El frío, el hambre y la falta de atención médica mató hace unos días a dos niñas y un recién nacido, junto a ellos cuatro adultos tzotziles, por las mismas condiciones. Esto ocurrió en Chiapas, en el contexto del conflicto entre comunidades de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán. Suman desde octubre a la fecha ocho personas muertas.
Los días por venir serán cruciales y la situación puede agravarse, luego de que el Tribunal Unitario Agrario reveló su fallo sobre el conflicto limítrofe en favor de Chenalhó, lo que motivó hace 45 años todo el problema entre ambas comunidades y que desplazó a más de cinco mil personas ante el riesgo inminente de muerte.
Después de que se hiciera visible el desplazamiento de mujeres, menores y adultos mayores, se abrieron albergues, la Cruz Roja y el gobierno del estado comenzaron a repartir despensas, ropa y dar atención médica. Llegó también el Ejército para establecer un cerco de seguridad. El único problema es que es insuficiente y el riesgo de que el conflicto escale es altísimo, y se pueda convertir en una tragedia mayor.
La información de inteligencia que existe, muestra que no se ha prestado suficiente atención a este tema por parte de los gobiernos estatal y federal. Tampoco se adoptaron medidas necesarias para contener y desactivar el peligro inminente y abrir espacios de solución. Sólo se ha paliado, mínimamente, la urgencia humaniaria.
Hasta ahora han podido más los intereses de caciques, y revelan algo muy preocupante: la presencia de grupos paramilitares operando, financiados por estos amos regionales, dispuestos a lo que sea para que sus jefes se apoderen de tierras productivas. La situación se convierte en dinamita que sólo la voluntad política puede comenzar a resolver o, al menos, distensionar.
Catequistas de la zona y sacerdotes aseguran que los caciques y paramilitares gozan de protección por su vínculo con el PRI.
El despliegue de seguridad tampoco está funcionando y no garantiza, de acuerdo con la información disponible, que se contenga el conflicto o proteja a familias indefensas. Ni siquiera ha facilitado la movilidad segura en la zona. Por ejemplo, Marcelino Gómez, indígena tzotzil, murió porque padecía diabetes y necesitaba atención urgente; no pudo recibirla porque el centro de salud de Chalchihuitán estaba cerrado, y no pudieron llevarlo a otro municipio por el bloqueo que mantienen, desde el 14 de noviembre en Las Limas, pobladores de Chenalhó.
En 1973 la Secretaría de la Reforma Agraria colocó, como punto divisorio entre Chalchihuitán y Chenalhó, un río. Ocho años más tarde, los habitantes del primer municipio construyeron unas bardas de concreto con alambrado, dentro del territorio de Chenalhó, lo que no sólo fue una invasión, sino que les impidió el acceso al río. Los afectados derribaron como pudieron la pared y comenzó una confrontación sangrienta, cuyos muertos y desaparecidos no han sido contados por autoridad alguna. En total son 360 hectáreas en disputa.
Han sido los caciques de Chenalhó los que pretenden apoderarse de terrenos muy productivos, y como estrategia han utilizado la violencia. Una tarjeta informativa describe que son, esos mismos caciques, quienes crearon grupos paramilitares para amenazar a pobladores con armas y golpes.
En los últimos tres meses, el conflicto creció: cinco mil personas, particularmente mujeres, menores y adultos mayores, huyeron de la zona por el aumento de personas armadas y presión directa a pobladores.
Los medios de comunicación aseguran que hace un mes hay “familias enteras viviendo en cuevas o debajo de los árboles donde sufren frío y hambre”. Desde que comenzó el supuesto diálogo entre autoridades municipales, fungiendo como mediador el gobierno estatal, se desataron bloqueos de pobladores de Chenalhó.
En realidad, detalla la información de inteligencia, no hay diálogo. Y los alcaldes Rosa Pérez Pérez, de Chenalhó, y Martín Gómez Pérez, de Chalchihuitán, son parte del agravamiento del conflicto que aparentemente quiere llevarlo hasta que existan mártires, como forma de presión.
Hay que recordar que los crímenes masivos en Chiapas son posibles. La matanza de Acteal ocurrió el 22 de diciembre de 1997, hace exactamente 20 años, por la negligencia política del gobierno estatal y del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. Es tiempo que el gobierno federal actúe, porque el estado se ha visto rebasado.