El martes, en Estados Unidos se llevó a cabo una reunión, de varias que se prevén, del Grupo de Trabajo Técnico de la Frontera del Siglo XXI. La agenda plantea adoptar medidas específicas para la seguridad fronteriza entre ambos países, por lo que se trata de discusiones en las que se llegará a acuerdos estratégicos en la agenda bilateral, y que definirán temas de seguridad interior y nacional para México, que incluye las políticas que se adoptarán en nuestra frontera sur y el tratamiento a migrantes ilegales.
Hasta ahora no se han dado a conocer detalles de estas pláticas en las que participan representantes del gobierno mexicano de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación, y del Departamento de Seguridad Interior (DHS) estadounidense; sin embargo, la semana pasada Kirstjen Nielsen presentó un testimonio escrito, titulado “Autoridades y recursos necesarios para proteger y proteger a los Estados Unidos”, ante el Comité del Senado de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, en el que detalla en qué utilizará el presupuesto 2019 del DHS y que nos adelanta las capacidades que pretenden incrementar y lo agresivo de sus medidas para los próximos años
La titular de la DHS planteó que 47.5 mil millones de dólares de fondos discrecionales se destinarán a lo que llamó “inversiones cruciales”, tales como el reclutamiento, contratación y capacitación de 750 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza; dos mil oficiales de Aduanas y más de mil 500 “empleados de apoyo necesarios para ejecutar de manera más sólida las misiones de seguridad fronteriza y cumplimiento” del Departamento de Inmigración.
El presupuesto también se utilizará para financiar la renovación y construcción de Centros de Capacitación Federal para funcionarios del DHS, para la construcción del muro e infraestructura “táctica prioritaria, mejoras de tecnología y adquisición de aeronaves”.
Se plantea aumentar la capacidad operativa de las instalaciones de detención migratorias en casi 55 mil camas “para asegurar que los extranjeros arrestados que son expulsados de los Estados Unidos, como inmigrantes ilegales, extranjeros criminales y amenazas a la seguridad nacional, estén detenidos en instalaciones de detención seguras hasta que sean removidos”.
Donde la cifra se incrementa escandalosamente es para financiar el programa de alternativas de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para aquellos extranjeros detenidos que no se consideran una amenaza, pero que pueden presentar “un riesgo de fuga reducido”, por lo que se requiere “proporcionar una supervisión intensiva de hasta 82 mil participantes diarios promedio, a través de una combinación de visitas domiciliarias, visitas a la oficina, respuesta de alerta y monitoreo electrónico”.
El planteamiento ante el Senado por parte Nielsen no sólo muestra la capacidad operativa que pretende aumentar para los próximos meses sus agencias, sino la fuerza que se planea ejercer: “el presupuesto brinda a nuestros funcionarios de primera línea, las herramientas y los recursos que necesitan para interrumpir y desmantelar de manera más agresiva las amenazas transnacionales. Integrará aún más la inteligencia en las operaciones del DHS para garantizar que los cambios rápidos en el entorno de amenazas se cumplan con un cambio casi en tiempo real en nuestra respuesta. Y propone fondos en todo el Departamento para iniciativas que nos ayudarán a mantenernos al día con las nuevas amenazas”.
El presupuesto también incluye el combate a las organizaciones delictivas trasnacionales, que considera medidas más rigurosas para los turistas, pero adicionalmente un punto central, un total de 105 millones de dólares para lo que denomina “entrenamiento crítico, infraestructura de apoyo escuchas telefónicas” y aumento de personal. Ese presupuesto, sostiene Nielsen, “refuerza la capacidad de los agentes especiales de ICE y de DHS para realizar investigaciones criminales transnacionales”. Todo esto para fortalecer el Centro Nacional de Verificación (NVC), que hace poco anunció el presidente Donald Trump, y que se convertirá en un departamento vital del gobierno porque aumentará sus capacidades investigativas al fusionar datos de inteligencia, de procuración de justicia y de seguridad interna.