La firma brasileña Odebrecht pagó sobornos equivalentes a casi cuatro millones de dólares a una compañía fachada en Veracruz, entre agosto de 2010 y febrero de 2011, durante el gobierno de Javier Duarte. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que fue mediante dos empresas offshore, utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos, que se transfirieron 3 millones 754 mil dólares a una compañía de fachada del estado de Veracruz, según revelan documentos de la Fiscalía brasileña a los que tuvo acceso MCCI. El dinero fue transferido a la empresa Blunderbuss Company de México SA de CV, constituida en 2008 en Poza Rica, Veracruz, que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles. De acuerdo con la investigación publicada en el periódico El Financiero, detrás de esta compañía opera una red de prestanombres vinculada a la administración duartista, así como a la oficina de Odebrecht en México. Dichas transferencias se hicieron en el periodo de agosto de 2010 a febrero de 2011 a través de dos bancos: Credicorp de Panamá y Meinl Bank Antigua Limited, institución controlada por Odebrecht en la isla caribeña de Antigua. Las transferencias salieron de dos empresas offshore controladas por Odebrecht; una se llama Constructora Internacional del Sur SA y la otra Innovation Research Engineering and Development Ltd. De acuerdo con la investigación de las autoridades brasileñas, ambas firmas fueron utilizadas para el pago de sobornos y para financiar campañas a políticos latinoamericanos. En el acta constitutiva de la empresa veracruzana Blunderbuss, obtenida por MCCI, se puede constatar que los socios son personas ajenas a actividades empresariales; uno de los supuestos accionistas es un vendedor de seguros, y quien funge como administrador único de la empresa, es un exempleado de una gasolinera. Blunderbuss Company de México se constituyó el 3 de junio de 2008 ante el notario José Manuel A. Hernández Cabada. En el documento aparece como supuesto dueño Plinio Roldán Lecona Argüelles, exempleado de una gasolinera, de 29 años de edad, que tiene su domicilio en una humilde vivienda en la colonia popular Las Valentinas, de Poza Rica. Otro de los socios de la empresa es el vendedor de seguros Santiago Castellanos Estrada, de 66 años de edad, quien tiene su casa en un fraccionamiento de Papantla, Veracruz. La empresa tiene once objetos sociales, que incluyen la construcción, la asesoría en administración y mercadotecnia; intermediación en toda clase de negocios, servicios de computación, contratación de personal para otras empresas (outsourcing), gestión de créditos y compra, venta y renta de inmuebles. El 19 de diciembre de 2012 se realizó una asamblea extraordinaria para ampliar el objeto de la sociedad a la prestación de servicios llave en mano en las áreas administrativa, servicios operativos y procesos de producción, así como la comercialización de todo tipo de mercancías, incluyendo la exportación e importación. A pesar de tener una amplia variedad de servicios, no hay registros de actividad de la empresa. En la base de datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), de la Secretaría de Economía, no se tiene ni siquiera la referencia de su domicilio. Es una empresa que sólo existe en el papel. Los presuntos dueños de Blunderbuss aparecen como accionistas en más empresas establecidas en Poza Rica. Los documentos consultados por MCCI forman parte de la investigación de lavado de dinero y pago de sobornos que la Fiscalía brasileña realizó en torno a operaciones de Odebrecht en Suiza, Andorra, Mónaco, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Antigua, Barbados, Panamá y Brasil. En el expediente al que hay cientos de carátulas de estados de cuenta y reportes de transferencias de distintos bancos. En una revisión exhaustiva, MCCI localizó seis operaciones con la empresa fantasma ubicada en Poza Rica. Ejecutivos de Odebrecht confesaron en diciembre de 2016 ante autoridades de Estados Unidos, que entre 2010 y 2014 habían pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de contratos. Dichas transferencias fueron hechas por IREAD y Constructora del Sur, ambas sociedades utilizadas para ocultar sobornos, y se llevaron a cabo justo cuando inició esta red de corrupción en nuestro país. En la consulta de documentos no hubo manera de comprobar si las transferencias enviadas a Veracruz forman parte de los 10.5 millones de dólares de sobornos o si son pagos adicionales. (Con información de El Financiero). MR/RB
23 de Abril de 2024