Las horas de inacción y descoordinación entre las autoridades federales y de la Ciudad de México no fue lo único que ocurrió ni lo más grave. El terremoto de 1985 puso al descubierto la corrupción institucionalizada que provocó el derrumbe de edificios, robos, abusos y violaciones a los derechos humanos. Esta fotografía es la que dejó para la historia la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que entregó al entonces presidente Miguel de la Madrid, y al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, día con día, desde la mañana del 19 de septiembre, decenas de tarjetas informativas en las que se dibujó el panorama que existió en los primeros días en 6 de las entonces 16 delegaciones de la ciudad que se declaraban en estado de emergencia por los derrumbes, la falta de agua, luz y comunicaciones. Esos reportes documentan el rostro de la inacción y del abuso de organizaciones y funcionarios; también la operación política que debió implementarse en esos días para lograr el control de daños hacia el exterior y al interior del país, que incluso aceleró el entierro en fosas comunes de decenas de cuerpos y así manipular la cifra de personas muertas. Los excesos y delitos, ninguno, fueron castigados, solamente quedaron registrados y se guardó silencio. Pero todo ello fue el resorte que articuló la construcción de organizaciones civiles y, una década más tarde, la transformación política de la capital del país. Estas fichas que lo documentan todo en esos días del 85 se ubican en el Archivo General de la Nación, aparecen bajo el apartado: “Terremoto y movimientos telúricos en la República mexicana”. En ese momento, el servicio telefónico continuó operando en un 60% de su capacidad, el Metro suspendió su servicio ocho horas en algunas de sus líneas y “el servicio de transporte urbano operó normalmente”. En el Distrito Federal el impacto del terremoto fue el más visible, pero los daños de ese 19 de septiembre se extendieron a Guerrero y Michoacán, y en menor medida Jalisco y Colima. El número de muertos, entonces oficialmente fue de cerca de cinco mil personas y de estructuras colapsadas no se compara con lo que ocurrió ahora. Tampoco se comparan los abusos, como el caso del bloqueo de los trabajos de rescate por parte de las autoridades capitalinas, los pagos de soborno que intentaron cobrar periodistas o policías, el robo de equipo donado por países europeos o el descubrimiento de inmigrantes indocumentados trabajando casi en calidad de esclavos en una fábrica de San Antonio Abad. En eso no se compara a este sismo ocurrido 32 años después. Como tampoco en la presión que tuvieron que ejercer 60 trabajadores de intendencia del entonces Departamento del Distrito Federal ante las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, para solicitar “su intervención para agilizar el rescate de dos de sus compañeros (vivos) del edificio de San Antonio Abad 122, que fue destruido con el sismo, ya que no permiten maniobrarlos elementos del Ejército”. O el que habitantes de la colonia Morelos están organizando brigadas de vigilancia “portando armas, ya que durante la noche se desata el vandalismo en dicha zona”. En lo único que sí se parece es que la ciudadanía volvió a superar a las autoridades, y no sólo eso, puso en evidencia sus deficiencias y burocratismo. Además, en esta ocasión, se trató de capitalinos más conscientes de sus derechos, más organizados y entrenados, que actuaron de forma inmediata y tomaron el control de la emergencia y el rescate. Pero esto no sólo ocurrió en la Ciudad de México, fue igual en Morelos, Puebla y Tlaxcala. Tan similar a lo que semanas atrás, con el sismo del 7 de septiembre movilizó a los habitantes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en donde también se adelantaron a la actuación lenta y limitada de las autoridades. En el último mes, los fenómenos catastróficos han colocado en primera fila a los ciudadanos en la toma de decisiones y de acciones concretas. En un nuevo esquema de organización tan eficaz, que ha cambiado el rumbo de los sucesos, y ha creado un nuevo escenario hacia el futuro. Lo ocurrido no es cosa menor y tendrá repercusiones inmediatas en los procesos electorales, no sólo en la definición de candidatos, sino en algo más importante, en el mapa del voto ciudadano.
Cuando las instituciones fallaron
