Jesús Vicente Zambada Niebla, llamado “El Vicentillo”, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010 y tres años más tarde, en abril de 2013, tras unas largas negociaciones con el Departamento de Justicia y en las que intervino la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA , por sus siglas en inglés) se declaró culpable. Ahora tiene casi 44 años de edad, es uno de los hijos del líder del Cártel del Pacífico, Ismael Zambada García, El Mayo, y desde que llegó a territorio estadounidense nunca ha pisado una cárcel federal —al menos no aparece un registro de ello— sino que ha permanecido bajo la protección de las autoridades en casas de seguridad. Después de su aparición en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien ayudó a hundirlo y que además puso en la mira a dos generales del Ejército mexicano, Antimo y Roberto Miranda, por posibles sobornos pagados por el cártel a cambio de protección; los abogados de Zambada Niebla podrán argumentar que han brindado una “cooperación plena y veraz”, por lo que podrá recibir una sentencia mucho menor a 10 años de prisión y ser libre a los 50 años de edad, y sólo permitir el decomiso de mil 370 millones de dólares de sus bienes. Entre las posibilidades que tiene, ante el éxito del juicio contra Guzmán Loera, podría hasta negociar su estancia en una casa de seguridad, ante la posibilidad de ser asesinado por su testimonio. En México no existe acusación en su contra. Pero no es el primer caso ni el último de un capo ubicado en la primera línea de un cártel que recibe beneficios en Estados Unidos, que aporta información valiosa y que a cambio de una corta estancia en prisión de alta o mediana seguridad y el pago de unos millones de dólares, así lava sus culpas, quedan libres y con una buena parte de sus riquezas intactas. Alguien que se negó a colaborar con las agencias estadounidenses es Juan García Ábrego, identificado como líder del Cártel del Golfo, quien fue deportado a Estados Unidos, donde no se declaró culpable, fue condenado a 11 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional, al pago de 128 millones de dólares de multa y el decomiso de cuentas bancarias por 350 millones de dólares. Desde 1995 se encuentra en la prisión de súper máxima seguridad: USP Florence ADMAX. En otros casos en los que ha habido cooperación con información, pero no se convierten en testigos, reciben un trato más amable en cuanto a la cantidad de años en la cárcel y donde cumplirán esa sentencia. Por ejemplo, los hermanos Arellano Félix: Benjamín fue condenado al pago de 100 millones de dólares y a 25 años a ser cumplidos en una parte en la prisión de alta seguridad de USP Canaan, en Pensilvania; y Eduardo podrá salir en 2021 de la prisión de FCI Allenwood, también en el mismo estado, pero que es de mediana seguridad. Pero hay otros casos que por el nivel de información que poseen, a pesar de todos los crímenes que las autoridades mexicanas y de Estados Unidos les atribuyen, no han pisado alguna cárcel en el país del norte. Algunos ejemplos: Osiel Cárdenas Guillén, Juan Enrique Rejón Aguilar o Dámaso López. Todos dieron información importante que México desconoce en su totalidad. Y hay otros casos en los que las agencias estadounidenses liberan a los presos, tras cumplir su condena o favorecerlos con menos años de encierro, pero no informan a sus similares en México. Algunos casos, Juan José Quintero Payán, vinculado por el Cártel de Juárez, quien dejó la prisión en abril del año pasado; así como Jesús Enrique Rejón Aguilar, identificado como miembro de La Línea. Podrían estar actualmente bajo protección en territorio estadounidense o en México con un bajo perfil. En los últimos ocho años han sido extraditados a Estados Unidos más de 300 acusados, la mayoría de delitos graves, al menos 10% de ellos se han convertido en testigos colaboradores o protegidos. En ninguno de esos casos la información obtenida por las agencias estadounidenses fue compartida íntegramente con sus similares en México, y tampoco fue solicitada ni ampliada por los investigadores mexicanos. Guzmán Loera no tenían mucho espacio de maniobra para negociar con los fiscales y convertirse en testigo. Era un trofeo por exhibir, y era tal la cantidad de testimonios y de intercepciones telefónicas que existían en su contra, que la sentencia era casi inevitable. Ahora sólo le queda negociar una prisión cómoda y la protección a su familia, al menos a una parte de los 10 hijos conocidos. Habrá que esperar para saber si el juicio provocará una confrontación al interior del Cártel del Pacífico por lo que pueda ser considerada una traición de los Zambada.
Conviene ser narco en EU