La última semana de mayo continúo expresándose el ambiente nacional de enojo de periodistas. Michoacanos se desplazaron a la Ciudad de México para exigir apoyo por la aparición de Salvador Adame; en decenas de portales comenzó el recuento de los días de impunidad que lleva el crimen de Javier Valdez. En particular llamaron la atención los documentos de colegas de dos estados: uno de Quintana Roo donde señalan a Carlos Joaquín por querer abrogar la mejor ley estatal de protección a periodistas; el otro del Estado de México donde se evidencia el incumplimiento de Eruviel Ávila. Carlos Joaquín fomenta la división. De Quintana Roo, mujeres y hombres de cinco organizaciones enviaron al Congreso de la Unión, al Congreso local y a otras personalidades un documento de 5 cuartillas donde destacan entre otras cosas que el Gobernador inició la abrogación de la “Ley de protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas” porque lo presionaron cuatro periodistas que se aliaron con él para servirle en su campaña electoral, sin importarle tirar a la basura trabajo de seis años de varias decenas de colegas que promovieron esa ley con asesorías especializadas.. Sostienen que única razón de fondo es que cuatro periodistas, sin analizar realmente la ley “la calificaron como “Ley Borge” con una carga de prejuicios y otras emociones... y nos descalifican porque no quisimos convertirnos en activistas de la campaña del actual mandatario pero además ellos saben bien que creamos organizaciones y promovimos leyes para protección de todo el gremio”. Explican que, a la ley que se pretende abrogar es mejor que otras trece ya vigentes, incluso que la similar del Distrito Federal. Únicamente la faltaba que el Congreso del estado introdujera dos cambios que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la mejorarían “Pero la presión pública de cuatro periodistas y su advertencia de que recibirían el apoyo de Artículo 19 para denunciar internacionalmente, al parecer amedrentó al gobernador y echó reversa a pesar de que funcionarios de su gobierno habían iniciado trabajos con expertos y periodistas de Chetumal para identificar los cambios necesarios para mejorarla y preparar la iniciativa de reforma (adecuación); incluso habían ya estaba abierto el proceso para formar el Consejo Consultivo del mecanismo de protección a periodistas. Explican que el 5 de enero los firmantes del documento le presentaron a operadores políticos de Carlos Joaquín Gonzalez dos recomendaciones para integrar la iniciativa de reformas señaladas por la SCJN. Los promotores fueron: Javier Chávez Ataxca Presidente de Periodistas del caribe AC, Antonio Cabello Nieto, Presidente por un Periodismo Libre Mirada Interactiva AC, Zuleika Cáceres C Cantón, Presidenta de Mujeres Periodistas de Quintana Roo AC, Esteban Guarneros Aragón Presidente del Colegio de Profesionistas en comunicación del Estado de Quintana Roo AC, Graciela Machuca Martínez, Enlace de la Casa de los Derechos de Periodistas AC. Informan también que quien la recibió oficialmente fue Miguel Ramón Martin Azueta, titular de la Oficina del Gobernador en la Oficialía de partes del Gobierno de Quintana Roo. Pero Carlos Joaquín se echó para atrás. En el documento de queja de las y los periodistas, emitido a fines de mayo, se incluye una larga cronología de los trabajos que algunos de ellos iniciaron desde 2011, trabajos que dieron como resultado que en Quintana Roo se hiciera un marco jurídico para beneficio de los periodistas que ninguna otra entidad tiene: Por ejemplo. Reformas al Código Penal del estado para sancionar a quienes agredan al ejercicio del periodismo y que dan derecho a fiscalías especializadas, la ley de protección integral que incluye nueve derechos de periodistas (más que ninguna ley estatal; un mecanismo de protección y políticas de fomento para capacitación profesional continua; una tercera ley es del premio estatal que fomenta las buenas practicas. Pero quieren abrogar la ley principal, justo cuando los gobernadores comienzan a moverse para tener mecanismos de protección, fiscalías e incorporar a esos trabajos a los periodistas y no dividirlos y alejar a la mayoría de ellos como está haciendo el de Quintana Roo. Eso no es hacer política para la mayoría sino para conveniencia para sí mismo, comenta este reportero. Cualquier diccionario califica eso como politiquería. El incumplimiento de Eruviel En el Estado de México, más de 50 periodistas participaron en la redacción de un documento que demanda una ley y un sistema de protección al periodismo y que entregaron a cada uno de los candidatos a gobernador. Todos lo recibieron y, como andaban en campaña electoral, ofrecieron que atenderían la demanda y la suscribirían. El texto no refiere que en el Congreso del Estado hay tres iniciativas de ley de protección y que la más reciente, fue de Eruviel Ávila. Esa, por llegar al Congreso desde la oficina del gobernador parecía de segura aprobación, porque además así lo prometió públicamente varias veces, pero quedó en eso, en promesa en tiempos preelectorales. Promesa a sabiendas que no se cumplirá también es contrapolítica. La propuesta de las y los colegas del Estado de México tiene diez puntos muy precisos, porque sus redactores conocen bien los procedimientos de gobierno y legislativos. Lo siguiente es sinopsis de cada propuesta:
- Reiniciar la discusión en el último trimestre de 2017 de una Ley de Protección.
- En la metodología de discusión deben incluirse como agenda mínima la formulación y fomento de los derechos del periodista, así como los protocolos y mecanismos para su protección.
- ... generar una política pública transversal en materia de libertad de expresión. (con) protocolos y mecanismos (creados incluso antes de la ley) y que sean difundidos entre periodistas.
- Capacitar a libertad de expresión a servidores de “las dependencias y áreas gubernamentales enfocadas a la seguridad pública, procuración y administración de justicia...y se incluya como capacitadores a organismos no gubernamentales, propuestos por los periodistas.
5 …que la Contraloría del Estado de México vigile se cumpla esta capacitación
- Que adopte una política más activa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y disminuya su “negligencia de para atender la violencia y vulnerabilidad contra periodistas y ciudadanos...
- Que haya gobierno abierto y de total acceso a la información pública...
- Construir puentes de comunicación con instituciones de educación superior para la generación de propuestas y proyectos académicos
- El ejecutivo estatal debe contar con un órgano de permanente monitoreo, consulta, análisis y evaluación de las actividades en materia de libertad de expresión, que incluya la participación de los periodistas.
- Gestionar ante la Procuraduría General de la República (PGR) que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, instale tres delegaciones en el estado de México -en la zona norponiente y oriente del Valle de México, así como en el Valle de Toluca-,
Alienta la iniciativa y conocimiento del tema que mostraron las y los colegas como los que se activaron en estas dos entidades. Seguramente lo harán otros, donde los gobernadores también incumplieron el convenio con el Mecanismo federal de Protección que firmaron en 2012 y 2013 o que incluso tienen leyes que no han reglamentado, como Hidalgo, San Luis Potosí, Colima y otros.