Redacción ejecentral
La versión final de un informe del gobierno sobre la conducta de los que investigaron el caso de los 43 normalistas desaparecido, rechaza un informe anterior que halló que esos mismos funcionarios habrían roto la ley por un mal manejo de algunos sospechosos y de la evidencia.
De acuerdo a una nota publicada por el The New York Times, señala que el informe original describía serias fallas en la investigación, fallas como el arresto ilegal de sospechosos clave, por lo que amenazaba sin fundamentos el caso legal del gobierno.
Ese primer informe, indicaba que era la primera vez que el gobierno reconocía que hubo errores en la pesquisa. El nuevo informe, a cargo de un nuevo funcionario, aminora el efecto de estas violaciones, y la versión oficial queda intacta.
El nuevo documento indica que las acciones de los investigadores fueron solo violaciones “técnicas"; el documento preparado por el inspector general de la PGR y el cual fue entregado por familiares de los estudiantes desaparecidos.
El informe final “es un claro ejemplo de que está cubriendo algo y diluyendo” las responsabilidades de los investigadores, dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y quien representa legalmente a las familias.
El representante añadió “Sentimos que la prioridad del gobierno ya no es encontrar la verdad sobre lo qué pasó con los estudiantes, sino que están más preocupados con esconder las razones detrás de un encubrimiento histórico”.
Y es que la desaparición de los normalistas sacudió el gobierno de EPN lo que se convirtió en un emblema de incapacidad de México de proveer seguridad a sus ciudadanos, así como de sus fallas para enfrentar la corrupción.
Expertos externos cuestionaron el manejo de la investigación por parte del gobierno en las semanas después de que los estudiantes desaparecieran, el 26 de septiembre de 2014, lo que llevó al estudio interno.
La versión final de este informe se completó en agosto, pero nunca tuvo el visto bueno del procurador. The New York Times obtuvo una copia en diciembre pasado.
Los familiares de los estudiantes condenaron lo que calificaron como un intento de presentar en una mejor luz la investigación federal. Padre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que “El problema es que la evidencia fue manipulada y toda la investigación fue manipulada y ahora niegan el derecho a la verdad de 43 familias”,
Los procuradores mexicanos argumentan que los estudiantes fueron sacados de autobuses por policías locales y entregados a un grupo narcotraficante, Guerreros Unidos, que los mató e incineró sus cuerpos en un tiradero de basura en Cocula. Los integrantes del grupo delincuente fueron ordenados a recoger las cenizas en bolsas de plástico y a tirar estas a un río.
Pero el caso del gobierno está fundamentado en buena medida en los testimonios de personas sospechosas de ser miembros de Guerreros Unidos que fueron detenidos en una redada en la ciudad sureña de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, que acudían a la escuela de maestros Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El año pasado, un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pusieron en tela de duda buena parte de la evidencia usada para presentar la versión del gobierno.
Los cinco expertos detallaron pruebas que mostraban que 17 de los sospechosos clave fueron torturados y que comandantes del batallón local del ejército y la policía federal estaban al tanto de los ataques policiales contra los estudiantes, pero que no hicieron nada.
El grupo de expertos también descartó la teoría de que un incendio tan intenso como el necesario para incinerar los cuerpos se hubiera registrado en el basurero de Cocula.
Por último, hallaron que el investigador en jefe, Tomás Zerón de Lucio, había llevado a uno el 28 de octubre de 2014 a uno de los sospechosos, Agustín García Reyes, al margen del río San Juan –donde presuntamente fueron tirados los restos– sin registrar esa visita en el archivo del caso.
El día siguiente a esa visita fue hallado un hueso en el banco del río, el cual después fue identificado como perteneciente a uno de los estudiantes, lo que desató sospechas entre los familiares de que la evidencia fue plantada.
La visita no registrada de Zerón llevó al a investigación interna del inspector general de la PGR. Aunque las familias dijeron que podrían ver el informe el 18 de agosto, fue retenido en el último minuto y nunca publicado.
El inspector César Alejandro Chávez Flores renunció repentinamente cuatro semanas después. La entonces procuradora Arely Gómez también dimitió en octubre para convertirse en secretaria de la Función Pública.
El primer informe presentaba una imagen de disfunción en la investigación: seis sospechosos fueron levantados en un día y espontáneamente confesaron –usando prácticamente las mismas palabras– que eran miembros de Guerreros Unidos. Sus arrestos, fundamentados en las declaraciones idénticas, fueron arbitrarios e ilegales, indicó el reporte original.
El informe concluyó que la conducta de Zerón, además de las acciones de los procuradores y técnicos forenses en los días antes y después de la visita al río San Juan, violaban el derecho a la justicia de las víctimas. Pidió una investigación más a fondo para determinar si esa mala conducta debía conllevar sanciones penales.
Pero el contenido del reporte final entregado a las familias el 9 de febrero es muy distinto.
Indica que los arrestos de los seis sospechosos fue legal y que la visita de Zerón al río San Juan fue una infracción meramente administrativa. Adriana Campos López, quien remplazó a Chávez Flores como inspector general, dijo a los padres de las víctimas que los investigadores tenían prisa para resolver el caso, y que eso llevó a Zerón al banco del río.
Las familias y allegados de las víctimas rechazaron esas declaraciones.