En una acusación penal no sólo son vitales las pruebas que la soportan sino cómo se presenta y defiende el caso en el juicio. Sabiendo esto, no es exagerado decir que el martes pasado fuimos testigos de la primera derrota de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de Javier Duarte. Es cierto que el caso no está perdido aún, pero sin duda está en riesgo, y se necesitará más que el expediente que ahora tiene la PGR para lograr una sentencia contra el exgobernador de Veracruz. Acusar a Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero, como uno de los primeros casos en su contra, es comprensible. Son los primeros datos sobre una propiedad e incluso en la integración del expediente pueden existir deficiencias conforme se va descubriendo información. El problema es lo que ha hecho la PGR en los últimos ocho meses, desde que pidió licencia a la gubernatura veracruzana y huyó del país. La respuesta en nada. Simplemente no tiene más casos, la prueba es que los representantes de la Procuraduría y de la Cancillería mexicana en Guatemala no han solicitado las reglas de especialidad a las autoridades de ese país, que es la única vía para que México pueda juzgar al exgobernador por otros delitos que no fueron incluidos en la solicitud de extradición. Sin embargo, para poder tener ese permiso se necesita que las autoridades mexicanas ya cuenten con una o más órdenes de aprehensión en contra de Duarte. Si bien pueden abordar las reglas de especialidad en cualquier momento, ya sea que esté Duarte en México o incluso sea sentenciado, también es cierto que mientras más tiempo tarde se complica más la autorización del gobierno que extraditó a un acusado, porque con una buena defensa se puede argumentar, entonces sí, persecución política en contra de su cliente. Pero resulta verdaderamente extraño que la PGR y la Fiscalía de Veracruz no tengan más allá de tres casos contra el exgobernador. Veamos los hechos. La Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Procuraduría General de la República, entre 2011 y 2016, un total de 41 denuncias penales por daños al erario público de Veracruz, cuantificado en 12 mil 732 millones 923 mil 262 pesos. Las querellas se presentaron ante esa institución porque involucra recursos federales. Convirtiendo a esa entidad en la más denunciada penalmente por el órgano auditor. Pero además la Auditoría sumó ocho denuncias penales, porque el gobierno de Veracruz, en la época de Duarte, simuló devolver al erario cuatro mil 770 millones 200 mil pesos, sólo para librarse del órgano fiscalizador federal. Gran parte de estas denuncias las tiene o tenía la Subprocuraduría de Control Regional, procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, quien no ha rendido un informe claro sobre qué ha pasado con estos expedientes y sólo de manera confusa ha señalado su oficina que en varios casos se ha declarado incompetente y envió los casos a la Fiscalía de Veracruz, es decir, les pidió que se investigaran a sí mismos. Sería un buen tiempo para que la Auditoría Superior pidiera un informe pormenorizado de lo que ha hecho la PGR en los expedientes sobre Veracruz, y de paso del resto de otras 23 entidades denunciadas en 241 expedientes, para que por fin el subprocurador Higuera y las otras áreas rindan cuentas y aclaren, el porqué del letargo que se traduce en ineficiencia, y porqué renunció a investigar si había recursos federales involucrados. Si bien estas 41 denuncias involucran los ejercicios fiscales de 2009 a 2014, 90% de las querellas corresponden a la gestión de Duarte. Y en el caso de Veracruz, porqué después de tantos discursos contra la corrupción del gobernador Miguel Ángel Yunes sólo tiene tres casos contra Duarte. En este caso, recordemos, que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, sólo en la auditoría de 2015 encontró un posible daño al erario público de la entidad por 27 mil millones de pesos, cometido a través de 27 instituciones del gobierno de Javier Duarte. Todo ese dinero aún no aparece reflejado en las tres acusaciones por los que será extraditado el exgobernador, mucho menos los 17 mil millones de pesos de fondos federales que la PGR debería tener en sus expedientes contra Duarte, mientras tanto él ya anunció su estrategia: “paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, (y) presencia o ausencia, según conveniencia”.
Duarte y la primera derrota de PGR
