Una buena noticia para los integrantes del Poder Judicial de la Federación fue la salida de sus filas de Eduardo Medina Mora. No le reconocían trayectoria, ni méritos, ni estudios, ni siquiera resoluciones de alta envergadura. Lo habían asumido como un designio político, algo que ocurría comúnmente antes de 1994 en la Corte, y que deterioró a este Poder de la Unión.
Sólo que hay un problema: a pesar de ser un hecho histórico, la salida de Medina Mora no desgarra la corrupción al interior la Judicatura federal. Es una batalla que el ministro presidente Arturo Zaldívar asumió públicamente y avanza lento, con aciertos, pero también con graves equívocos.
El primer problema de este Poder es que fue obligado a crecer en poco tiempo y no se tuvo un verdadero cuidado en contar con controles internos rigurosísimos para quienes se incorporaron como jueces, secretarios y actuarios o ascendieron como magistrados. Tampoco se modernizó y fortaleció el esquema de supervisión y sanción, por el contrario, se aletargó. Fue más importante no sacar los trapitos al sol que hacerse fuerte eliminado los malos elementos.
Para subsanar la demanda del nuevo sistema penal acusatorio, de 2016 a 2018 debió crear, en promedio, 3.3 órganos nuevos cada mes y contratar a casi 100 personas cada 30 días. Para 2018 registraba, de acuerdo al Inegi, 908 órganos jurisdiccionales y 48 mil 775 servidores públicos.
Si se comparan los reportes del Inegi de 2016 con 2018, parecería que se mejoró significativamente, porque en el primer año se hicieron mil 832 auditorías y/o revisiones a los órganos del PJF, resultando 346 unidades con anomalías u observaciones. Dos años más tarde se hicieron 100 revisiones más, pero sólo fueron 57 oficinas las que resultaron con alguna irregularidad u observación.
Sin embargo, en los hechos no fue así. En la última década, de acuerdo con testimonios de litigantes y funcionarios judiciales, se han construido formas cada vez más elaboradas de corrupción. Aunque tratándose de justicia, se incurre en actos de corrupción cuando hay una falta de preparación de los funcionarios, de rigurosidad y ética aunque parezca mínima.
Oficinas jurisdiccionales pasaron de aletargar casos, otorgar suspensiones en amparo o no dar peso a pruebas ofrecidas en los juicios; a extender la venta de copias de expedientes o de información previa; a cobrar, aseguran, 50 mil a 100 mil pesos por una primera resolución de amparo y de 300 mil a medio millón de pesos por un fallo definitivo, o a pedir automóviles o viajes. Todo es en efectivo.
También se otorgan beneficios a presos, incluso de alta peligrosidad, para que gocen de mayor disposición de dinero, más visitas de familiares e íntimas, aditamentos en sus celdas o entrega y envío de información para sus organizaciones; y cambio de penal para tener menores restricciones. De esto, ejecentral reveló en diciembre pasado, en su edición 131, un total de 60 mil resoluciones de amparo que favorecían a presos de manera irregular.
Las personas que han ido documentando este comportamiento al interior del Poder Judicial aseguran que si bien existe entre magistrados y jueces corruptos, el grueso de actos ilegales no se ubica en ellos, sino en el personal a su cargo. A veces la inexperiencia de los juzgadores hace que se vean rebasados por su personal, y en otras ocasiones, las más peligrosas, los secretarios y actuarios comienzan a difamar a sus jefes y hasta presentar quejas en su contra asegurando que se cometen abusos laborales o hechos de corrupción, para así tratar de inhibir a los juzgadores, porque ellos son quienes terminan investigados. Es aquí donde más errores se han cometido por parte del Consejo de la Judicatura.
En otros casos, donde los jueces y magistrados actúan de manera irregular es porque gozan de algún tipo de protección, sea por omisiones naturales de la Secretaría Ejecutiva de disciplina o porque se trata de amigos, parientes o conocidos “de alguien”. En estos casos, funcionarios judiciales han pedido que se revisen a quienes integran esta área.
Un magistrado me dijo hace poco que uno de los peores actos de corrupción que se cometen hoy día es la flojera. Es cierto, las estadísticas muestran el rezago.
Para atajar esto, hace unos días el ministro Zaldívar emitió una circular en el que advierte que deben resolverse los expedientes retrasados y les recuerda que los nuevos casos que correspondan deben salir en 30 días naturales. Y adicionó algo muy interesante que pueda dársele vista a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y a la Comisión de Adscripción, aunque si el problema está entre los secretarios y actuarios, habrá que ver si pagan los que realmente no trabajan.