Hace seis años, en febrero de 2012, el gobierno federal tuvo los primeros indicios sobre la organización de Guerreros Unidos; un secuestro en Morelos alertó sobre este grupo que, de acuerdo con los datos oficiales de entonces, era procedente de Guerrero y se dedicaba al secuestro, extorsión, así como venta y tráfico de drogas.
La investigación no continuó, quedó en una carpeta en la Procuraduría General de la República (PGR) como antecedente, con muchos datos importantes: nombres, alias, lugares de operación y posibles vínculos criminales. Piezas de un rompecabezas que en ese momento no se armó, por la carga de trabajo de los investigadores y, sobre todo, por la nula coordinación entre las propias áreas internas de la PGR y también la carencia de puentes para investigaciones conjuntas con Policía Federal, Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen) e incluso las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas impidió ver más allá de un secuestro.
Fue hasta 2014 que la Comisión Nacional de Seguridad reconoció tácitamente que Guerreros Unidos no era un simple grupo, sino que sus operaciones llegaban hasta Chicago, a través de tráileres de fruta y de autobuses de pasajeros, siendo su líder Mario Casarrubias Salgado, quien entonces había sido detenido en Puebla. Es decir, le bastaron 26 meses para convertirse en cártel, según las autoridades federales.
Como parte de este espectáculo mediático del combate a organizaciones criminales, tres meses después de esta declaración, en julio de 2014, nuevamente la Comisión informaba de otra captura, la de Gonzalo Martín Souza Neves, a quien identificó como jefe de Guerreros Unidos en Puebla, sucesor de Casarrubias. Pero esta vez las declaraciones políticas fueron más lejos, con esa detención, se asentó en un boletín, se afectaba “significativamente” las actividades de la organización.
Un mal diagnóstico no permitió comprender entonces ni ahora la dimensión de Guerreros Unidos. La falta de una investigación seria, que involucrara operaciones de inteligencia desde hace seis años habría permitido frenar el crecimiento de este cártel y de los cultivos de amapola y laboratorios de producción.
La DEA entonces y desde 2013 tenía una visión más clara del grupo, de su dimensión, capacidad e influencia. No era un grupo de sicarios, tampoco un grupo de transportadores o improvisados secuestradores.
Las investigaciones que continuaron en México desde 2014 fueron consecuencia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y no como una estrategia integrada por las áreas de seguridad del Estado. De hecho siguen avanzando, no como un esfuerzo institucional, sino más bien voluntarioso.
Guerreros Unidos no es un grupo que cuente con una estructura integrada en un mando vertical, más bien son células regionales que buscan un beneficio común que las unifica y les otorga una marca que les da poder, pero que no rige sus operaciones cotidianas, por eso los ataques, secuestros y extorsiones en Guerrero, Morelos y Estado de México.
Los reportes señalan que ofrece trabajo a toda la comunidad, desde los campesinos que siembran o los que procesan en laboratorios, los que se encargan de robar autos para esconder droga, los que lavan dinero en negocios que van desde papelerías hasta tiendas de celulares, los que cobran las extorsiones, los que prestan sus servicios como sicarios, pero que al mismo tiempo venden droga o roban a transportistas. Se permite el caos como forma de control, por parte de un grupo que usa la pobreza para alimentarse y tener un cinturón de protección.
Los especialistas en inteligencia han confirmado en los últimos meses algo muy grave: Guerreros Unidos encabeza, con la complicidad de otros grupos, en medio de este caos tolerado, una asonada, una especie de rebeldía social que se presenta con rostro de manifestaciones violentas, crímenes y robos controlados, como forma de presión al gobierno y de control del territorio. Está usando el descontento y más que nunca la pobreza para ampliar su poder y frenar los embates del Estado. El diagnóstico equivocado, el uso político del combate al crimen y la falta de coordinación ha hecho de Guerreros Unidos un intruso en la vida política, económica y social de Guerrero y su poder crece.