El estado de Guerrero representa 2.4 millones de posibles votos para las próximas elecciones, divididos en nueve distritos electorales, que abarcan sus 81 municipios. No es un número menor, de hecho puede definir la elección; si consideramos que, en los últimos años, de acuerdo a los registros del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un nivel de participación de entre 50 y 60 por ciento.
Los guerrerenses deberán votar por Presidente de la República, dos senadores y nueve diputados federales; así como por 81 autoridades municipales y 46 diputados locales, estos últimos son piezas clave para la buena salud en el funcionamiento del andamiaje del Estado.
Y debido a las condiciones de inseguridad y descontento social, las autoridades estatales reconocieron, ya que estas elecciones enfrentan un grave riesgo que debe atender ya el gobierno federal, pues los funcionarios locales han quedado rebasados. El riesgo no se traduce en la imposibilidad de celebrar la votación en julio próximo, por el contrario, se trata de que existe la intención de los grupos criminales en influir directamente en el proceso electoral y en el día del sufragio.
El índice de violencia en Guerrero sigue en aumento, producto de la ausencia de instituciones de seguridad y procuración de justicia; la presencia de 10 organizaciones criminales y una decena más de pandillas o comandos que cambian de nombre, generan alianzas y después se confrontan entre ellos; pero todos con capacidad de fuego, y la gran disponibilidad de drogas, mediante la siembra o producción en laboratorio, han empoderado a estas organizaciones.
Desde 2012 y hasta la fecha, en Guerrero son asesinadas, cada día, en promedio, siete personas. Y es que, en la última década se duplicaron los asesinatos. En 2006 se denunciaron ante el Ministerio Público, de acuerdo con el Inegi, mil 284 crímenes. Diez años después, en 2016, estos casos alcanzaron dos mil, 534 casos al año.
Se trata de ataques directos, algunos de ellos a plena luz del día y en lugares públicos y en otros casos utilizan la tortura como forma más eficaz de obtener información o enviar un mensaje. Y el índice de impunidad es muy alto, sólo uno de cada 10 casos se resuelven parcialmente.
Cuál es el objetivo de estos grupos criminales, sean Guerreros Unidos, los Tequileros, los Ardillos, el Cártel Independiente de Acapulco, Sierra Unida Revolucionaria, Los Michoacanos o Los Rojos, entre varios más, es sencillo, controlar el territorio desde la vía institucional.
Guerrero ha sido uno de los estados en los que han sido identificados presidentes municipales como personas ligadas al narcotráfico. También en el Congreso local estos grupos han logrado infiltrar a su gente, tal es el caso del diputado Saúl Beltrán Orozco, El Tequilero Mayor, a quien no se le ha podido detener por gozar de fuero; y un caso similar es el de Bernardo Ortega Jiménez, a quien vinculan con Los Ardillos.
Las autoridades del estado consideran que, por lo menos, en la mitad del territorio guerrerense existe un riesgo real de las operaciones de los grupos criminales y la única forma de contenerlos y someterlos, es recuperar institucionalmente los municipios que tienen bajo control, a partir del miedo de la población o de involucrar socialmente a los pobladores para luego convertirlos en sus cómplices involuntarios.
Los municipios en los que existe la posibilidad real de que los comicios no se celebren de forma transparente y libre son, por ejemplo, Coyuca de Catalán, Huitzuco, Chilapa, Eduardo Neri, Cuetzala del Progreso, Teloloapan, Arcelia, Iguala y Ajuchitán.
Legalmente, el proceso electoral inició en septiembre, desde entonces Guerrero registra el mayor número de crímenes contra líderes sociales de la región, aspirantes a alguna candidatura o funcionarios o exfuncionarios municipales. Y frente a estas condiciones, el gobierno estatal no ha planteado una estrategia, ni solicitado el apoyo de las fuerzas federales de seguridad que permitan garantizar elecciones transparentes y en paz.