Imaginen el escenario. El ambiente solemne. Se respira tensión. El recinto se encuentra vigilado por los militares más fieles y más fuertemente armados; se trata del personal castrense mejor capacitado en toda la nación y que ha pasado todas las pruebas de confianza con sobresaliente. La zona más importante del edificio es una especie de auditorio. En el fondo, hay nueve estrados. En cada tribuna, irá un juez. Nadie sabe quiénes son. Ni entre ellos se conocen. Han sido elegidos por un proceso de selección novedoso, ilustre, nunca antes realizado: se solicitó a unas tres firmas nacionales de consultoría y tres similares extranjeras, que revisaran computacionalmente, quiénes de todos los jueces del país habían desempeñado un mejor papel considerando tres variables: efectividad en la condena, rapidez en la resolución y transparencia en el proceso. Entre las seis consultorías llegaron a una docena de hombres. Luego, se eliminó de la lista a cualquiera que se conociera entre sí, a cualquiera que se pudiera reconocer de quizás un trabajo anterior, o por ser vecinos, o haber estudiado en la misma primaria. Y de forma aleatoria, se eliminó a los últimos y, como les dije, quedaron al final nueve. Únicamente nueve. Los elegidos nueve. Las reglas eran claras. Se transformarían en el tribunal de justicia política. Y no se conocerá nunca su identidad, para que no sufran represalias ni sean sujetos de corrupción ni extorsiones. Cuando dictaminen sobre la inocencia o culpabilidad de algún imputado, lo harán con un pasamontañas y solamente hablará uno de los colegiados, cuya voz será distorsionada electrónicamente. Lo realmente importante es que serán soportados y apoyados, primeramente, por el pueblo de México, segundamente por el Poder Judicial y, al final, por las demás autoridades. Y es que llegará el punto en que entenderán que no hay paso atrás. Que la liga la estiraron demasiado, con socavones que asfixian gente, trenes de alta velocidad que se caen y matan por miles, autopistas mortales, satélites que nunca llegan al espacio, líneas del Metro que no sirven, aeropuertos defectuosos, funcionarios que quiebran empresas públicas, pero que son multibillonarios después, empleados de gobierno que gozan de lujos y helicópteros y aviones destinados a la función pública y no al gozo personal, autopistas hechas con corrupción, campañas pagadas por “moches” e intercambios y un largo etcétera que ofende al pueblo y lo estaban llevando la borde de la revolución armada… Porque ningún partido se salvaba. Pero no fue hasta que los poderes se pusieron de acuerdo, que se terminó la impunidad. Así recién condenaron al ultrapopular expresidente de izquierda Lula da Silva a nueve años de prisión por corrupción (ese que todos comparan con AMLO), el expresidente Alejandro Toledo del Perú, el expresidente Panameño Martinelli, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Abdalá Bucaram del Ecuador, Fujimori, Fernando Lugo, y ahora Otto Pérez de Guatemala, quien se vio privado de su inmunidad por el Parlamento en septiembre de 2015 y que en lugar de arriesgarse a ser destituido, prefirió renunciar al cargo y se puso en prisión preventiva. Casos de corrupción e impunidad, miles. Podríamos llenar hojas y hojas. Pero respuestas, consecuencias, en México, prácticamente, ninguna. Hasta que de pronto la sociedad se canse y fortalezca al Poder Judicial para que este poder, no dependa ni esté atado por el Ejecutivo ni el Legislativo; un poder que lleva abandonado por años. La pregunta es ¿cuándo?
La vuelta de tuerca de la justicia nacional
