@Gosimai
La tendencia en el mundo continúa: una mayor concentración de poder que busca, a través de fusiones corporativas, tener el control en cada eslabón de la cadena de valor, desde el campo hasta el mostrador al público. Este es el peligroso escenario que muestra el Atlas Agroalimentario 2017, hechos y cifras sobre las corporaciones que controlan lo que comemos.
Las fundaciones Heinrich Böll y Rosa Luxemburgo, ambas con sede en Alemania, y Amigos de la Tierra Europa, de Bélgica, son autores de este documento en el que advierten que a las corporaciones alimentarias se les han unido bancos, compañías de seguros y la industria de tecnología de la información, interesados por la agricultura y todo el proceso de producción. Esto es muy peligroso, advierten, pues en algunos casos las empresas “han ganado tanto dominio del mercado que tienen la capacidad de dar forma a los mercados y las políticas”.
El trigo, el maíz y la soya son las tres materias primas agrícolas más importantes que se comercializan en todo el mundo. Le siguen la azúcar, el aceite de palma y el arroz. Para dimensionar el riesgo que representa la acumulación de poder de las empresas, el informe aborda los problemas de la inocuidad de los alimentos, que solían estar regulados por las entidades públicas, pero que ahora están controlados por las empresas. “En promedio, hay alrededor de 300 retiradas (del mercado) importantes de alimentos al año en todo el mundo, que incluyen más de 75 trastornos transmitidos por los alimentos, 325 mil hospitalizaciones y cinco mil muertes”.
Esto sólo refleja que la capacidad de los gobiernos ha disminuido a tal punto que les es cada vez más difícil vigilar la calidad de los alimentos que se producen y ello representa un grave riesgo para la salud pública y el desarrollo de los países.
Veamos el poder de estos grupos: de acuerdo con el Atlas, son cuatro las empresas que dominan tanto la importación como la exportación de productos agrícolas: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge y Cargill, que son empresas estadounidenses, y Louis Dreyfus Company, que tiene su sede en Ámsterdam, Holanda. Se les conoce como el “grupo ABCD”.
Los cuatro emporios fueron fundados entre 1818 y 1902. “Negocian, transportan y procesan muchos productos. Poseen barcos oceánicos, puertos, ferrocarriles, ingenios, silos, almazaras y fábricas. Juntos representan 70% del mercado mundial de productos agrícolas”.
Y un nuevo actor ha entrado en acción en el mundo: China, que se ha convertido en “un jugador poderoso en la agricultura en todo el mundo y las corporaciones chinas se encuentran entre los inversionistas más prominentes de la región”. En el caso de México, es cada vez más visible su presencia por las inversiones en proyectos que involucran la producción de materias primas.
China se ha convertido en una preocupación central para la seguridad alimentaria y el acceso a materias primas agrícolas, esto derivado de la crisis mundial de los precios de los alimentos en 2007, desde entonces se dio un aumento en la inversión china en tierras, que se ha dirigido principalmente a países ricos en recursos en el mundo en desarrollo, y ha penetrado rápidamente en África (en 54 países), América Latina y el sudeste asiático (en seis países especialmente: Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, Filipinas, Laos, Myanmar y Camboya).
Si consideramos que las inversiones chinas, tanto a nivel nacional como en el extranjero, se caracterizan por una cuidadosa planificación, intervención y regulación impulsadas por el Estado, porque “implican una red compleja de intereses públicos (estatales y semiestatales) y privados, lo que hace difícil determinar exactamente quién está involucrado y qué factores impulsan un acuerdo particular de tierras”.
Ante este diagnóstico y los nuevos escenarios que pueden generarse por la eventual ruptura del Tratado de Libre Comercio, es indispensable que el Estado mexicano redefina su estrategia para garantizar la seguridad alimentaria en el país, y sea un verdadero operador táctico y regulador de la política alimentaria, de inversión y desarrollo en materia agrícola, de producción, distribución y venta de los productos derivados. Todo ello, para impedir que continúe la concentración de poder y riqueza por parte de las compañías, que pueda amenazar el desarrollo económico y social de México.