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Julio Pérez de León

Al analizar la minuta enviada por la Cámara de Diputados en la que se crea la Guardia Nacional, expertos en seguridad exhibieron contradicciones y aseguraron que elevarlas a rango constitucional expondría al Estado mexicano a ser juzgado por tribunales globales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre las contradicciones señaladas refirieron que por un lado, se trata de un órgano de carácter meramente civil, sin embargo, se afirma que tendrá un mando mixto, donde el 66% serán militares, pues, precisaron que a las labores de este cuerpo de seguridad además de los elementos de una policía civil: la Federal, se sumarán dos castrenses: las policías naval y militar.

Así coincidieron Sergio López Ayllón, especialista en derecho constitucional y actual director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

En el marco de las audiencias públicas para discutir la minuta para la creación de la Guardia Nacional, López Ayllón indicó que se debe reconocer desde hace 13 años México atraviesa por un proceso de violencia a gran escala, donde las víctimas se cuentan por miles, con un elevado número en las tasas de homicidios y otros delitos, mismo que no ha podido ser atendido a través de las instituciones existentes.

Dijo que la sola creación de la Guardia Nacional no resolverá esta crisis, pues se necesita también reconstruir a las policías civiles de los tres órdenes de gobierno, así como a las instancias de procuración e impartición de justicia, para que sobre todo se apeguen a procesos que cumplan los derechos humanos, con modelos exitosos de investigación.

Precisó que el 129 constitucional establece que en tiempos de paz, las fuerzas armadas deben permanecer en tareas estrictamente sujetas al orden castrense. En ese sentido, indicó que el artículo 21 de la minuta que se analiza en el Senado, establece por un lado que la Guardia Nacional es una institución de seguridad de carácter civil, pero en otro precepto se afirma que tendrá un mando con representación civil, militar y naval, lo que resulta ambiguo y contradictorio.

De acuerdo a los criterios de la Corte, “el mantenimiento de la seguridad debe estar dirigido a órganos civiles” y su recomendación es que solo en caso excepciones se pueda aplicar el uso de las fuerzas armadas en áreas de seguridad pública: de forma extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada mediante mecanismos legales y fiscalizada por órganos civiles eficaces.

En tanto, Corcuera destacó que “si no se ajusta la Constitución a las obligaciones convencionales, llegará el momento en que la CIDH declare inconvencional las disposiciones contenidas en la Constitución”.

Por ello, llamó a los senadores a comprometerse con la no violación de la convencionalidad internacional, pues también corresponde al Poder Legislativo ser un contraste y controlar lo que se incorpore al orden jurídico nacional.

Enfatizó que muchos de los contenidos de la minuta contravienen el marco constitucional vigente, como un artículo transitorio que no establece cuánto tiempo esta corporación de seguridad de carácter militar se mantendrá en tareas de seguridad pública.

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