Durante los últimos seis años fue la secretaría más obesa y poderosa, con uno de los más importantes presupuestos al servicio del titular, pero que no ofreció resultados en ninguna de sus responsabilidades y, por el contrario, fue el peor de los lastres para el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, en la próxima administración, podría convertirse en la más débil de las dependencias y eso podría generar una crisis de gobernabilidad.
Se trata de la Secretaría de Gobernación que Miguel Ángel Osorio Chong encabezó los primeros cinco años de esta administración y que se apoderó no sólo del más importante servicio de inteligencia civil, colocando a uno de sus más cercanos y leales operadores, Eugenio Imaz, sino que también se apropió de todos los cuerpos de prevención y seguridad, de todo el sistema de inteligencia policial, del control carcelario federal, del sistema de atención a emergencias y controló todos los recursos económicos destinados a las policías estatales y municipales.
Esa dependencia tuvo en sus manos no sólo la relación con gobernadores, sino también con las agrupaciones religiosas, las organizaciones civiles y víctimas. Incluso debía gestionar al interior del gobierno federal y con los estados, todos los requerimientos de organismos internacionales sobre violaciones a derechos humanos. Es decir, tenía en sus manos la inteligencia, la seguridad pública, la gobernabilidad y la buena gobernanza. En todo fracasó.
Ahora, el péndulo pareciera que se lanza hacia el lado opuesto. No sólo deja de ser robusta la Secretaría de Gobernación, sino que podría morir de inanición. Se queda con las relaciones de política interior, que le permitirá acercarse a los gobiernos estatales, a las organizaciones civiles y religiosas, pero no tendrán la garantía de contar con información suficiente ni la capacidad de negociación en torno a los temas prioritarios y sensibles, porque dependerá de otra secretaría, esa sí muy poderosa, para hacerlo.
Es decir, al concentrar el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la nueva Secretaría de Seguridad (que encabezará Alfonso Durazo), todas las áreas que le está arrebatando a Gobernación: seguridad nacional, inteligencia criminal, seguridad pública, prevención, atención a centros federales y protección civil; entonces está debilitando a la encargada de la política interior, quitándole todo poder de interlocución y la capacidad de maniobra frente a las autoridades locales.
Ejemplos del papel de Gobernación, muchos. En diciembre de 1997, antes de irse unos días de vacaciones, el entonces presidente Ernesto Zedillo dejó a cargo a su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien desoyó las recomendaciones del Ejército que respaldaba el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), el aumentar la vigilancia en la zona cercana a Chenalhó, Chiapas, no lo hizo, y se cometió una de las más sanguinarias masacres de las que se tenga registro en la historia reciente de México.
Otro caso, dos años antes, en junio de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, elementos de la policía judicial del estado asesinaron a 17 campesinos. Las autoridades locales trataron de manipular la escena, pero fueron descubiertos. El Cisen investigó y obtuvo todas las pruebas que demostraban los abusos criminales, para contener la crisis política, esa información bastó que se le mostrara al entonces gobernador Rubén Figueroa, quien se resistía a renunciar, pero ante lo contundente de las pruebas lo hizo. Y un caso más, en 1998, en El Charco, Guerrero, la única forma que se tuvo para confirmar que sí se trató de un enfrentamiento entre el Ejército e integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), fueron las pruebas que recabó el Cisen y la información que tenía antes.
Todos estos casos que fueron en extremo sensibles, el Estado sólo pudo reaccionar, a través de la Secretaría de Gobernación, a partir de la información confiable que se obtuvo antes, durante y posterior a los hechos.
Actualmente, los temas de agenda más sensibles y prioritarios en el país transitan por dos caminos, los de seguridad y los de desarrollo. Para ser un interlocutor válido frente a los gobiernos locales, la secretaria Olga Sánchez Cordero o cualquiera de sus subsecretarios, debe contar con información sensible, de calidad y con escenarios para la toma de decisiones inmediatas y a largo plazo para la gobernabilidad del país y la buena gobernanza.
Esto no podrá ocurrir porque estarán supeditados a la calidad de la información que les ofrezca el área de seguridad nacional de la Secretaría de Seguridad; y por tanto tampoco podrá ofrecer respuestas sin tener la anuencia de la súper secretaría de seguridad.