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Uso excesivo y letal de la fuerza, graves violaciones a derechos humanos que provocaron la muerte de siete personas y más de 500 lesionados, entre policías y pobladores, fue la consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo que policías federales y estatales realizaron el 19 de junio de 2016 en Oaxaca.
En principio, las corporaciones pretendían liberar bloqueos carreteros, pero el operativo derivó en el choque entre uniformados y civiles en tres localidades del estado, donde ancianos, mujeres y niños ajenos a los hechos resultaron afectados.
Así lo reveló el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien, acompañado por Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó la recomendación 7VG/2017 derivada de los hechos violentos en Nochixtlán, Huitzo y hacienda Blanca y Viguera, en Oaxaca.
En dicho operativo, los propios policías participantes fueron victimarios y víctimas por la omisión, la falta de estrategia y análisis de inteligencia por parte de sus mandos, en una acción donde no se observó la aplicación de los protocolos que una operación de esa índole exige.
El dato. Al menos cuatro de las siete personas que murieron en el operativo de Nochixtlán, Oaxaca, tenían balas provenientes de policías.
Aunado a una “mala coordinación entre las corporaciones policiales participantes y una inexistente cadena de mando clara de responsabilidades y de toma de decisiones”, la indagatoria de la CNDH concluyó que alrededor del 11.75% de los policías estatales que participaron en la operación no estaban en condiciones de asistir debido a la falta de adiestramiento.
Los elementos, de acuerdo con el reporte, llevaban más de 24 horas laborando, no contaban con el equipo necesarios e incluso algunos eran parte del personal administrativo resultando lesionados casi el 15% de su personal.
Tras una indagatoria de al menos 15 meses, donde la Procuraduría General de la República ni la Fiscalía General de Oaxaca han logrado algún avance, CNDH documentó que del operativo “que bien podría considerarse como ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales”, a decir de su titular, derivaron en “violaciones graves” por parte de elementos de la Policía Federal, de su división de Gendarmería, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal y Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca, al vulnerar derechos a la libertad, la integridad y seguridad personal, al principio del interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia, a la verdad, y de la vida misma.
Las dificultades para contar con los sustentos de la recomendación, reconoció el ombudsman nacional, se vieron marcadas por la falta de cooperación de las autoridades involucradas en dichas violaciones, así como de las instituciones encargadas de la investigación y persecución de los delitos cometidos ese domingo 19 de junio, encima de las complicaciones para entablar contacto con las poblaciones afectadas debido a la inadecuada preservación y resguardo de los lugares en que ocurrieron los hechos, y de las diversas evidencias.
Aunque en consecuencia de los hechos en Nochixtlán, así como otros casos donde se presumen violaciones y delitos por parte de policías federales como el caso de Tanhuato, donde 42 civiles y un policía habrían muerto tras un supuesto enfrentamiento el 22 de mayo de 2015, han sido cesados mandos como el general Salvador Camacho Aguirre quien en noviembre del año pasado fue retirado como jefe de la División de Fuerzas Federales, de igual forma la policía de Oaxaca separó al comandante, José Luis Lazo Sánchez, quien presuntamente habría disparó en los hechos de Nochixtlán. Y en agosto de 2016, Enrique Galindo Ceballos fue destituido como comisionado general de la Policía Federal, quedando a cargo Manelich Castilla Craviotto quien en los hechos de Oaxaca dirigía a la Gendarmería. No obstante, a la fecha no se ha iniciado proceso penal en contra de algún mando o uniformados de las corporaciones.
En total la recomendación emitida por la comisión consideró 26 puntos recomendatorios, dirigidos al Gobierno de Oaxaca, la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Oaxaca a fin de que se investiguen las actuaciones correspondientes y en su caso se apliquen las sanciones encaminadas a la reparación de los daños y afectaciones causados a las víctimas para evitar que este tipo de hechos se repitan. (Foto Cuartoscuro)