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Juan Carlos Rodríguez

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El abandono de la obra pública casi no se cuenta, pero cuesta mucho. En todo el país hay mil 171 proyectos que debieron entregarse en 2016, pero su avance es menor al 50 por ciento, y prácticamente la mitad de ellos reporta cero progreso. A pesar de no haber sido concluidos, el monto que se gastó sólo el año pasado en ellos supera los 10 mil millones de pesos.

Lo más sorprendente es que en aquéllos que su avance es nulo, que fueron botados por el gobierno federal, el año pasado se invirtieron la mitad de esos recursos, 5 mil 229 millones 686 mil 954 pesos, pero significan obras que no tienen siquiera una barda, donde no se ha instalado un solo cable ni se ha puesto un tornillo.

El panorama es aún peor si se considera que los más de 10 mil millones de pesos gastados no contempla las pérdidas y daños provocados a las regiones y comunidades a las que, por recortes presupuestales, negligencia, corrupción, burocracia o la falta de planeación, no pudieron tener las carreteras prometidas o escuelas, clínicas e infraestructura básica o el equipo que requieren.

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En Puebla, por ejemplo, se planificó la construcción de la Unidad de Hospitalización para el tratamiento a personas con problemas de adicciones, se construiría en una superficie de cinco mil metros cuadrados y de acuerdo contaría con “consultorios, dormitorios, baños, enfermería, cocina, comedor, farmacia, área administrativa, recepción, salón de usos múltiples, salón de cómputo”. Desde julio de 2013 se le comenzaron a inyectar recursos.

Este proyecto beneficiará a la población del estado de Puebla, ya que brindará servicios de hospitalización a bajo costo, de calidad y eficientes, a fin de disminuir la demanda en el consumo de adicciones, a través de programas y terapias de carácter preventivo y curativo”, señala el proyecto, cuya construcción está valuada en 33.1 millones de pesos. Pero su avance es cero.

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Impuntualidad

Si se toman en cuenta los proyectos que debieron ponerse en funcionamiento en 2016, pero que tienen un avance de 50% o menos, el número total de obras a medio terminar asciende a mil 171. En ellas, sólo el año pasado, se invirtieron 10 mil 253 millones 675 mil 158 pesos, cifra superior a la que se destinó, por ejemplo, en el presupuesto 2017 al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, que es de 8 mil 996 millones de pesos.

En esta categoría se encuentran 13 Unidades de Medicina Familiar del IMSS que no han podido ponerse en operación en San Luis Potosí, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León y el Estado de México.

Cada UMF está diseñada para tener al menos 10 consultorios, atender a una población aproximada de 500 mil personas y bridar cada año 50 mil consultas de medicina familiar, 25 mil consultas de medicina preventiva y 10 mil estudios de radiodiagnóstico. Es decir, el retraso de 13 UMF se traduce en 650 mil consultas de medicina familiar, 325 mil consultas de medicina preventiva y 130 mil estudios de radiodiagnóstico que no se ofrecerán cada año.

La población afectada por el abandono del gobierno federal en la construcción de estas Unidades equivale, en este momento, a 6.5 millones de personas.

Pero el daño no sólo es en el área de salud, también en el ámbito educativo, lo que se traduce en expectativas de calidad y desarrollo a mediano y largo plazo para las comunidades. Entre las obras que se han visto retrasadas hay tres escuelas de preescolar, tres primarias y siete bachilleratos.

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El caso que presenta mayor retraso es la edificación de cuatro planteles en Guanajuato (dos bachilleratos generales, uno en León y otro en Guanajuato; así como dos bachilleratos tecnológicos, uno en Irapuato y otro en Acámbaro), los cuales tienen un avance de entre 20 y 29 por ciento.

“En conjunto, se espera que los cuatro planteles contribuyan a incrementar la matrícula de la entidad federativa en al menos cuatro mil estudiantes, lo que equivale a 8.4% del incremento de la matrícula requerido en Guanajuato entre 2012-2013 y 2018-2019, para alcanzar una cobertura de 80 a nivel nacional al término del presente sexenio, que es de 47 mil 887 alumnos”, refiere el proyecto.

A paso de tortuga también van dos escuelas de preescolar y dos primarias que se tiene proyectado habilitar en campos militares de Morelos y Michoacán.

›De los mil 171 proyectos que debieron entregarse en 2016, pero que tienen un avance de la mitad o menos, muchos son obras hidráulicas, ya sea para la potabilización de agua, la construcción de pozos o el mantenimiento a la red de distribución del líquido.

Actualmente, seis presas están a medio terminar en Colima, Oaxaca, Jalisco y Chihuahua. En este último estado se proyectó construir tres obras de este tipo, pero dos tienen un avance físico de cero por ciento y una más tiene un progreso de 3.6 por ciento.

La tercera se está edificando en el municipio de Guadalupe y Calvo y tiene la meta de “incrementar la producción y productividad de los cultivos de maíz, frijol y avena logrando un excedente agrícola comercializable, mejorando el bienestar social de la población, beneficiando a mil 370 habitantes y 89 ejidatarios, crear empleos, reactivar la economía y mitigar el flujo migratorio”.

