Revancha. Es la palabra que define, en esta administración, a quienes están al frente de las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; desde la Fiscalía General de la República (FGR) y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
Por ahora, esto le es útil al fiscal Alejandro Gertz Manero, pero cuando los casos se derrumben tendrán que rendir cuentas, al menos con los padres de los normalistas y con la historia.
Parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sabe que lo que está detrás del trabajo de esos investigadores es la vendetta personal, y el subsecretario Alejandro Encinas, parece que ha preferido seguir la corriente.
En estos días que el periodista británico Paul Imison continuó abonando datos reveladores sobre el caso de los 43 normalistas y la posibilidad de que algunos de ellos estén vivos, y que reconfirma la operación criminal que hubo detrás del ataque a los estudiantes, la reacción de la oficina de Omar Gómez Trejo (responsable legal de las pesquisas en la FGR) fue filtrar un dato y hacer parecer otros nuevos. No tuvo más que decir, le ganó, de nuevo, el periodismo.
Filtró que se giraron nuevas órdenes de aprehensión contra el primer responsable de las indagatorias, Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Especializada en Secuestro de la SEIDO. Asegura que participó en actos de tortura cometidos contra los detenidos por la desaparición de los normalistas.
También filtraron que el Ejército había dado más documentos y que se tenía la información de las agencias de Estados Unidos. Nada era nuevo.
Pero el fondo es otro. Antes que saber qué pasó con los estudiantes, dónde están y cómo fueron exactamente los hechos, Gómez Trejo y Carlos Beristain han preferido pactar con criminales y concentrarse en sus hipótesis: El andamiaje institucional operó para dejar en la impunidad el caso (que involucra al Ejército, Marina, autoridades y policías federales y estatales, procuradores e investigadores), y eso convierte a los funcionarios en cómplices de la desaparición forzada.
Han necesitado meter con calzador estas teorías y no ha importado acusar sin pruebas, ni siquiera definir el grado de la supuesta responsabilidad o circunstancias.
El caso de Gualberto Ramírez es un buen ejemplo. A este exfiscal, que tenía por encima como jefes a un subprocurador y al procurador Jesús Murillo Karam, Gómez Trejo lo quiere colocar como clave en todo el complot.
Pero fue gracias a él y al exfiscal Iñaky Blanco (a quien también continúan intentando acusar) que hoy existen las pruebas más importantes en el expediente y que están utilizando Gómez Trejo y el GIEI, pero que además atendió todas las peticiones del Grupo.
De acuerdo al propio expediente, dio seguimiento y consignó expedientes y detuvo a una gran cantidad de presuntos responsables. Fue su petición a Estados Unidos la que permitió obtener las escuchas de la DEA sobre el Cártel de Guerreros Unidos.
A ese ministerio público, que tiene varios estudios de posgrado y especialidad y reconocimientos internacionales, lo están acusando de tortura, cuando fue él quien dio vista a la oficina interna de la entonces PGR para que investigara precisamente las torturas y por eso se abrieron expedientes. ¡Está todo allí en el expediente!
No existe ni un solo documento que acredite que Gualberto Ramírez emitió algún oficio para que el exjefe de la policía Tomás Zerón se llevara al detenido Agustín García Reyes, al Río San Juan. Ni Zerón ni Murillo Karam respetaron la autoridad del ministerio público.
En los últimos días pregunté por el trabajo de Gualberto Ramírez. Funcionarios bancarios, y más de 20 personas que fueron secuestradas hablaron extraordinariamente de su trabajo. Pero Gómez Trejo necesita justificar su teoría, no importa que sea falsa. Sólo que los perseguidores de hoy, dice el refrán, serán los perseguidos de mañana.