Corrían los años 80. Un equipo de agentes de la entonces Policía Judicial Federal que investigaban casos de robos y asaltos se toparon con una pipa sospechosa. La detuvieron, no acreditaron la propiedad de la gasolina que transportaban, ni siquiera del vehículo, así que se la llevaron para indagar más. Habían transcurrido unas horas y llegó un enviado del gobierno de Veracruz, luego una llamada de la dirección de logística de Pemex. En ambos casos les explicaron que era una concesión para amigos del gobernador, “un negocito (permitido)”, les dijeron a los agentes; así que debían liberar la pipa. No hubo más papeleo ni registro de los conductores, el vehículo y la gasolina que pronto se fueron. Los meses siguientes se enterarían esos jóvenes policías que no sólo en Veracruz, sino prácticamente en todos los estados, las concesiones de gasolineras, de pipas para la distribución de combustible y buques, y algunas pipas con gasolina que salían sin factura, se autorizaban a gobernadores, legisladores locales y federales, secretarios de Estado, empresarios amigos y líderes del sindicato. La sustracción de combustible era entonces un negocio que existía, pero no se reportaba porque era pactado y de alguna forma regulado. Pero comenzó a extenderse el robo de ductos, entonces se les llamaba chupaductos que no eran del grupo de beneficiados autorizados, así que Pemex comenzó a incluir tecnología que frenara esas vulnerabilidades. Las Fuerzas Armadas desde entonces eran las encargadas de la seguridad, se les pagaba por ello. Al mismo tiempo se institucionalizaron los beneficios a los grupos de poder aliados. Las gasolineras y la distribución de los combustibles por pipa, las cuales siempre tenían el logo de la entonces paraestatal, pero eran alquiladas. Cuando llegaron los panistas al gobierno descubrieron, por ejemplo, que uno de los mayores beneficiados con la renta de pipas era la familia Hank, quienes casi tenían el monopolio en el sureste. En la administración de Felipe Calderón sólo le quitaron una parte e incluyeron en el negocio a la familia Mouriño. Otra parte del negocio es atender las emergencias provocadas por una fuga, por ejemplo, en donde también hay involucradas empresas de políticos, exfuncionarios de gobierno federal y del propio Pemex, y empresarios amigos. El éxito de esas compañías es estar en la agenda de quien ordena la atención de la emergencia. No solamente las brigadas de Pemex salen a atender estas situaciones de riesgo, también lo hacen empresas que, al menos hasta la pasada administración y de forma histórica, atendían reparaciones y supuestamente limpiaban la zona de derrame. Como se trataba de emergencias, los costos se elevaban de forma impresionante, y Pemex con los seguros los pagaba sin importar precios, aunque se encarecieran los seguros. Todo este andamiaje se fue construyendo a lo largo de los años y se hizo legal, porque las normativas que regulaban estos procedimientos así lo establecieron. Sólo que desde el gobierno de Vicente Fox el problema de robo de ductos se dejó crecer, porque se optó por la simulación de su combate. Nunca se consideró que la corrupción y la delincuencia abren fisuras en el sistema que convierten en vasos comunicantes los delitos, por ello los secuestradores ahora también son huachicoleros, lo mismo que los ladrones o los narcotraficantes. La estrategia del combate a los robaductos que implementó este gobierno no ha incluido la desarticulación de todo este andamiaje de beneficios y contratos legales a modo y, por el contrario, amenaza con extenderlo con la compra directa de pipas. Pero no sólo eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró la falla medular de esta y en general la estrategia contra la inseguridad, cuando el miércoles justificó en su comparecencia matutina que no hayan sido detenidos capos en estas casi nueve semanas de su gobierno, porque “no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizarla seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios”. La falla medular es que el presidente no cuenta con un diagnóstico completo y confiable, ni con los asesores que le permitan tomar decisiones con una visión estratégica para el combate de la inseguridad en el país, en donde se incluya no sólo la atención de las causas, sino el resto de los elementos de forma integral, seccionada y progresiva, con políticas públicas de largo alcance. De lo contrario el huachicol y cualquier otro delito sólo mutará, se agravará y las partes del Estado que han sido tomadas por estos grupos criminales continuarán igual y será sin darse cuenta.
Pemex, los negocios por desarticular
