El gobierno de Estados Unidos sembró ya su agenda y será inamovible. La garantía de la seguridad fronteriza es el principio de cualquier otra negociación, en cualquier otro rubro, que pretenda darse entre México y el país del norte.
No habrá necesidad de reconocerlo públicamente, para que la imagen del gobierno mexicano no se vea tan lastimada, pero la meta de John Kelly, el jefe de la Oficina de Seguridad Interior y de quien dependerá toda la estrategia, es no sólo conseguir que se implemente un Plan México, sino que funcionarios de agencias estadunidenses participen directamente en operativos y manejen equipo de última generación para el control migratorio en puntos de ingreso legales, y monitoreo de la frontera sur, para lo que ya se avanza en un acuerdo con Guatemala.
Las principales muestras de cómo Estados Unidos lleva su propio ritmo y está generando las condiciones de presión necesarias para que ceda el gobierno mexicano son tres acciones sustanciales recientes:
1-Desde hace dos semanas por lo menos, comenzó a registrarse la inusual llegada de funcionarios de agencias estadunidenses como la DEA, el FBI y hasta Migración. Los reportes nos hablan de más de una veintena de elementos en la Ciudad de México y que comenzarían a desarrollar trabajos de “investigación” y “exploración” sobre narcotráfico, la presencia de grupos radicales y operaciones de lavado de dinero, entre otros rubros.
2-También desde hace dos semanas, pero en Estados Unidos, comenzaron a verificar bienes y operaciones de blancos políticamente expuestos, o lo que es lo mismo, funcionarios del gobierno mexicano sospechosos. Las investigaciones incluyen revisiones financieras, viajes, compra y venta de inmuebles y relaciones políticas, económicas y, en su caso, criminales.
3-La emisión este martes de los lineamientos migratorios que deberán seguir las agencias de seguridad estadunidenses, que complementan las órdenes ejecutivas emitidas hace dos semanas en temas se seguridad fronteriza, y que ahora facilita las deportaciones de personas que no puedan acreditar su estancia legal y sin necesidad de presentarse a una audiencia.
Incluso si aceptara el Estado mexicano las exigencias estadunidenses, no significa que cambiará los lineamientos migratorios o las presiones sobre el TLC, porque no le conviene.
Por ejemplo, con las deportaciones rápidas no sólo se ahorra el dinero en los centros migratorios de detención provisional, también el costo de los juicios, y hasta lo que gastaban en los traslados a sus países de origen, porque ahora pretenden depositarlos en la frontera por la que ingresaron, y como opciones sólo existe Canadá y México.
Aunque las autoridades estadunidenses generalmente llegan a deportar a personas de Centroamérica o el Caribe en territorio mexicano, sin avisarle a las autoridades de nuestro país; la diferencia es que ahora podrán hacerlo sin restricciones, a menos de que se instale un sistema serio y muy acucioso de control migratorio por parte de México, porque el que existe ahora es demasiado laxo, por ser poco tecnificado, con limitado personal y sin una visión estratégica de control fronterizo. Si no se general controles muy rigurosos por parte de Aduanas, Ejército, Policía Federal y Migración, ahora las agencias estadunidenses pondrán en nuestro territorio a africanos, asiáticos y latinoamericanos sin ningún control, y los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Baja California podrían colapsar. Si consideramos que en 2016, el Instituto Nacional de Migración ubicó en nuestro territorio y expulsó, procedentes de África o Asia a 21 mil 439 personas, y de Latinoamérica a 164 mil 523. Los que sí lograron cruzar el territorio a Estados Unidos o lo siguen aquí, intentando, pueden ser una cantidad similar.
El gobierno mexicano no se ha preparado para negociar, no tiene una estrategia clara ni ha encontrado sus fortalezas para tener un encuentro entre iguales. Y el tiempo se agota para esta administración, en mayo apenas comenzarán las mesas de diálogo y negociación para el TLC, en junio son las elecciones en el Estado de México y si no gana el PRI el poder del Presidente se diluirá mucho más rápido de lo esperado y, en enero de 2018, cuando ya existan candidatos a sucederlo, ya no será un negociador válido para el gobierno de Estados Unidos.