Aunque no se reconozca, la investigación a Odebrecht, empresa brasileña acusada de sobornar a funcionarios mexicanos por 10.5 millones de dólares, se llevó a cabo de manera exhaustiva y conforme a las facultades de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que sólo puede sancionar de manera administrativa, resaltó su titular Arely Gómez, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados. “Se detectaron primero 21 filiales (de la empresa constructora) y después nos fuimos al tiempo que se señalaba en la que presuntamente se entregaron los sobornos. Nos centramos únicamente en contratos celebrados con Pemex y que fueron los correspondientes a las refinerías de Tula, Hidalgo y de Salamanca, Guanajuato. “Se tomó comparecencia a 23 servidores públicos y como resultado de esas investigaciones tenemos al día de hoy, 10 procedimientos administrativos de responsabilidades que se han resuelto y de los cuales ocho ya tienen sanciones consistentes en inhabilitaciones y multas económicas”. La secretaria especificó que tres de ellas fueron inhabilitaciones para la constructora Norberto Odebrecht, filial de la constructora, y una multa económica por 543 mil millones de pesos, así como otra inhabilitación para Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional en conjunto con una sanción económica por 543 mil 48 mdp. Por otra parte, detalló, se inhabilitaron a representantes legales de Odebrecht, de quien no se especificó sus nombres, y a un servidor público de Pemex. “No podemos decir que la Función Pública ha sido omisa en este caso, al contrario, México es el primer país que inhabilita a la empresa sin contar con algún acuerdo reparatorio”, puntualizó. Y es que ejecentral dio a conocer que Odebrecht presiona a las autoridades mexicanas, antes del cambio de gobierno, para entregar toda la información que poseen sobre sus operaciones ilícitas en el país a cambio de que no se les embargue sus bienes y que las sanciones administrativas en su contra sean eliminadas. Ante ello, Gómez González enfatizó ante la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, que pese a todas las críticas que existen sobre la indagación, su secretaría es la única que ha realizado acciones en contra de la empresa brasileña. “Asimismo las acciones de cobro de multas por conducto del SAT implica dos situaciones. Que a partir de ese momento el recurso económico que ingrese a las cuentas de la empresa será entregado al gobierno federal y cualquier adeudo que se tenga con ésta será entregada directamente al SAT. Podemos estar seguros, bajo protesta de decir verdad, que la Secretaría de la Función Pública ha agotado todas sus líneas de investigación para sancionar a esta empresa”. Incluso señaló que la investigación por la vía administrativa que realiza la Función Pública pudo llegar más lejos; sin embargo se encontró con trabas por parte de la PGR. “Quiero dejar claro que la Secretaría de la Función Pública, y consta en el expediente, le pidió a la Procuraduría General de la República que nos diera información para poder quizás llegar a más, pero el Ministerio Público no les proporcionó información. “Con esto puedo dejar dicho que la Secretaría de la Función Pública llegó a los más profundo que pudo siempre y cuando respetando su marco normativo”, apuntó.
24 de Abril de 2024