Rogelio Hernández López

–¡Otra vez un improvisado!… Parece que comenzamos de cero”– recapituló el reportero al terminar de leer el borrador de la carta que preparaban los más activos del frente muy amplio de organizaciones promotoras de los derechos humanos.

Por eso en la carta les proponemos que promuevan una discusión muy amplia hasta alcanzar, ahora sí, una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El texto se dirigió a la Secretaría de Gobernación, al subsecretario del área y, muy especialmente, al nuevo responsable del Mecanismo Federal de Protección, Aarón Mastache, quien debería saber más de esto.

Para Aarón, el inexperto

La carta tiene fecha del 30 de enero. Los redactores ubicaron bien que el nuevo responsable del mecanismo federal carece de experiencia directa en este asunto muy sensible para la democracia.

Aarón Mastache Mondragón es agrónomo de la escuela de Chapingo con especialidad en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, área donde hizo experiencia en el sector público hasta el año 2000. Es uno de los más cercanos de Alejandro Encinas, al grado de confiarle el mando de su Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales; ha sido su asesor permanente y suplente en la Cámara de Diputados. El mayor desarrollo y experiencia recientes de Mastache ha sido en tareas legislativas, pero no directamente en defensa de los derechos humanos y menos en manejo de instrumentos de protección.

Por ese perfil es que en la carta se refleja la intención de pedirle, nuevo responsable del mecanismo federal, que con honradez intelectual, se abra a la discusión y que conozca los estudios y experiencias que han acumulado en más de diez años tanto individuos como organizaciones.

O sea, la propuesta colectiva de discutir es para tratar de reducir los costos de que él o sus superiores improvisen porque costará que aumenten los agravios y hasta pérdidas de vidas por los vacíos en las tomas de decisión.

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Representación suficiente

Los firmantes pertenecen a tres coordinaciones de organizaciones sociales con alcance en todo el país: El Espacio OSC al que concurre una veintena; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados); y el Frente por la Libertad de Expresión y la protesta Social (FLEPS) donde se coordinan una docena más que no están en los otros frentes.

Además, para esta misiva firmamos algunos periodistas como Camelia Muñoz de Coahuila, Estrella Pedroza de Morelos y este reportero.

Lo que se solicita son cinco puntos, muy fáciles de resolver rápidamente:

–Reconocer y promover públicamente, en todos los niveles de Gobierno, la labor y los derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

–Reforzar la capacidad técnica y operativa del Mecanismo Federal de Protección

–Realizar Foros regionales

–Observar y atender las diferentes iniciativas legislativas que están en el Congreso de la Unión–. Y, la propuesta principal:

–Establecer los lineamientos para la construcción de una política pública integral

Una propuesta reiterada: derechos a los periodistas

De abrirse esos foros, insistiremos en lo que algunos periodistas hemos propugnado desde 1999 para la protección de nuestra actividad profesional: que se reconozcan nuestros derechos profesionales porque la carencia de todos ellos propicia que seamos más vulnerables.

La argumentación más amplia y su contexto jurídico se encuentran en el ensayo que difundieron Freedom House y la Casa de los Derechos de Periodistas en febrero de 2014. Aquí reproduzco una parte, con las disculpas para quienes ya los conocen:

“A pesar del alcance de los instrumentos internacionales que reconocen los derechos modernos para el ejercicio del periodismo, el proceso de su legislación en México podría compararse con un embudo:

No reconoce al ejercicio profesional del periodismo como de interés público.

“Los cambios recientes en la Constitución mexicana no alcanzan para tutelar esta actividad aunque reconocen varias de las garantías de los convenios que se han firmado y que el periodismo debe ser protegido ante amenazas.

“…cuando se revisan las leyes federales reglamentarias se percibe que las reformas recientes sí ampliaron las garantías para toda la ciudadanía en materia de transparencia de la información, en derecho de réplica y otras, pero el ducto jurídico se angosta al enfocar lo que tiene relación directa con el ejercicio del periodismo

“… en contraste se ratificaron o ampliaron restricciones y apenas dibujaron, muy tenuemente, un sistema de protección cautelar ante agravios o amenazas, pero muy poco de lo que debería ser un régimen de protección integral con derechos profesionales y sociales. En el México de 2014 se estableció́ en el Código Penal Federal el Secreto profesional del periodista y se trasladaron al Código Civil Federal los llamados delitos de honor, y ya.

“En cambio persiste la anacrónica Ley sobre Delitos de Imprenta que en lugar de dar garantías a la prensa, las modificaciones más recientes ratificaron todas sus restricciones al ejercicio y otros derechos, como el de autor por ejemplo siguen en la vaguedad.

“…de otras leyes secundarias, desde el año 2006 se desató un ciclo de creación de leyes en las entidades de la Republica que intentan proteger o ayudar al ejercicio del periodismo. Los únicos antecedentes en los estados eran los decretos y hasta una ley (Campeche) de 2002 para la otorgación de premios de periodismo o bien se legislaban leyes de fomento (Guerrero, Baja California y Morelos), pero no había institucionalización de los derechos para la profesión de periodista.

“En el Distrito Federal, hasta 2006 se creó́ la primera ley que reconoce algunos derechos para el ejercicio del periodismo. Le siguió́ Chiapas y desde 2011 se disparó́ la legislación de leyes de derechos en Hidalgo, San Luis Potosí́, Querétaro, Sonora Chihuahua y Colima hasta sumar ocho que establecen de 4 a 9 de los 14 derechos profesionales más aceptados internacionalmente (ver tabla).

“En total, para 2014 suman 14 las entidades que tienen alguna legislación estatal relacionada. Una de premiación, tres de fomento, ocho de derechos y dos un tanto singulares. Pero se aplican poco y eventualmente-

Lo más avanzado en materia legislativa es la Ley (federal) para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero por limitada ya necesita encuadrarse en el enfoque de protección integral, o sea salir de lo policiaco y cautelar.

Los 14 derechos

Hemos insistido, demasiadas veces, en que el artículo sexto de la Constitución establezca que es del interés público, (como la salud, la educación, los partidos políticos y hasta los bomberos) el ejercicio del periodismo profesional y que, por lo tanto debe ser protegido integralmente.

Al respecto, reiteramos, podría hacer como ley secundaria un estatuto del periodista que reconozca e institucionalice estos derechos (ver gráfica).

Ahí tienes, Aarón Mastache. Una introducción de los mucho que se te puede ayudar para que no improvises, aunque para muchos de nosotros sea cómo empezar de nuevo, frente a la tendencia que seguirá con decenas de agresiones contra defensores y periodistas. No queremos que ustedes en el gobierno federal comiencen de nuevo, porque costará más dignidades y vidas de las que ya se han perdido.

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Para ver la propuesta sobre derechos para el periodismo consultar https://freedomhouse.org/sites/default/files/Manual%20de%20derechos%20para%20periodistas%20CDP%20Freedom%20House.pdf

FB: Rogelio Hernández López

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