Segunda parte y última
Frente a las intenciones de Estados Unidos de condicionar la relación con México, en materia de seguridad, al establecimiento de algo similar a un Plan Colombia, la semana pasada escribí en este espacio cuál fue el marco legal, articulación y resultados de esta operación que se implementó desde el año 2000 en el país sudamericano.
Es posible legalmente implementarlo en territorio mexicano, sí. Existen las condiciones sociales y militar-policiacas para hacerlo, no lo parece en este momento y menos con una figura de presión y que genera desconfianza como la de Donald Trump.
La resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas a/RES/55/25, del 15 de noviembre de 2000, adoptó la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y posteriormente sus tres protocolos: contra el tráfico ilícito de migrantes; para prevenir y reprimir la trata de personas, y contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, piezas y componentes. Este acuerdo fue firmado por México el 13 de diciembre de 2002, y entró en vigor en el 29 de septiembre de 2003.
Esta convención se conformó para promover la cooperación entre los países, para prevenir, investigar y enjuiciar a miembros de la delincuencia organizada en todos los tipos de ilícitos, incluyendo corrupción de funcionarios públicos nacionales o extranjeros, y por obstrucción de la justicia; también prevé decomisos de bienes compartidos y la protección de testigos y víctimas.
Incluye como recursos las asesorías, capacitación, asistencia técnica, intercambio de información, participación en juicios y en investigaciones, en las cuales pueden utilizarse técnicas especiales, como las entradas vigiladas de productos ilegales, “vigilancia electrónica o de otra índole y operaciones encubiertas”, entre otras herramientas.
El documento establece que, respetando el principio de igualdad soberana, “los estados parte pueden realizar acuerdos bilaterales o multilaterales para que se establezcan órganos mixtos de investigación”. Pueden ser por cada caso o de forma permanente.
En resumen, es posible bajo esta Convención que se lleven a cabo operaciones en territorio mexicano por parte de agentes de la oficina antinarcóticos DEA o del Buró Federal Investigaciones (FBI), o de cualquier otra agencia o corporación policiaca de Estados Unidos.
Ahora, ¿existen las condiciones para ello? México no es Colombia. Territorial y socialmente México es mucho más grande y más complejo que Colombia. Nuestro país tiene más del doble de habitantes, y casi el doble de pobres. El gobierno mexicano dispone de un presupuesto más de tres veces superior a lo que tienen los colombianos.
En Colombia, la división de seguridad pública forma parte de las Fuerzas Armadas y opera bajo una sola secretaría en todo el territorio, pero con infraestructura y capacidad prácticamente en todo el país. En México existen 32 policías estatales y dos mil 456 policías municipales (o lo que queda de ellas), además de la Policía Federal, que funcionan de manera descoordinada y sin infraestructura suficiente. Aunado a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que tienen formación antiestadunidense.
El tipo de violencia que experimentan los dos países históricamente distinta. Colombia sostuvo por 50 años una guerra interna con los grupos guerrilleros y paramilitares que llegaron a controlar gran parte del territorio; sumada al desafío al Estado de un cártel de la droga, que una vez eliminado dio paso a una violencia menos escandalosa y confrontativa. En México, los grupos subversivos no son verdadero un factor de riesgo, el problema radica en los delitos del fuero común, la violencia criminal que tiene entrenamiento y capacidad de fuego, y la impunidad.
Estados Unidos ha tratado desde hace más de 10 años implementar el Plan Colombia en México, pero lo ha impedido el enorme rechazo social a operaciones de efectivos estadunidenses en el territorio como ocurrió en el país sudamericano, y la falta de estrategia integral, como sí ocurrió con las autoridades colombianas que pusieron énfasis en el tamaño y capacidad operativa del Ejército y la policía, así como el diseño de un plan estratégico.
En el caso mexicano, no se ha contado con el respaldo político y económico suficiente contra la violencia, tampoco las reformas legales suficientes y determinantes. Más bien persiste un diseño casi improvisado de estrategia de combate a la violencia y sin inteligencia operacional.
Las presiones de Estados Unidos no han comenzado en este tema, pero llegarán pronto. Habrá que ver si el gobierno tiene definida la ruta y la estrategia para manejarlo, teniendo claro que México no es Colombia.
@Gosimai
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