@Gosimai
Aunque los actores se dieron su tiempo, casi un año, es evidente que faltaron los consensos, y quien logró introducir enormes cambios fue la Fiscalía General de la República. Lo que resultó fue una redacción por momentos confusa, argumentos repetidos, pareciera una falta de una visión integral de la reforma y un endurecimiento a favor de la actuación de la Fiscalía.
La reacción a estas propuestas de modificación 14 artículos constitucionales y a nueve cuerpos legales ya comenzaron. Al revisar los documentos lo primero que aflora es que la postura que ganó fue la de la Fiscalía. Alejandro Gertz Manero se preparó. En mayo lanzó un diagnóstico de cómo encontró la dependencia, el rosario de faltantes y de desorganización mostraba dos cosas o que su antecesor Alberto Elías Beltrán tiene algún tipo de responsabilidad no sólo administrativa, sino hasta penal por las graves omisiones, o hubo un grado de exageración que le dio espacio al fiscal para poder convencer sobre las reformas que necesitaba.
El siguiente paso del fiscal fue crear varios grupos de trabajo al interior de la dependencia que primero revisaron los ordenamientos que se necesitaban cambiar y luego trabajar en las diferentes propuestas.
El trabajo fue intenso y la visión central fue endurecer el sistema de justicia en todos sus niveles, el argumento: se ha vuelto muy laxo, con pocos controles y que ha facilitado la corrupción, en beneficio de los grandes delincuentes. Esta visión fue apoyada desde la Presidencia.
Prácticamente al margen de la discusión quedó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que no hizo aportaciones, a pesar de que todas las leyes importan en la actuación de la policía federal, de los penales federales y hasta del Centro Nacional de Inteligencia.
Uno de los ajustes importantes, por ejemplo, es que pone en su lugar a la Policía Federal como un órgano auxiliar del Ministerio Público y del Poder Judicial. Quizá esto no agrade al Ejército.
Otro de los actores, el Poder Judicial de la Federación sí trató de involucrarse en las modificaciones, pero no estaba suficientemente preparado con propuestas. Le ganó la partida la Fiscalía, que también tuvo el apoyo del Ejecutivo ante los casos de corrupción judicial, ese fue el argumento para quitarle fuerza al Consejo de la Judicatura Federal y pasarle poderes muy grandes al Senado de la República que, por ejemplo, nombrará a los titulares de juzgados y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal, los cuales sólo atenderán los casos penales cometidos por jueces y magistrados. Esos cargos durarán nueve años.
Otro cambio muy importante es que si bien no desaparece el juez de control, sí desvanece la etapa de vinculación a proceso. El argumento principal es que esta etapa era un minijuicio que generaba impunidad, porque se estaba utilizando para sacar a los detenidos utilizando pruebas falsas, mínimos errores y excesivo recato legal de los juzgadores.
Existen muchos más cambios que golpean las facultades de la judicatura y el poder que concentraba. Será uno de los actores que buscará modificar o al menos matizar esta reforma.
En realidad es una irrupción en otro poder que no debe prosperar del todo.
Santiago Nieto era otro actor que quería hacer propuestas, ya que su iniciativa no prosperó en el Congreso, pero el fiscal no le dejó y, por el contrario, los cambios le dan más poder al Ministerio Público y a él se deberá supeditar la Unidad de Inteligencia Financiera.
Una de las novedades, por ejemplo, es que ya se podrán intervenir comunicaciones en investigaciones relacionadas con las materias fiscal y electoral, pero no será facultad de Nieto, deberá pedírselo a la Fiscalía.
Otro cambio es revivir la figura de arraigo, elimina el tiempo de 72 horas para presentar a un detenido y disminuye el empoderamiento de las víctimas al restarles formas de intervención.
Además se integran tres nuevos conceptos en la obtención y valoración de pruebas: vínculo atenuado, descubrimiento inevitable y fuente independiente. Todas ellas facilitan especialmente el trabajo del Ministerio Público.
Y los faltantes, que desde la pasada administración se tenían, era la ley de justicia para adolescentes y la ley de ejecución penal en la cual los jueces ya no serán los únicos que podrán decidir a dónde es enviado un detenido, por ejemplo.
Gertz Manero ha defendido en reuniones privadas que se consideraron todas las necesidades presentes y futuras, incluso las mejores prácticas internacionales. Ahora enfrentará las reacciones y al poder político. Son muchos cambios y varios de ellos muy arriesgados, en contrario al nuevo sistema penal acusatorio que apenas tiene dos años en plenitud. Esto apenas comienza.