Las instituciones estatales y federales mexicanas fracasaron y esta vez se han convertido en corresponsables del secuestro y asesinato del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro. Pero también fallaron las organizaciones civiles y fallamos los periodistas, muy especialmente aquellos que han hecho de su bandera la libertad de expresión y se indignan públicamente, que escriben libros, hacen documentales y hasta ganan premios. Ninguno actuó, actuamos, a tiempo, con contundencia y profunda responsabilidad, en el ámbito que les tocaba, nos tocaba. Es tiempo ya de poner nombre a responsables y de una profunda autocrítica, porque no podemos reducir este caso a decir que es un crimen más, porque el asesinato de Edgar se pudo evitar. En San Luis Potosí, donde fue cometido este crimen la semana pasada, se libra una guerra criminal hace una década, pero que en los últimos dos años, justo con el cambio de gobierno estatal se agravó como nunca. La crónica policiaca relata documenta día a día cómo hay ataques directos a personas en las calles o locales comerciales, aparecen cuerpos o restos de cuerpos en diferentes puntos de la ciudad, acompañados casi siempre con mensajes amenazantes a corporaciones policiacas y personajes políticos; también comandos aparecen y disparan contra locales comerciales, instituciones públicas o domicilios particulares. Al mismo tiempo, agentes policiacos asesinados o acusados de asesinatos y diferentes abusos. En este escenario, la frivolidad de los discursos políticos que se reducen a tratar esto como hechos marginales. Juan Manuel Carreras tomó protesta como gobernador en septiembre de 2015. Desde entonces hasta la fecha los delitos casi se han duplicado. Unos ejemplos: de enero a agosto de 2015 fueron asesinados en San Luis Potosí 251 personas, en este año suman ya 480, número que incluso supera todos los crímenes que se cometieron cuando el gobernador comenzó su gestión, que fueron en total 392. Entre enero y agosto de 2015 fueron secuestradas 13 personas y se cometieron cuatro mil 96 robos; dos años después en el mismo lapso suman ya 20 plagios y crecieron 93% los robos, al sumar siete mil 928 denuncias. Más ejemplos: en los primeros ocho meses de este año, comparado con el mismo periodo de 2015, las amenazas crecieron 64%, las violaciones 72% y las lesiones 76 por ciento. Fue en este contexto tan peligroso que Edgar y todos los periodistas honestos que viven en San Luis Potosí están trabajando, lo que les coloca en un riesgo permanente y grave. En julio pasado Edgar recibió dos amenazas directas y claras de aparentes o verdaderos policías ministeriales. Hizo lo que podía y debía hacer, se hizo público por parte de los tres medios en los que colaboraba, presentó la denuncia y acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado. Ante el número de ataques contra los informadores, estos casos, ninguno, debiera pasar desapercibido. El primero en responder de forma pronta y expedita debió ser el notario público y que desde hace dos años es el procurador de justicia en la entidad, Federico Arturo Garza Herrera, que es especialista en materia civil y mercantil, nunca ejerció el derecho penal, que es indispensable dominar para ser procurador. No hizo su trabajo, incluso existiendo el agravante de ser los señalados agentes de su institución. Es por eso que Garza Herrera es el primer responsable de este crimen por omisión. En el mismo grado de responsabilidad se ubica la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, que dirige desde 2013 José Ángel Morán Portales, que sólo envió oficios a oficinas federales y estatales, pero no alzó la voz lo suficiente, no exigió una acción inmediata ni verificó que las investigaciones por las amenazas avanzaran, ni que Edgar y su familia recibieran una seguridad efectiva. El gobernador Juan Manuel Carreras, también es directamente responsable, por tratarse de un ataque a la libertad de expresión, porque no actuó en consecuencia a la dimensión que representaban las amenazas recibidas por el fotoperiodista por parte de sus servidores públicos y hasta ahora no exigido cuentas a sus funcionarios. De la responsabilidad de las instituciones federales escribiré la próxima semana.
Edgar, todos somos responsables
