Aunque todavía no están listas las conclusiones periciales sobre las causas de la explosión del mercado de San Pablito de Tultepec, el gobierno del Estado de México comenzó a tejer el discurso oficial que intenta dejar el caso en “un terrible accidente”, como lo declaró esta semana el secretario de gobierno, José Manzur.
Pero hay especialistas al interior del gobierno federal que cuestionan lo ocurrido el 20 de diciembre y enumeran una posible suma de acciones y omisiones negligentes cometidas por al menos 10 instituciones federales, estatales y municipales que de forma directa o indirecta tienen bajo su responsabilidad la supervisión y regulación de la producción y venta de pirotecnia, y también la responsabilidad por parte de los locatarios.
Aseguran que es indispensable saber qué ocurrió para que no se repita. Los accidentes, dicen, ocurren también por las acciones u omisiones de quienes deben supervisar, regular y prevenir, y en especial una instalación que en el atlas de riesgos se considera de alta peligrosidad.
La madeja de responsabilidades por lo menos involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que otorga los permisos para la operación y manipulación de pólvora, que debe autorizar las operaciones y definir en qué cantidad, y calidad se puede comerciar, y las condiciones de seguridad que deben prevalecer. También son responsables de la prevención y supervisión de que cumplan los estándares de seguridad, Protección Civil del estado de México y del municipio de Tultepec, lo bomberos y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, que por cierto declaró una semana antes de la explosión que San Pablito era el mercado “más seguro” de América Latina, aunque esa institución no cuenta con especialistas para determinarlo.
Y hay otras instituciones poco menos visibles: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Aduanas, que deberían encargarse de que no ingresaran al país productos pirotécnicos de forma ilegal, especialmente de Asia, que son de dudosa calidad, y que se mezclan para su venta entre los productos legales; pero además deberían realizar verificaciones, junto con la Policía Federal, en lugares como San Pablito, para certificar que los productos no son de contrabando. Y los agentes federales, junto con el Ejército y las policías estatales y municipales, deberían de llevar a cabo operativos que frenen los centros de producción clandestina de pirotecnia, porque sus productos pueden contener pólvora inestable.
Desde el mes de septiembre y hasta los primeros días de enero, se registran las mayores ventas de pirotecnia, por lo que resulta más importante la supervisión de todas esas dependencias. Y si consideramos que algunos locatarios de San Pablito reconocieron después de la explosión que en el mercado había mayor cantidad de productos que el permitido, que de acuerdo a la norma vigente en el Estado de México no debe exceder los 60 kilogramos por local de composición pirotécnica, significa que ni los comerciantes ni las autoridades cumplieron con esa obligación
El riesgo en el manejo de estos materiales es tan alto que se debe verificar, por ejemplo, que la pólvora no haya caducado, porque se vuelve inestable; que los locatarios vendan sólo productos certificados y no piratas, porque estos últimos también son inestables; que la cantidad de producto que los locatarios tienen en las instalaciones es el que soporta el diseño de la estructura y que permite mantener un clima interno equilibrado, que permita el manejo de emergencias; que no existe basura, automotores cercanos o exceso de visitantes.
Es por eso, por ejemplo, que la Sedena es la que autoriza las operaciones de compra de productos que hacen los locatarios, para saber el tipo, cantidad y proveedor, y así impedir productos ilegales y de mala calidad. Esto es algo que ahora se debe revisar.
Es posible que se trate de matizar lo ocurrido, debido a la gravedad y a los costos que tiene para una población como Tultepec, dedicada a la pirotécnica. Sin embargo, las autoridades estatales y municipales sabían que tienen serios problemas de seguridad respecto a la producción y manejo de estos productos, y existen los documentos que lo muestran, de ello hablaremos la próxima semana, el problema central es que ni las instituciones ni los locatarios cumplieron con su parte, con los manuales y leyes, por eso los especialistas consideran que la explosión alcanzó una dimensión y forma poco antes vista en la zona. Son más de dos décadas de explorar en el periodismo desde un enfoque de seguridad nacional.