Desde las oficinas de la Defensa y de Seguridad Interior de Estados Unidos se ha planteado tener una injerencia directa en México para garantizar la seguridad de Estados Unidos, y para ello se ha puesto como una de las principales opciones implantar el Plan Colombia en México. De esa forma ya no tendrían “permisos” oscuros para participar en operaciones o portar armas sus agentes, sino un marco legal para actuar.
Es posible implementar un Plan Colombia en México, sí. No sólo legal sino estructuralmente. Las preguntas a resolver son: cuál es nuestro proyecto y visión real a corto y largo plazo en materia de seguridad y si estamos preparados para negociar un acuerdo como los colombianos, pagando los costos que pagaron y recibiendo los beneficios que tuvieron. ¿Qué fue el Plan Colombia? Estados Unidos invirtió, en 15 años, nueve mil 600 millones de dólares; el gobierno colombiano 131 mil millones de dólares. Estas cifras no incluyen el personal que desplazó el país del norte a territorio sudamericano para entrenamiento y operaciones. Desde su puesta en marcha formal en el año 2000, después de firmar un convenio bilateral, se trazaron de mutuo acuerdo los objetivos y la ruta que seguiría, serían tres fases en 15 años y buscaría reducir las hectáreas de cultivos de coca, neutralizar a los grupos guerrilleros, fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública, renovar el sistema de justicia y atender temas sociales.
La primera etapa se concentró en fortalecer las capacidades de la fuerza pública, los mecanismos para enjuiciar a presuntos delincuentes, implementar el sistema penal oral acusatorio, y la erradicación de cultivos ilícitos. En paralelo, se destinaron recursos para apoyar el desarrollo económico alternativo de las regiones con presencia de narcotráfico y guerrilla.
Un segundo momento comenzó en 2007 y los recursos se dirigieron a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el fortalecimiento de la justicia y la promoción de los derechos humanos. Al mismo tiempo, se comenzó a atender a la población desplazada, y a buscar la apertura de los mercados.
A la última fase se le denominó Desarrollo estratégico para Colombia. En ella se continuó en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero también se destinaron recursos para programas de gobernabilidad, temas económicos y sociales.
Los informes oficiales elaborados por Estados Unidos y de Colombia, establecen que 72% de los recursos del Plan Colombia se destinaron a apoyo militar y policial, y la lucha contra el narcotráfico. Y sólo el 28% restante que llegó a temas sociales, económicos y de justicia.
Algunos resultados: en 15 años Colombia pasó 23 mil soldados a más de 88 mil, con mejor equipo, entrenamiento y especialización, certificados por Estados Unidos y crecimiento sustancial de equipo donado por el Departamento de Defensa estadunidense. Disminuyeron las incursiones armadas de los cárteles y de los grupos guerrilleros; se minó la capacidad operativa de los grupos subversivos hasta en una cuarta parte. También se desmovilizaron alrededor de 57 mil combatientes de esos grupos y de paramilitares. Bajaron los secuestros y homicidios.
El Plan Colombia continúa en operación, sólo que ahora se llamará distinto y se condicionaron los recursos, 450 millones de dólares, a la firma de paz con las FARC. Se centrará en temas de seguridad y antinarcóticos, la recuperación por parte del Estado de zonas de conflicto y justicia para las víctimas. Los resultados negativos: se dio un mayor desplazamiento forzado de personas que se calcula en 3.3 millones de colombianos; la disminución de cultivas no alcanzó 50% como se pretendía y además se diseminaron por el territorio, se fragmentaron los cárteles de la droga y se dañó la ecología en zonas de cultivo al fumigar los sembradíos de coca.
Lo más grave, es que Estados Unidos construyó y usó, con efectivos colombianos, bases militares. Los acuerdos permitieron que 800 militares y 600 contratistas estadunidenses tuvieran presencia en el país con garantías de inmunidad. Cometieron abusos y hasta se les acusó de la violación de 54 niñas menores de edad.
En la ofensiva conjunta militar contra la guerrilla se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, la forma más visible, fueron las ejecuciones extrajudiciales de alrededor de tres mil civiles, presentados como “bajas” a la guerrilla, y que se conocieron como “falsos positivos”.
@Gosimai
Son más de dos décadas de explorar en el periodismo desde un enfoque de seguridad nacional.