La presa que va ligeramente más avanzada, con un progreso de 50% es la edificada en Colima, muy cerca de los límites con Jalisco. La obra es edificada “con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 metros de altura, corona de 10 metros de ancho y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de siete mil 500 hectáreas”, dice el documento del proyecto inconcluso.

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Con EPN 90% obras en cero

La base de datos de Obra Pública Abierta, elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), refiere que de los 686 proyectos que reportan un nulo avance, 29 debieron comenzar a ejecutarse desde 2013, otros 107 al año siguiente; 114 más arrancarían en 2015 y 384 en 2016.

Es decir, el 90% de esos proyectos, un total de 634 obras abandonadas, se concibieron durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En México tenemos muy malas prácticas en materia de planeación y obra pública, pues los gobernantes ofrecen proyectos en sus campañas políticas sin previamente contar con un diagnóstico adecuado”, afirmó Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, organización especializada en políticas públicas y ejercicio del presupuesto.

Los proyectos tendrían que hacerse a partir de planes estratégicos, donde el eje rector sea el desarrollo socioeconómico de la población, no los intereses políticos del gobernante en turno, agregó la especialista.

Y añade: “Nos parece importante hacer cambios en los procedimientos de obra pública que marca el Plan Nacional de Infraestructura; consideramos que primero tiene que haber un diagnóstico certero sobre las necesidades que se busca atender en el corto, mediano y largo plazos, sin que los periodos de gobierno sexenales sean una limitante”.

Uno de los proyectos arrumbados es un banco de leche humana para atención de neonatos que requieren estancia hospitalaria prolongada (35 días aproximadamente), que estaba ideado para ser edificado en Tlalpan, en la Ciudad de México. Debía comenzar a construirse en 2015 e iniciar funciones, de acuerdo a lo programado, en diciembre de 2016. Todo el proyecto fue cotizado en dos millones 750 mil pesos y la dependencia encargada era la Secretaría de Salud.

El objetivo del banco, según el proyecto era “disminuir la mortalidad de los neonatos que son atendidos en el hospital Dr. Manuel Gea González, mejorando su alimentación durante su estancia hospitalaria, disminuir costos en la compra de fórmulas nutricionales, combatir la obesidad y mejorar el sistema inmune del neonato”. Esta obra es una más de las que el gobierno federal simplemente archivó.

Gran parte de los 686 proyectos abandonados, representan una mejora en la calidad de vida de las comunidades.  Por ejemplo, 65 corresponden a modernización de caminos rurales, 34 eran estudios sobre la factibilidad de inversión, dos debían ser Unidades de Medicina Familiar (UMF del IMSS), dos más serían Unidades de Cuidados Intensivos para Neonatos (UCIN) y 20 eran requerimientos de equipamiento y material médico.

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También han sido olvidados los proyectos para construir cuatro presas (dos en Chihuahua, una en Jalisco y una en Oaxaca), un acueducto en Sinaloa, la modernización de una autopista en Veracruz, la edificación de seis puentes vehiculares, dos plantas potabilizadoras de agua (una en Jalisco y otra en la Ciudad de México) y la construcción de pozos de agua en Campeche y Quintana Roo.

Impuestos no ayudan

En abril de 2016, México Evalúa publicó el estudio MeTrOP: antídoto vs. la corrupción, con el que desarrolla la primera Métrica de Transparencia de la Obra Pública.

La investigación concluye que “la inversión pública constituye un motor de desarrollo económico que dinamiza la generación de riqueza y de bienestar, por lo que resulta indispensable maximizar su potencial, evitando el uso inadecuado de los recursos destinados a este fin”.

En México, continúa el documento, el valor de la inversión física ha decrecido consistentemente desde 2009, a pesar de que los recursos invertidos han ido en aumento en términos reales. Lo anterior sugiere que “el dinero público erogado no se invierte ni eficaz ni eficientemente y termina en obras malhechas o que no son productivas”.

Mariana Campos, coordinadora del estudio, sostiene que una de las grandes paradojas que vive el país en términos presupuestales es tener un impuesto alto en gasolinas y, al mismo tiempo, tener un presupuesto muy recortado para obra pública.

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Explica: “Recaudar impuestos a través de las gasolinas es una práctica reconocida en países desarrollados, pues con ese dinero se financia infraestructura, principalmente carreteras y transporte público masivo. La ironía más grande en México es que tenemos un presupuesto bajo para la obra pública con un impuesto alto a la gasolina”.

De acuerdo con Campos, alrededor de 20% del gasto público (no sólo obra pública, sino gasto social y servicios) no llega a su destino debido a la corrupción.

“Esto redunda en proyectos innecesarios, que no abonan al desarrollo económico y le resta rentabilidad a la obra; también tenemos proyectos de baja calidad, como la Línea 12 del Metro o proyectos que sí funcionan, pero son carísimos. Al final, todas estas anomalías violan el derecho de las personas a contar con buenos servicios e impactan en su calidad de vida”, concluyó la experta.

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