El exvisitador de la Procuraduría General de la República (PGR), César Alejandro Chávez Flores, lleva más de un año haciendo su propia campaña para ser fiscal anticorrupción, y Ayotzinapa le ha sido muy útil para publicitarse en medios; incluso, la semana pasada logró escalar su estrategia hasta el New York Times, que difundió lo que el exfuncionario denominó “acuerdo de conclusión”, un documento de 177 cuartillas sobre la revisión de la actuación en una parte del caso de Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y su equipo.
Es muy probable que fuera irregular la llamada diligencia policial que encabezó Zerón en el basurero de Cocula y a la que llevó al detenido Agustín García Reyes, El Chereje, sin autorización ministerial, y con la que puso en duda una parte sustancial de la investigación, como sugiere el documento. Sin embargo, es ese mismo escrito que confirma que Chávez Flores pretende usar el caso para su beneficio y no como la acción contundente de un visitador.
Para comprobarlo es importante saber que la Ley Orgánica de la PGR y su reglamento otorgan libertad al visitador para investigar y sancionar a los servidores públicos de la dependencia. El artículo 21 además plantea que “cuando la Visitaduría tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de una falta administrativa, sin perjuicio de sus facultades establecidas en esta ley, deberá́ presentar la denuncia correspondiente como parte ante el Órgano Interno de Control para que éste proceda en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Y añade, en el artículo 66, “que las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este capitulo, serán tramitadas por la Visitaduría General, que practicará la visita o iniciará la investigación correspondientes y, en su caso, dará́ la vista a que haya lugar”. La norma precisa que para llegar a una sanción existe un procedimiento que exige darle oportunidad a los servidores públicos de defenderse.
Partiendo de esto, surgen las dudas sobre el trabajo de Chávez Flores:
De acuerdo con los registros, Chávez Flores no citó a comparecer, como parte de su investigación, a todos los involucrados directa e indirectamente, ni peritos, ni ministerios públicos, ni policías ni asistentes, para conocer su versión y, en su caso, defenderse.
Una investigación minuciosa del entonces visitador hubiera arrojado que la persona que autorizó al jefe de la AIC a realizar la diligencia fue directamente el procurador Jesús Murillo Karam, lo que le habría obligado a citarlo para conocer su versión o si lo supo, ¿por qué no lo citó?
La ley es muy clara, en caso que su indagatoria cumpliera con todos los requisitos, Chávez Flores no necesitaba presentar un “acuerdo de conclusión” a sus superiores, sólo tenía que emitir su sanción, notificarla y así ejecutarla. Pero él ha pregonado que presentó su documento y no se lo aprobaron, de ser cierto que esperó instrucciones, entonces decidió supeditarse, por su propia voluntad, y prefirió así restarle autonomía legal a su cargo. Luego acomodó la historia y filtró que renunció porque no lo dejaban hacer lo correcto.
¿Porqué el Chávez nunca firmó el documento? Tal pareciera que se protegió, porque sabe, como cualquier abogado, que en esas condiciones ese documento no tiene valor jurídico. ¿Por qué no se atrevió a firmarlo como un acto de congruencia?.
¿Por qué en ese “acuerdo de conclusión” el visitador pretende transferirle la responsabilidad a la Secretaría de la Función Pública? En el texto dice que esa dependencia es la que debe sancionar a Tomás Zerón, pero la Visitaduría puede sancionarlo y más aún, si es tan grave la acción como sugiere el documento, ¿por qué sólo concluye imponerle una sanción administrativa y no dar vista para buscar una sanción penal?
Chávez Flores prefirió buscar el apoyo de legisladores de oposición poco antes de dejar el cargo, quienes, por cierto, discuten la elección del nuevo fiscal anticorrupción y él aparece en las listas de candidatos. Luego filtró el documento a reporteros acomodando la historia con verdades a medias. Tuvo la opción de ejercer a plenitud sus facultades, pero prefirió no hacerlo.
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