La situación más parecida a la captura de Genaro García Luna es la que ocurrió a finales de los 90, la caída del general Jesús Gutiérrez Rebollo. En esa ocasión las agencias de Estados Unidos también fueron quienes identificaron sus actos de corrupción y notificaron a las autoridades mexicanas que el militar reconocido internacionalmente, con decenas de medallas ganadas por el combate al crimen organizado, era en realidad aliado de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, identificado como el líder del Cártel de Juárez, uno de los más poderosos entonces.
El general siempre se dijo inocente, víctima de la corrupción política mexicana, porque sus investigaciones lo acercaron, llegó a decir, a funcionarios de alto nivel vinculados al poder mafioso. Lo cierto es que Gutiérrez Rebollo no ganó la batalla, no hubo abogado que pudiera siquiera reducirle la pena. Legalmente fue un militar corrupto.
Pero en este caso, a diferencia de García Luna, a las agencias estadounidenses no les interesó llevarse al general a Estados Unidos para juzgarlo por conspirar para favorecer el tráfico de drogas, a pesar de que uno de sus más importantes blancos era Carrillo Fuentes, por la capacidad en el trasiego de drogas que tenía. Gutiérrez Rebollo fue sentenciado en México y murió preso.
¿Por qué en el caso del exsecretario de Seguridad Pública federal las agencias de Estados Unidos aguardaron pacientemente cinco años para acumular lentamente información? Fueron sumando poco a poco testimonios de exfuncionarios corruptos de corporaciones policiacas mexicanas, de miembros del Cártel de Sinaloa-Pacífico, de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y de Los Zetas.
La diferencia radica en las fichas que representa García Luna y que pueden ser utilizadas o intercambiadas por los estadounidenses frente al gobierno mexicano, y al interior del propio gobierno norteamericano.
Al consultar a distintas fuentes en Estados Unidos, aseguran todas que el caso es muy sólido contra García Luna, que no es el único funcionario investigado en su entorno y en un rango similar. No sólo son los testimonios, sino el flujo de dinero que le han localizado a través de familiares, socios y empresas.
El exsecretario mexicano se encontrará en una encrucijada, porque sostendrá en su defensa que no ayudó a los cárteles, pero entonces durante el juicio deberá aclarar cómo hizo su fortuna, y de la que tienen un claro registro los estadounidenses desde 2009.
Pero para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, García Luna sí está vinculado con los cárteles de la droga, de quienes hizo su fortuna, y a cambio les dotó de protección, especialmente al del Pacífico, incluso hasta la fecha, aseguran personas cercanas al caso en Nueva York.
En la Corte Federal de Brooklyn se notificó el 13 de diciembre pasado que el fiscal adjunto de Estados Unidos, Ryan C. Harris, fue agregado como asesor en el proceso contra el exfuncionario mexicano. Se trata de un abogado adscrito a la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero de la Oficina y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia del distrito este de Nueva York.
Harris es un fiscal que conoce muy bien los casos mexicanos. No sólo participó en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, también en el de alguien que pronto será clave en los juicios contra personajes mexicanos: el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien fue sentenciado hace unos meses a 20 años de prisión, por conspirar para distribuir narcóticos y utilizar su posición como un oficial de alto nivel para facilitar el tráfico de enervantes a Estados Unidos a favor de un cártel mexicano.
Veytia probablemente se convierta en vecino de García Luna, porque a pesar de ser un preso de alto perfil criminal, el exfiscal nayarita permanece internado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, de seguridad media. Esto porque negoció su sentencia y a cambio de declararse culpable debe testificar contra distintos personajes, lo que podría reducir su sentencia.
Este caso apenas comienza y lo que sigue ahora para México no es sólo revisar las acusaciones contra Genaro García Luna e identificar a sus cómplices en caso de confirmarse los delitos, sino especialmente evaluar el daño que, en su caso, hizo a las instituciones de seguridad de México en los 11 años que se mantuvo en la primera línea en la toma de decisiones y que lo convirtió en uno de los artífices de la estrategia de confrontación entre cárteles que arrojó miles de desaparecidos y muertos en el país.