La empresa Oceanografía salió del concurso mercantil y volverá a operar luego de que acordó pagar a sus acreedores.
El juzgado tercer en materia civil del DF avaló el acuerdo entre acreedores y la prestadora de servicios petroleros para finalizar el concurso mercantil tras 315 días, por lo que la compañía pudiera recomenzar sus actividades de arrendamiento de embarcaciones en menos de 60 días, a pesar de las objeciones de Banamex, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Ahora bien, se tiene en cuenta que la concursada, por ser una unidad económica productiva, es importante, por los efectos financieros que conlleva en el orden económico nacional; además, de que es fuente de trabajo; por lo que, si actúa de buena fe junto con los acreedores al proponer un convenio que cumpla con las normas aplicables, deberá ser preservada en lo posible, toda vez que resultará mucho más conveniente para todos los interesados en el concurso, que la empresa como tal, continúe funcionando ya saneada”, expresó el juez Felipe Consuelo, titular del juzgado, en su resolución de este martes.
Oceanografía se metió en un conflicto tras darse a conocer un presunto fraude millonario en contra del Banamex a principios del año pasado, por lo que en abril el gobierno intervino a la compañía, y pidió al juzgado declararla en concurso mercantil, lo cual sucedió el 8 de julio del 2014.
Los acreedores que representan el 66.8 por ciento de las deudas de la compañía suscribieron el convenio a través del cual Oceanografía pretende volver a operar con el arrendamiento de sus embarcaciones para ofrecer servicios de mantenimiento de plataformas petroleras, y aprovechar la experiencia adquirida durante años dando servicios a Pemex, aunque con una flota mucho más reducida.
El convenio se aceptó a pesar de las objeciones presentadas por las firmas que representan el 24 por ciento de las deudas reconocidas en el concurso; además de los escritos de Banamex, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la propia Pemex, cuyas deudas no se reconocieron en el proceso.