En unos días, el 12 de junio, se cumplen 15 años desde que por primera vez los ciudadanos, organizaciones y periodistas solicitaron información a los entes públicos de los tres niveles de gobierno, a través de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ya con antelación se había preparado las preguntas que se harían entonces a más de una veintena de instituciones públicas federales, al menos ese primer día. Desde las ocho de la mañana, que funcionó la página, se comenzó la captura de solicitudes, proceso que duraría más de cinco horas. Pasaron las semanas, se cumplieron los plazos legales y al llegar las primeras respuestas era notorio cómo algunas dependencias se resistían a hacer pública su información, otras actuaban con cierta precaución por desconocimiento, y en otros casos, los menos, pronto se dio la información. En general, desde el principio se convirtió en una suerte de prueba de resistencia para los usuarios, no sólo por la paciencia de esperar la respuesta llevando hasta el último de los recursos las solicitudes, sino porque los términos leguleyos que se debían conocer y porque habían que plantearse estrategias para impedir que se frenara el acceso por imprecisiones.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fue y es el ejemplo de una dependencia que no se ha podido colocar como un verdadero órgano de Estado, y con ello comprender que su información es vital para comprender a este país. Y que es indispensable, como ocurre en Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania, por ejemplo, se puede acceder a información verdaderamente importante en plazos legales adecuados.
Al tratarse de una oficina dedicada a tareas estratégicas es lógico que los documentos que producen sean clasificados con varios niveles de restricción, pero esto ha servido de pretexto, en estos 15 años, para evadir su responsabilidad de transparencia.
Si el usuario se guiara por sus respuestas de no contar con la información o sus pobres insumos que hace públicos, parecería que es una oficina burocrática y limitativa que no posee información valiosa, y se la pasa pegando recortes de periódicos o haciendo encuestas. Es imposible saber qué sí tiene de información.
El 12 de junio de 2003, se le pidió al Cisen “todos los documentos y estudios elaborados por la institución, incluyendo fichas, acuerdos, ordenes de investigación, reportes y demás documentos, que existan en el archivo de la institución sobre el seguimiento previo a diciembre de 1993 y durante 1994 y 1995 vinculado al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”. Es decir, se pedía información de entre ocho y 10 años atrás.
A las semanas siguientes, después de agotar el tiempo legal, el Centro respondió que “la búsqueda que se efectuó en el acervo institucional arroja que la información de su interés está clasificada íntegramente como reservada durante 12 años, toda vez que su revelación tendría las siguientes repercusiones negativas: a) comprometer la seguridad nacional y la defensa nacional del Estado mexicano, toda vez que dicho grupo continúa activo, y b) anularía o al menos disminuiría la eficiencia del sistema de investigación e información operado”.
Los consejeros del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Juan Pablo Guerrero Amparán, José Octavio López Presa, Horacio Aguilar Álvarez de Alba y Alonso Gómez Robledo Verduzco, ratificaron la decisión del Cisen.
Pasados los 12 años, al recibir la información se esperaría que fuera trascendental. Pero lo que se entregó fueron seis archivos que en total suman 144 páginas, de las cuales por lo menos 40 ya eran públicas desde marzo de 1994. El resto, se trata de información de seguimiento a las negociaciones entre el EZLN y el gobierno (información pública), seguimiento a ong’s, actividades ilícitas del grupo subversivo y algunas hipótesis de la conformación del grupo.
Es decir, 22 años después se puede revisar información que injustificadamente estuvo reservada tanto tiempo y se puede tener la certeza que no entregó todo lo que produjo el Centro, pues se dio seguimiento a los radios de los zapatistas, se les infiltró y hasta se logró establecer un vínculo de las redes de apoyo político que tenían. Nada de eso aparece en lo documentos y es posible que haya desaparecido. Ese es el riesgo ahora, que las solicitudes de transparencia avalen la información que quiera dar el Estado, que avalen sin querer la simulación, y no exista opción alguna para garantizar una verdadera transparencia.