Faltaban seis meses para la entrada en vigor en todo el país del nuevo sistema penal acusatorio. Representantes de todas las instituciones involucradas, federales y estatales sostenían reuniones en diferentes puntos del territorio para hacer evaluaciones de los avances y coordinarse en aspectos comunes. Uno de los discursos más insistentes en las reuniones, y que en ese momento fiscales, policías e integrantes de las Fuerzas Armadas no dimensionaron del todo, provenía de los jueces, especialmente federales. Los funcionarios jurisdiccionales insistían en que tenían todos que estar preparados, porque aplicarían la ley sin concesiones, y que el sistema mexicano había transitado a un sistema garantista, por lo que para ellos los derechos humanos serían el eje de este nuevo sistema. Ahora, a casi un año de la aplicación de este nuevo esquema de justicia, los jueces cumplieron al pie de la letra lo que dijeron entonces. Prácticamente en todo el país están aplicando estrictamente la ley, sin interpretaciones. El malestar y la confrontación entre Poderes está subiendo de tono cada vez. Se echan la bolita unos a otros y hay muy poca autocrítica. Algunos de los críticos del Poder Judicial de la Federación hablan de miedo a los delincuentes durante las audiencias, otros hablan de comodidad de parte de los juzgadores para pasarle las facturas a los otros actores del sistema, fiscales y policías, y algunos más hablan de la falta de responsabilidad de los magistrados y jueces al aplicar un sistema hipergarantista, de cara a las condiciones de violencia e impunidad que prevalecen en México. El Poder Judicial se siente atacado y se está defendiendo. Primero, el ministro presidente, Luis María Aguilar, declaró el 30 de junio que no era su tarea ni responsabilidad mejorar las condiciones de seguridad del país, porque eso era tarea del Ejecutivo: “nosotros cumplimos juzgado frente a la sociedad”. También apareció en escena el ministro José Ramón Cossío, quien habló de la falta de entrenamiento y capacitación de “muchos de los operadores del sistema”, como el caso de los policías. Llamó a elaborar un gran diagnóstico para no mantener “un diálogo de sordos”. Y rechazó que el camino fuera a introducir un nuevo catálogo de delitos, porque llevaría a prácticas del pasado, en que se prefería mantener a los acusados en prisión. Si bien es cierto que las policías no hicieron su trabajo, mucho menos la Federal; también es cierto que los fiscales aún no cumplen con los estándares que demanda el nuevo sistema, salvo algunos de ellos, y también es cierto que las Fuerzas Armadas rehúyen a hacer su tarea de seguridad pública que están desarrollando y se amparan en la carencia de una ley, aunque esto es poco cierto, también es cierto que el Poder Judicial tampoco hizo la tarea. No existen los suficientes funcionarios jurisdiccionales federales en áreas clave, como los jueces de ejecución. Tampoco se ha dado una depuración en el Poder Judicial Federal, porque las estadísticas muestran cómo varias decenas de jueces han favorecido con amparos a diferentes presos, quienes han logrado mantener privilegios dentro de las cárceles, bajo el argumento de sus derechos humanos. Incluso han sido enviados a otras prisiones bajo la premisa de que deben estar cerca de su lugar de origen y del juicio, cuando esto significa, por ejemplo, acercar a capos a sus centros de poder. Y aún más ejemplos. Hay quejas que llevan dos y hasta tres años sin ser resueltas por el Consejo de la Judicatura Federal o en su defecto han impuesto sanciones poco severas, y la mayoría de ellas no son producto de investigaciones o auditorías practicadas a las oficinas jurisdiccionales, sino de procedimientos incumplidos, como el no entregar su declaración patrimonial a tiempo. De acuerdo a las pocas estadísticas disponibles, de 2014 a la fecha, de 664 funcionarios judiciales sancionados, 85% corresponden a sanciones menores: amonestaciones y apercibimientos. El resto prácticamente son sanciones a nivel medio, inhabilitación temporal, sanción económica o suspensión de empleo. Sólo en nueve casos se dio la destitución del puesto. No se trata de sancionar por sancionar, pero este nuevo sistema exige más que jueces garantistas, demanda absoluta ética y honestidad a prueba de todo. Y el Poder Judicial Federal no goza de cabal salud.
Poder Judicial, a revisión
