Para el secretario de Gobernación “no puede estar un tema por encima del país”, como lo es el del fiscal general, y que éste mantenga paralizada la Cámara de Diputados. Aunque esa es la bandera de la coalición que han integrado el PAN, el Movimiento Ciudadano, el PRD y Morena, en realidad esto no puede reducirse, por ninguno de los actores políticos, a algo tan simple.
Para destrabar todo el conflicto en el Congreso hay un camino muy sencillo, que renuncie Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República (PGR) y, en su lugar, se nombre a un encargado de despacho, lo que permitiría nuevamente al Senado, sin llevar a cabo alguna reforma legislativa, designar al fiscal. Incluso el propio Cervantes podría aparecer en la terna y entonces ver si soporta el escrutinio público sobre su independencia y la calidad del trabajo al frente de la PGR, y si cumple el requisito constitucional de contar con buena reputación, de cara a los dos señalamientos directos, por parte de dos de sus exesposas, de violencia intrafamiliar, por ejemplo.
Pero el punto central es que la designación del fiscal general ni la del fiscal anticorrupción son los únicos temas a los que hay que poner una atención quirúrgica. En este periodo ordinario de sesiones se deben definir los puntos más delicados del andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción y de ellos depende que funcione o sea una simulación.
La designación de un presupuesto adecuado y suficiente, por ejemplo, debe ser un tema a desmenuzar y verificar que se cumpla.
El otro, es la designación de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tres que deberán ocupar la Sala Superior y 15 que integrarán las cinco salas especializadas.
En la primera sala se resolverán, por ejemplo, las apelaciones que se presenten contra los fallos de las salas especializadas; podrá atraer los casos que involucren faltas graves y determinar el pago de indemnizaciones y sanciones por daños provocados a la administración pública. Y las salas especializadas tendrán en sus manos las faltas administrativas graves que hayan sido investigadas por la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos Internos de Control de cada dependencia, imponer las sanciones a los funcionarios y particulares, y fijar los pagos e indemnizaciones correspondientes. Y en el peor de los escenarios determinar que no hay responsabilidad.
Por ese papel tan importante, prácticamente el último eslabón de la cadena, se les conoce como magistrados anticorrupción, los cuales ya deberían estar funcionando desde julio pasado, cuando entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No es así porque el Presidente envió su propuesta un día antes de terminar el pasado periodo ordinario de sesiones que concluyó en abril.
Ahora es inevitable que el Senado los designe y requiere las dos terceras partes de los votos. El problema es que los nombres que aparecen en la lista no son muy alentadores. Se requieren equilibrios, y la gran mayoría han sido funcionarios públicos con trayectorias en áreas económico-administrativas, civil, penal, laboral, fiscal, de lo contencioso, y de seguros y fianzas. Y hasta un exfuncionario, de corta trayectoria, del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen).
Esos 18 nombres poco a poco han sido cabildeados al interior del Senado, aparecen los que se vinculan al PAN otros al PRI, algunos más a gobernadores y otros al grupo más cercano al Presidente y hasta el Poder Judicial de la Federación.
Habrá que desglosar cada uno de los nombres, pero aquellos que causan más ruido son los que estarán en la Sala Superior, porque permanecerán allí hasta el 2032, y son Álvaro Castro Estrada, con trayectoria en el área laboral y se le considera ligado a grupos conservadores; Jesús Rojas Ibáñez que siempre trabajó en el SAT, y María Zaragoza Sigler, especializada en justicia administrativa y temas legislativos con Acción Nacional, partido del que es militante.
Otros nombres que brincan son Ana Yadira Alarcón que es militante del PAN; Álvaro Castro Estrada también es cercano al panismo y que ocupó distintos cargos burocráticos. También Gustavo Guerrero Gutiérrez, quien ha tenido una carrera política y que en el Tribunal Superior de Justicia del estado se le han atribuido posibles irregularidades en licitaciones y adjudicación de contratos. Otros más: Marco Antonio Palacios Ornelas, vinculado directamente al PRI, y Carlos Alpízar Salazar, quien ha estado en cargos muy diversos, pero en todos los casos ligado con el grupo del estado de México.
Por eso el problema no es sólo el fiscal.