La justicia y la reconciliación en México invariablemente transita por reconocer con detalle y precisión qué pasó en este país en los últimos años al interior del Estado. Se deben responder las preguntas básicas: quién, cómo y por qué, y a partir de ellos señalar responsabilidades reales, no revanchas.
Quién y por qué desmantelaron los sistemas de seguridad de prevención o de inteligencia; cómo se enriquecieron funcionarios o utilizaron las instituciones para beneficiar a poderes fácticos.
Un año después de que comenzara este nuevo gobierno aún no tenemos las respuestas. Tenemos en cambio declaraciones que parecen más bien vendettas personales o acusaciones ligeras y hasta falsas.
Pensar en el punto final es dejar en la impunidad las explicaciones que son necesarias para la sociedad y no tener la capacidad de reparar a las instituciones que, cada vez, se ven más disminuidas.
Es urgente que este gobierno comprenda que acabar con la impunidad y colocarse como un Estado fuerte, que garantiza que sus ciudadanos puedan transitar por las carreteras y calles sin miedo no es hacer la guerra, es cumplir con su función y el obligar, a través de la coordinación, a cumplir a los estados con su parte, con inteligencia, pero también con contundencia.
Once meses después, cada dependencia que integra el gobierno federal debe tener en este momento un diagnóstico preciso, y en marcha las estrategias para frenar lo que se hizo mal, repararlo sin impunidad y estar ejecutando la transformación que han ofrecido. Y todo esto decirlo, explicarlo públicamente. De lo contrario, el discurso se hará insuficiente, las contradicciones seguirán siendo evidentes, la percepción de la debilidad institucional crecerá, y también la desilusión y la polarización. Es un tiempo en el que cada uno de los Poderes del Estado deberán cumplir con su parte.
Esta semana, por ejemplo, la Cámara de Diputados estará a prueba, no sólo por la definición del Presupuesto de Egresos, que determinará la ruta de esta administración para el próximo año; también tiene en puerta legislaciones que discutirá y que fortalecerán peligrosamente áreas de gobierno; pero tiene algo más, decidir qué hace con la solicitud de juicio político contra un exfuncionario del gabinete de Enrique Peña Nieto que ya investiga la Fiscalía General de la República.
El martes 29 de octubre, la Cámara de Diputados recibió una notificación del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que debe cumplir: informar sobre qué ocurrió en cuanto a la solicitud de juicio político contra el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
Desde 2017 se hizo la solicitud de este juicio contra el funcionario, relacionado con la empresa del Estado, Exportadora de Sal, en la que se le acusa de alterar y falsificar documentación, además de mentirle al Congreso al asegurar que la salmuera es un bien de la empresa y que tiene mucho litio por lo que valía mucho, para luego tirarla, y que la sal de Exportadora no es de calidad alimenticia, por lo que se justificaba vendérsela muy barata a la empresa Mitsubishi. Ambas cosas probadas ya en procesos judiciales como falsas.
Ahora el tribunal, a partir del amparo 266/2019, ordenó a la Cámara que informe qué fue lo que ocurrió con esa petición contra el ahora exfuncionario.
¿Qué puede decir el Legislativo? Que inició el juicio desde 2017, pero que al no haber resuelto en 12 meses ya se prescribió, reconociendo su responsabilidad porque no acumuló pruebas ni llevó a cabo alguna acción, sino que lo dejó morir. Pero también puede responderle al tribunal que iniciará el juicio contra Guajardo, y en este último escenario podría actuar en serio o simular que lo hace esperando a que prescriba. Veremos qué responde.
La resolución también obliga a la Fiscalía General de la República informar qué pasó con las denuncias penales contra Guajardo, las cuales eran por las irregularidades en la venta de sal y la compra irregular de equipo, entre otros presuntos delitos cometidos cuando era secretario de Economía.