La colisión se dio esta semana y por ahora no hay puentes de comunicación. El 15 de septiembre, un día antes del desfile más importante para las Fuerzas Armadas, fue relevado de su cargo el comandante de la Fuerza Aérea del Ejército, el general Enrique Vallín Osuna. Su pecado, dar información al equipo de Andrés Manuel López Obrador sobre Santa Lucía y la posibilidad de instalar una pista para sustituir la construcción del nuevo aeropuerto.
A pesar de lo abrupto de la salida y de que apenas tenía nueve meses, al interior de la Secretaría de la Defensa se aseguró que no había logrado poner orden y recuperar la disciplina dentro de la Fuerza Aérea.
Habitualmente un tema militar se queda dentro de las paredes de los campos castrenses, pero esta vez no fue así. Andrés Manuel López Obrador, en un video que circuló esta semana, comentó el caso y que de ser verdad las causas de su remoción respecto a la información proporcionada, aseguró: “le ofrezco al general cesado injustamente que lo vamos a volver a poner en su cargo”.
La respuesta oficial de la Sedena fue que ningún general de la Fuerza Aérea había sido cesado, sino que algunos habían pasado a retiro por su edad. En el caso del general Vallín, explicó la dependencia, alcanzó los 65 años.
Luego comenzó a filtrarse en medios que la Sedena desaparecerá el primer minuto de diciembre al Estado Mayor Presidencial, con una información imprecisa, aparentemente con toda intención. Daban por cierto que el general secretario Salvador Cienfuegos podría emitir un acuerdo para ello, cuando legalmente es imposible. En realidad era un mensaje para el presidente electo y el equipo de transición, ante el maltrato y el descuido de las formas que considera la jerarquía militar no se ha tenido desde agosto.
Las Fuerzas Armadas son disciplinadas, pero están molestas. No sólo por la confusión en el discurso que sigue manejando el equipo de transición y el propio López Obrador en temas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, sino porque no ha cumplido los acuerdos de discreción y de respetar los procesos internos.
El Estado Mayor no desaparecerá el 1 de diciembre. Cuenta con más de seis mil elementos entre marinos, militares y de la Fuerza Aérea, de ellos podrían quedar unos dos mil en funciones, como parte de un comando, para que López Obrador defina qué es lo que realmente hará con ellos. El resto se incorporaría a sus tareas en sus respectivos batallones.
El primero de diciembre, como los protocolos lo señalan e incluso la ley lo precisa, serán los principales responsables, de la seguridad del cambio de poderes y especialmente de los mandatarios que visitarán el país. Aunque formalmente se diga que la Defensa asume la seguridad.
Hay un elemento medular que no se debe perder de vista. Estas declaraciones y filtraciones se dan justo a unas semanas de que López Obrador escuche las propuestas de la jerarquía castrense para elegir a quiénes serán los secretarios de la Armada y de la Defensa. Los grupos internos, muy enfrentados dentro de Sedena y menos en Marina, están tratando de colocar a sus piezas y generar un espacio de negociación con el próximo Presidente.
López Obrador lo sabe, y después de haber jalado de la liga a principios de semana, el miércoles ya hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, que también anda moviendo sus intereses amenazando con paros, les pidió que “entre todos serenemos al país”.