El Centro Correccional Metropolitano de San Diego, California, es una prisión de 23 pisos en donde hay reos federales bajo procesos penales, de mediana y alta peligrosidad, dividido por secciones. Es un lugar viejo, de los años setenta, construido para más de mil presos, pero por ahora tiene poco más de 900, y varios de ellos mexicanos. Hace dos semanas llegó Dámaso López Serrano, El Mini Lic, uno de los que debería ser heredero de una fracción del Cártel del Pacífico. Le colocaron el número 63436-298. Se entregó y esta semana se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que le imputan en una Corte Federal de San Diego. Sigue negociando las condiciones de su entrega, desde cuánto dinero deberá entregar al Departamento de Justicia estadunidense, dónde permanecerá preso y por cuánto tiempo, qué información proporcionará y si deberá comparecer en algunos juicios. Se trata de detalles demasiado importantes para el futuro de este joven de 29 años, hijo de Dámaso López Núñez, El Licenciado, compadre, amigo y socio de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. La negociación con la agencia antinarcóticos DEA (por sus siglas en inglés) también incluye a El Licenciado, quien podría aportar mucha más información que su hijo, porque durante más de 15 años permaneció muy cerca de Guzmán Loera y tenía relación directa con Ismael Zambada García, El Mayo. Los datos que pueden entregar estos dos personajes, ambos señalados por ser sanguinarios, corruptores y operadores como una de las células asociadas al Cártel del Pacífico, son muchos y cruzan por funcionarios municipales, estatales y federales; sobre la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación, de los hermanos Beltrán Leyva y, por supuesto, de sus examigos El Chapo y El Mayo. No podrá ser información superficial, tendrán que entregar datos importantes, porque ya tienen la información que les proporcionó, por ejemplo, Ismael Zambada Imperial, y a Jesús Raúl Beltrán León, Chuy Raúl, quien se encargaba de la seguridad de Iván Guzmán (hijo de El Chapo). Ambos con mucha información sobre el Cártel del Pacífico y sus enemigos. Información que México no tendrá a su alcance y que prácticamente renunció a ella al no investigarlos. Pero no son los únicos que negocian, también lo hace Guzmán Loera. Su caso es más complicado, porque México ya autorizó a Estados Unidos juzgarlo por todos los delitos por los que tiene órdenes de aprehensión, sólo con la condición que no le imponga la pena de muerte; es decir, que las condiciones son muy adversas para él, para obtener beneficios por parte del gobierno estadunidense. En la recolección de información que están haciendo las agencias estadunidenses junto con el Departamento de Justicia, también aparecen en la lista funcionarios corruptos de gobiernos de Coahuila y Tamaulipas; además de tener investigaciones sobre casos de políticos de Veracruz y Chihuahua. A simple vista pareciera que estas oficinas de Estados Unidos hacen muy poco con los datos que obtiene de las confesiones de los mexicanos sometidos a juicio. En realidad los datos que recaba se suman a diferentes investigaciones en proceso, las cuales podrán llegar a tribunales federales cuando les sea útil, y también les servirán para elaborar informes de inteligencia para la toma de decisiones políticas y económicas, sea del gobierno o de sus intereses, como lo son empresas e inversiones. Una muestra del uso político y de justicia de esta información es la lista OFAC, que emite el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en donde incluye a todos los sospechosos de lavado de dinero a favor de grupos de narcotraficantes o terroristas. En ese documento aparecen personas que ni siquiera tienen órdenes de aprehensión, pero por haberse relacionado con criminales, pueden perder sus bienes en territorio estadunidense, sus visas, y empresas en EU tienen prohibido hacer negocios con ellos. En caso de ser inocentes tendrán que iniciar un juicio que puede tardar entre dos o tres años, para lograr salir de esa lista. Algo así tendrán que enfrentar el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez. La información disponible sobre la estrategia que ya están desarrollando algunas agencias estadunidenses, muestra claramente que la presión sobre el gobierno mexicano se incrementará, para que sea su agenda en materia de seguridad, política y de economía la que prevalezca, especialmente ante la preocupación que tienen en torno a la sucesión presidencial de 2018.
EU, el poder de la información
