Maria Idalia Gomez

La estrategia contra el robo de combustible la diseñó, principalmente, Alejandro Gertz Manero, encargado del despacho del procurador general de la República y que 17 años atrás, como secretario de Seguridad Pública federal hizo algo similar. En el Gabinete de Seguridad le compraron la idea y la aderezó el Ejército.

Al igual que en el pasado, en el planteamiento del despliegue de la policía militar y naval en instalaciones de Pemex no sólo se pensó en la “recuperación de la seguridad” de puntos estratégicos y de operación, sino en una presión al sindicato que tiene presencia en los puntos nodales para el robo de gasolinas, diésel, turbosina y hasta petróleo. Pero de nuevo parece que se quedó a medias.

También, aseguran, se ideó como una forma de presión para los puntos de venta de gasolina en los que a partir de ahora se podrá saber si compran menos o más a Pemex de lo que venden.

El problema es que a 26 días de gobierno no contaban con un diagnóstico preciso del poder sindical, el mismo que ha sostenido desde hace 23 años a Carlos Romero Deschamps, quien siendo chofer del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, tuvo una carrera meteórica hasta que ocupó su lugar en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Deschamps aún controla las delegaciones sindicales en el país y sabe cuáles son las oficinas clave, los puestos estratégicos, y en ellos se ubican sus leales.

El antídoto contra ese poder no lo tiene aún el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El frenar el robo de combustible y el deterioro de Pemex pasa por someter al sindicato y sacarlo de los puntos medulares de la operación. En resumen, el gobierno inevitablemente tendría una confrontación directa con el STPRM.

Pemex cuenta con 89 terminales de almacenamiento y reparto, ocho mil 958 kilómetros de ductos para el transporte de combustibles, 15 terminales marítimas, 16 buquetanques, más de 500 carrotanques y casi mil 500 autotanques. Toda la operación de esta infraestructura estratégica está en manos del sindicato.

Su poder radica que ese control, de más del 94% de esa infraestructura vital, le permite paralizar al país en materia de gasolinas, energía y gas. Esto porque la capacidad de almacenamiento y transporte de gasolina, turbosina y diésel, se quedó atrás frente a la creciente demanda nacional. De acuerdo con información interna de Pemex, la capacidad de inventarios, en promedio, son menores a dos días de consumo o máximo tres, lo que equivale solamente al 7% de la capacidad recomendada a nivel internacional.

Significa que sólo permitiría las operaciones en el país de tres días, cuando mucho, para aviones, automóviles, transporte de pasajeros y de carga. Podría ser menor si se dan compras de pánico.

Enfrentarse al sindicato y a los huachicoleros se convierte entonces en un asunto de seguridad energética para el país. Para hacerlo se tiene que contar con información de inteligencia precisa, con un plan para que, en caso de ser necesario, se pueda transportar los productos petrolíferos sin problemas y no exista desabasto como ahora.

En este momento, por corrupción, la infraestructura que se tiene para transportar petrolíferos, es cara e ineficiente. En los últimos 18 años la red de ductos y poliductos no ha crecido, lo mismo que las terminales de almacenamiento. Esto ocurrió porque la opción de la distribución de combustibles a través de autotanques —que es el segundo medio más utilizado para abastecer a las terminales de almacenamiento y reparto, unas 15 veces más cara que por ducto—, beneficia a personajes políticos.

En este momento se le ha dicho al presidente que el haber paralizados los ductos sin tener la capacidad de pipas para distribuirlo, es un cálculo dentro de la estrategia, porque no sólo se obtuvo información, sino que permitirá controlar a los expendedores y poner al descubierto quién comerciaba combustible robado.

Sólo hay un último detalle, que el robo no sólo es por los ductos, sino dentro de las instalaciones de Pemex: pipas que salen con menos carga o aquellas que usan facturas muy bien falsificadas y portan cargamento robado, por ejemplo. Esto la vigilancia de las Fuerzas Armadas no lo podrán frenar y ni siquiera se contabiliza como robado.

Mientras el gobierno no se meta a las entrañas de Petróleos Mexicanos con toda la capacidad del Estado y anulen al sindicato en la operación vital, no se recuperará Pemex y se frenará el robo de combustible.

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