Nos tuteamos desde 1977 cuando éramos comunistas y algo así como colegas, porque ambos redactábamos en Oposición, el semanario de El Partido. La camaradería con amistad se enfriaron al bifurcarse nuestras actividades: Encinas Rodríguez prosiguió en la política por la izquierda y yo me empeñé en ser periodista, en defender esta profesión y a mis pares. Así que puedo tutearlo públicamente. Alejandro, por aquella amistad que no se ha roto quiero advertirte, por si no lo has mensurado, que deberás enfrentar otro gran problema nacional --aparte de procurar la verdad y justicia de los estudiantes desaparecidos de Atyozinapa-- porque serás el responsable directo del mecanismo federal de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Los agravios y asesinatos aumentan cada año y en tres sexenios nadie ha podido frenarlos. Te pongo al tanto y de paso a quienes lean esta reflexión semanal. Por allá de mayo de 2015, tenía unas semanas de haber sido designado como subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Después de una reunión con el primer Consejo Consultivo, del que yo formaba parte como periodista, le dije tan coloquial como suelo ser: -- “Te sacaste el tigre de la rifa”.-- A lo que él respondió con el rostro adusto de siempre: --“No, yo lo escogí y si podré con él”--. No pudo, como tampoco había podido su antecesora, Lia Limón. El fenómeno siguió en espiral ascendente. En lo que va del 2018 nos han asesinado a otros once colegas, a pesar del mecanismo.
La falla mayor: los presidentes
Por las décadas que llevo investigando las entretelas del ejercicio del periodismo y sus sujetos principales que son los reporteros, puedo asegurar que la subvaloración y desatención del problema que tuvieron los presidentes Fox, Calderón y Peña fomentó otra oquedad del Estado ante la sociedad lo que causó que la mayoría de los operadores de los gobierno no sintió que hubiese una decisión federal enérgica de atajar las agresiones a los informadores; unos y otros no asumieron, en los hechos que los reporteros son los primeros sujetos de la mediación democrática y que deben contar con la protección del Estado. Otra atmósfera se hubiese creado si desde el primer asesinato del año 2000 el Jefe del Ejecutivo Federal en turno lo hubiera condenado y ordenado acciones drásticas para hacer justicia. Fox no lo hizo. Para 2012 varios periodistas insertos en el tema creíamos que el sexenio de Felipe Calderón había sido el más cruento contra la vida de reporteros. (63 victimados) pero en el actual se aproximan a 70 según los datos de registros civiles como Fapermex. Y todavía no acaba este gobierno. Van al menos 10 años que todos los organismos internacionales, los pocos nacionales que actúan en este ámbito y decenas de periodistas que ponemos como prioridad política que el presidente y todos los gobernantes reivindiquen públicamente el ejercicio del periodismo toda vez que sea necesario, que condenen también abiertamente cada agresión y más cuando deriva en crimen. Pero el actual presidente solo una vez habló ampliamente del tema y resolvió medidas de apoyo a la protección de periodistas (mayo de 2017) y eso porque desde Washington le pidieron que recibiera al Comité de Protección a Periodistas de New York. Pero lo que ordenó fue atendido tibiamente.
Gobernadores omisos
Casi sin excepción, la otra falla del Estado la produjeron los gobernadores y procuradores estatales. Ni siquiera tomaron en serio la primera carta de coordinación que les hizo firmar el primer mecanismo, ni avanzaron mucho en la segunda coordinación que aprobaron en la reunión de mayo de 2017 de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), cuando la presidió Miguel Ángel Mancera. Todos, en discursos dicen que respetan, pero esa retórica la desmiente que ni siquiera concluyan las investigaciones. En las entidades se comete la mayoría de agresiones y de asesinatos; allí debería procurarse justicia peor no lo hacen. La fiscalía federal se desentiende, no atrae los casos porque dice, que pertenecen al fuero común y no al federal. Y entonces el índice de impunidad es del 97 por ciento. La CNDH ha emitido cuatro recomendaciones generales para que todas las instancias atiendan el problema, pero no le hacen caso porque le faltan dientes para sancionar.
Lo menos
Lo que algunos esperamos para los meses que vienen es: – Que desde la oficina del Presidente de la República se reconozca la magnitud de este problema, la importancia democrática del periodismo y de los reporteros, que se condene y ordene la investigación y castigo de cada agresión. – Que se perfile un plan de protección integral para reporteros y otros periodistas (reducción de vulnerabilidades) plan que nunca se ha hecho desde el gobierno federal o estatal. – Que el mecanismo federal y la fiscalía especial de la PGR, no solo sean dotados de más recursos financieros (recursos que les redujeron paulatinamente casi en la proporción que aumentaron los agravios) sino que ahora se fortalezcan de verdad con dos nuevas líneas de trabajo: a. Incrementar la relación con organizaciones civiles e individuos del periodismo interesados en tender muros sociales de protección mediante alianzas, coadyuvancias, asesorías y tutorías para impulsar el desarrollo social y profesional (fortalezas). b. Ejercer la influencia del gobierno federal para que los otros entes del Estado (Judicial, Legislativo tanto federales como en los estados) adopten medidas similares en su planes anuales de trabajo y dejen de simular, como han hecho, por ejemplo, las comisiones especiales en los congresos legislativos. Así está el asunto mi estimado Alejandro. Si quieres saber más del tamaño de este otro tigre que te sacaste en la rifa habrá que dar por cierta la encuesta que realizó entre 220 periodistas la investigadora Julieta Alejandra Brambila Ramírez, a solicitud del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE). Sus resultados reflejan el miedo que también aumentó, sobre todo en colegas de los estados: “A lo largo de su carrera, el 82% de periodistas y personas defensoras de derechos humanos ha sido victima de intimidación por hacer su trabajo; el 77% ha sufrido acoso; el 65% sufrió amenazas; el 34% padeció violencia física, y el 29% fue privada ilegalmente de la libertad. “90.4% de los periodistas y 73.5% de las personas defensoras de derechos humanos perciben que se encuentran en mayor riesgo que el resto de la población por ejercer su trabajo”. Y si requieres el mejor diagnóstico realizado hasta el momento, este lo acaban de presentar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Saludos cordiales.