La constructora brasileña Odebrecht, implicada en sobornos millonarios a gobiernos de países de América Latina, por los que su expresidente Marcelo Odebrecht recibió una condena de 19 años de prisión, hizo negocios también en el gobierno de Leonel Godoy en Michoacán, en donde construyó una presa que cobró al doble de su valor. De acuerdo a un reportaje La presa que une a Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy con Odebrecht, publicado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la obra se entregó incompleta, con deficiencias y con más de cuatro años de atraso. En el texto que firma Raúl Olmos, se precisa que 86% la obra se ejecutó con fondos estatales y el 14% federales. Originalmente la presa Francisco J. Múgica -ubicada en Tierra Caliente- se debió concluir en octubre de 2008 con un costo de mil 500 millones de pesos, pero fue entregada hasta inicios de 2013 tras un gasto de 2 mil 915 millones de pesos, de acuerdo con documentos obtenidos por MCCI. Si bien, el contrato con Odebrecht fue firmado el 29 de noviembre de 2006 por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, bajo la modalidad de “precio alzado” y “llave en mano”, lo que significa que estaba garantizado que el costo de la obra no se incrementaría, eso no ocurrió. Al asumir Leonel Godoy la gubernatura de Michoacán, le otorgó a Odebrecht, en forma ilegal, una ampliación del contrato original por 601 millones de pesos, y autorizó obras adicionales por 813 millones de pesos más. Y no solo eso. Entre julio de 2009 y junio de 2010, Godoy le autorizó a la firma brasileña contratos extra por 1,414 millones de pesos para la conclusión de la presa. Y pese al rezago, también avaló a la constructora terminar la obra hasta principios de 2012, y ni así cumplió. La entrega de la presa ocurrió hasta 2013. Dos auditorías revelaron que Odebrecht entregó una obra malhecha e incompleta. Aunque el proyecto original garantizaba dotar para riego agrícola mil litros de agua por segundo, la infraestructura construida solo fue para conducir 500 litros por segundo, es decir, la mitad de lo previsto. A ello se suma que por una mala planeación la obra se edificó en terrenos en litigio.
Ahora el gobierno de Michoacán debe restituir a los campesinos y pagarles nueve millones 315 mil pesos por daños, según establece una sentencia a favor del ejido Naranjo de Tziritzícuaro dictada desde agosto de 2013 por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, y que fue ratificada en 2016.