de la agencia Norman Shepanec. Y también se le aclaró, de acuerdo con el cable 85391, de la misma fecha, que “las investigaciones sobre Duran por ningún motivo deben ser vinculadas con estadounidenses, queremos que las autoridades mexicanas asuman la responsabilidad de todo el asunto”.
Las órdenes se cumplieron, Durán fue interrogada en dos ocasiones por la CIA en México; sin embargo, estas operaciones se encubrieron como actividades oficiales del gobierno mexicano.
Como parte de las investigaciones en México del asesinato de Kennedy, LITEMPO-4, Fernando Gutiérrez Barrios —entonces jefe de la DFS—, interrogó para la CIA a un agente nicaragüense y líder del Frente de Liberación Nacional de Nicaragua, identificado como Gilberto Alvarado, de acuerdo al memo 70145, en el que se reconoce que el funcionario mexicano tuvo que “quebrarlo” para que dijera la verdad. El interrogatorio duró una hora aproximadamente durante la mañana del 29 de noviembre y, luego, tres horas en la tarde de ese mismo día. A las 10:30 horas del 30 de noviembre, LITEMPO-4 aseguró que Alvarado firmó una declaración en la que aseguraba que una presunta reunión que había tenido con Lee Oswald en la Embajada de Cuba era falsa. La CIA ordenó sacarlo del territorio mexicano y así ocurrió, fue enviado de vuelta a Nicaragua.
Preparando la invasión
En octubre de 1962, una estación mexicana financiada por la CIA se instaló en un departamento ubicado frente a la Embajada de Cuba para ejecutar un proyecto de vigilancia fotográfica, encriptado como LIONION. La meta era mantener la vigilancia fotográfica sobre cada persona que visitaba la sede diplomática. Se capturaban detalles de las matrículas de cada vehículo señalado como de interés y se investigaba cada caso. Algo similar ocurrió en la embajada soviética. En paralelo, la agencia estadunidense financiaba las operaciones de cubanos disidentes para desestabilizar al gobierno de Fidel Castro. El archivo 104-10230-10136, de agosto de 1962, muestra una de las nóminas que pagaba la CIA a por lo menos 29 personas en ese momento y que significaban un gastó de 81 mil 500 dólares quincenales, por cinco conceptos: delegación, cinco mil 400 dólares; propaganda, 20 mil; Judicatura Cubana Democrática, cinco mil; servicio médico, dos mil 500; y clandestinidad, 25 mil dólares, este monto debía pagar a ocho personajes y asociaciones.
En el entonces Distrito Federal se instalaron otras oficinas de la CIA en departamentos e inmuebles que a la vez fungieron como refugios para cubanos exiliados, y que coexistían en la ciudad con centros de administración y coordinación de las células que conformaban el Frente Democrático Revolucionario, posteriormente descrito como el brazo de seguridad y contrainteligencia del Consejo Revolucionario Cubano.
De acuerdo los informes contenidos en los cables 104-10230-10139 y 104-10230-10079, desde cuentas creadas en el Banco de Comercio, se realizaban los pagos a grupos anticastristas para que contaran con oficinas, teléfonos, materiales de escritorio y propaganda; así como el ingreso, traslado e instalación de refugiados, y hasta el pago de nóminas y viajes que los agentes realizaban a diversos destinos como Costa Rica, Estados Unidos y Colombia.
La bitácora financiera se avoca a agosto y septiembre de 1960, apenas siete meses antes de la operación que la CIA, a través de la llamada Brigada 2506, emprendió en lo que se conocería como la invasión de la Bahía de Cochinos, cuando tras un fallido intento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas bajo el mando de Fidel Castro, frenaron el intento de derrocamiento del ejercito contrarrevolucionario.
Varios personajes que protagonizaron ese intento de invasión a Cuba estuvieron en México, sólo unos meses antes. En los cables se ahonda en la apertura de cuentas de gastos y la instalación de una casa para la operación del FDR, en específico para el servicio del “Dr. J. Carrillo”, reconocido como Justo Carrillo Hernández, líder de la agrupación Montecristi, fundada en la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, enfocada primordialmente a recaudar fondos en pro de las actividades revolucionarias, así como del miembro fundador del Frente Civil Revolucionario.
También los gastos de viajes y actividades del Dr. M.A. Varona, identificado como Tony Varona o Manuel Antonio de Varona, otro de los líderes anticastristas, presidente del Consejo Revolucionario Cubano, y quien también daba cuenta de la declaración de recibos, estado de gastos, recibos y costos de nómina, alquiler de oficinas, suministros, gastos postales y de publicidad, de viaje y ayuda a refugiados bajo la comandancia de Juan Paula Baez, quien de acuerdo a los archivos es identificado con el criptónomo “AMWAIL-5”, cuyo nombre reconocido también fue Manuel F. Goudie, uno de los jefes militares que encabezó la fallida invasión de la Operación Bahía de Cochinos.