Dice la ley que la Procuraduría General de la República (PGR) debe ejercer sus atribuciones buscando el interés social y el bien común, lo que significa que no puede ni debe estar al servicio del Presidente o gobierno en turno, sino de la sociedad. En 20 años, este es uno de los peores momentos para institución. Y no es por lo complicado de los casos que lleva, ni siquiera por el cambio en el modelo del sistema de justicia, sino por su ineficacia ante el descontrol interno en la institución. También es cada vez más evidente cómo se está pretendiendo blindar los casos que significan un costo político o forman parte de un grupo cercano de uno o varios grupos de poder, todos ligados al PRI. En menos de una semana hemos tenido dos ejemplos, pero no son los únicos. Información muy confiable sobre el descontento al interior de la PGR, no de forma generalizada, pero sí en áreas específicas como las subprocuradurías de Procesos Penales o de Delincuencia Organizada, y en la Agencia Federal de Investigaciones, esta vez no se refiere a abusos contra el personal, que aseguran existe, sino algo más sensible, el nombramiento de personajes cercanos a la oficina del procurador Raúl Cervantes, tanto familiares como integrantes de despachos privados y recién egresados de la Escuela Libre de Derecho, que están siendo colocados en áreas clave, donde están los casos que más impacto político y económico representan para esta administración. Esos nombramientos estarían blindando los casos de una forma en que parezca que están investigando, pero que al final se caigan o puedan tener un control de daños y sea éste mínimo. En la lista del blindaje estarían los exgobernadores Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, el todavía gobernador Roberto Sandoval y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por ejemplo, pero hay varios más. Esto no sería nada nuevo, ocurrió en el pasado en algunos casos, ahora simplemente es más amplio el círculo a proteger. Por ejemplo, contra Javier Duarte faltan expedientes por consignar, pero no sólo eso, la PGR tardó tanto, que las pruebas importantes las incluyó unas semanas antes de iniciar el juicio, no se dejó trabajar el expediente antes. En el caso de Borge las acusaciones por las que sería extraditado de Panamá representan menos de la mitad de las acusaciones que hay en su contra, incluyendo una denuncia que lo vincula con el narcotráfico y que no avanza. Y sobre César Duarte, las pesquisas federales van a paso de tortuga, a pesar de que las denuncias de mayor impacto están en manos de la autoridad federal. La PGR no ha solicitado información a Estados Unidos sobre ninguno de estos personajes, por ejemplo, aunque tienen propiedades y algunos hasta empresas. En el caso del gobernador de Nayarit, la captura de su fiscal Édgar Veytia por su vinculación al narcotráfico, ni siquiera despeinó a la Procuraduría. Las personas que hemos consultado nos confirman que la Procuraduría tampoco han solicitado información a las agencias estadunidenses, y ni siquiera ha revisado los bienes del todavía mandatario estatal, es más, ni la relación de negocios con César Duarte. En el caso de Emilio Lozoya nos aseguran que no tienen todavía en el expediente la información que documente cada una de las operaciones financieras efectuadas por el exdirector de Pemex, su familia, amigos y colaboradores cercanos, para identificar comportamientos inconsistentes con sus ingresos. Mucho menos se ha pedido interrogar a los testigos clave de Odebrecht, más allá de las declaraciones que hicieron ante las autoridades de Brasil, para profundizar en sus versiones. Así que la comparecencia del exfuncionario este jueves será una simulación. Sobre el caso de la organización de Los Flores, dirigida por el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, la actuación de la PGR fue más trágica. En 2009 se habían integrado dos expedientes sobre esta familia, muy mal hechos cuando era el titular Eduardo Medina Mora. Como suele ocurrir, al ser detenido El Tío en 2013, se cayó el caso porque lo dejaron almacenado sin profundizar. Salió libre. Esta familia y la de Caro Quintero son consideradas como empresarias, no son investigadas en México. La supuesta colaboración con Estados Unidos en realidad sólo fue por la entrega de esa información que ya tenía años atrás la dependencia. En la Procuraduría nunca tuvieron acceso a los datos del Departamento del Tesoro, por eso no le pudieron avisar a Enrique Peña Nieto que no conviviera con el cantante Julión Álvarez y subiera su foto (que después tuvo que borrar), no fue por lo que algunos llamaron la autonomía del fiscal. Y ahora para remendar las cosas, la Procuraduría revivió sus expedientes contra Los Flores, pero no tienen mucha información actualizada y tampoco se la han pedido a Estados Unidos. Fue evidente que no sólo fue usada la PGR, sino que quedó rebasada por una incompetencia que parece adrede y por esa obstinada intención de proteger a sus grupos.
PGR, de tumbo en tumbo
