La disputa criminal-electoral comenzó hace unos meses. No ocurre en todo el país y se confunde con el aumento de los delitos en los estados. El incremento de la violencia por la pelea por espacios estratégicos del territorio, que lleva unos tres años, desde el segundo semestre del 2017 incluye la intención de influir en el proceso electoral.
No sólo se trata de la desaparición o asesinato de servidores públicos municipales, exfuncionarios con influencia política en su región o aspirantes a puestos de elección popular; tampoco de los ataques contra líderes sociales (sea de organismos civiles o de iglesias) y hasta contra caciques, que han ocurrido de forma sistemática en esta administración. Los primeros reportes de inteligencia indican de los riesgos reales, potenciales y en proceso que existen en municipios en la mitad del territorio mexicano.
Durante muchos años se aseguró que a los cárteles mexicanos no les interesaban las elecciones y era, relativamente cierto. Hasta hace dos décadas no intervenían directamente movilizando el voto, no colocaban piezas en las planillas ni tampoco el día de la elección arremetían contra la población para dirigir el ánimo electoral. Sin embargo, siempre permanecieron muy cerca del poder político institucional. En algunos municipios de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Michoacán o Guerrero, por ejemplo, los candidatos a cargos locales solicitaban la anuencia o el apoyo económico de los líderes de esos cárteles, quedando así en deuda y luego convirtiéndose en una especie de socios. Contar con ese respaldo no sólo garantizaba tranquilidad en la zona, sino hasta cierta prosperidad.
Al paso de los años, los cárteles sí fueron colocando a sus candidatos, fueran familiares o personas a quienes desde jóvenes habían impulsado y les eran leales. Ocurrió en Tamaulipas, por ejemplo, donde la familia García Ábrego palomeaba a los funcionarios municipales y varios diputados. También en Durango o Chihuahua, con los cárteles de Carrillo Fuentes y del Pacífico. Era poco visible y más difícil hacer esta operación, porque en varias ocasiones el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) alertó sobre los riesgos de determinados candidatos locales.
Evolucionó muy rápido desde el año 2000. La alternancia a nivel federal y la falta de controles en los estados, desde la Federación, con instituciones de seguridad e inteligencia debilitadas, se facilitó la influencia de las organizaciones criminales en los procesos electorales, no sólo para influir en el voto, para proporcionar recursos, sino para ocupar diputaciones y diferentes cargos en los ayuntamientos. Hasta ahora sólo hay una investigación en Guerrero en ese sentido y en Durango un expediente abierto sin concluir ni avanzar. En otros estados, aunque hay datos concretos sobre los vínculos entre funcionarios electos o candidatos, no se les indagó por intereses políticos.
En este 2018, se ha concentrado la atención en la elección federal y en los nueve estados en los que se elegirá gobernador. Pero en 30 entidades del país habrá algún tipo de elección, y en la mayoría de ellos son ayuntamientos y diputaciones los que están en juego, cargos que son los que realmente les interesa controlar a las organizaciones criminales. La razón, porque son las autoridades inmediatas a las que recurre la población, si éstas son controladas, sometidas, toda esa población lo será.
Por ahora, no hay duda, que en 10 estados hay un riesgo electoral. Se trata de Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, en los que el crecimiento en delitos como homicidio, secuestro y extorsión de entre 2014 a 2017 ha sido de más de 30%, y que los informes muestran que el repunte de este año obedece a la expansión y pelea entre los cárteles, pero que desde hace varios meses colocan en riesgo a la mitad de los municipios de esas entidades. Todos son puntos para el trasiego, venta y operación de grupos criminales a los que no se les ha frenado y, por el contrario, se han fortalecido en distintos delitos, no sólo drogas, desde tráfico de personas, de combustible, de armas, robo y extorsión.
Sería muy equivocado pensar que el caos que puede generar (y que están ya generando) estos criminales con sus acciones violentas sólo obedecería a una lucha entre grupos. El caos es también una forma de control muy útil, más en tiempos electorales, que puede ser usada por ellos como arma propia o al servicio de la política que se los pida.