Por alguna razón estratégica, que aún no es totalmente visible, el Departamento de Justicia y la agencias federales estadounidenses, especialmente la Oficina Antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), permitieron que Jesús Zambada García lanzara tiros muy precisos contra funcionarios de primer nivel de México, incluso a nivel presidencial.
Aunque los señalamientos surgieron a preguntas de la defensa de Joaquín Guzmán Loera, los fiscales pudieron solicitar, desde antes de iniciar el juicio o en el arranque de la declaración de Zambada García, que se frenaran y sellaran, como lo hicieron hasta el tercer día, que se pidieron reservar algunas cosas, lo que se traduce no en que sea falso ni que sea desechado, simplemente que no sea público. Pero ya era un poco tarde, algunas declaraciones comenzaron a filtrarse para entonces.
El Rey, como le conocían en el mundo del narcotráfico, no es una pieza menor en la genealogía del Cártel del Pacífico. Fue uno de los hombres de mayor confianza de su hermano Ismael (uno de los capos más poderoso de México), que desde hace más de 30 años comenzó en el negocio y conocía las operaciones de drogas en todas sus partes: recepción, almacenaje, fabricación y trasiego, especialmente en la zona centro del país y en la ruta hacia la frontera norte; pero además los contactos internacionales y los hombres que brindaban protección al cártel.
Al igual que su hermano, siempre mantuvo un bajo perfil, nada ostentoso y más bien el de un hombre en apariencia sencillo, de negocios. Lo describen en expedientes como un hombre de pocas palabras, muy práctico, que ejercía el control y no aceptaba fallas ni traiciones, pero que seguía el manual dictado por su hermano: primero corromper antes que matar.
Cuando fue detenido, entre sus escoltas se encontraban elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a quienes pagaba, según las declaraciones, hasta 500 mil pesos dependiendo su nivel y función.
En los tres años que estuvo preso en México, Jesús Zambada no ofreció algún dato revelador sobre los vínculos de corrupción y operaciones del Cártel del Pacífico, pero cuando fue enviado a Estados Unidos lo primero que hizo fue negociar. A principios de 2013 ya tenía un acuerdo para convertirse en testigo protegido a cambio de beneficios como mantener la cercanía de su familia o estar detenido con baja seguridad (de hecho en este momento no hay registro de dónde está interno, sólo de su número como preso: 05790-748).
A cambio de muchos más beneficios El Rey debe declarar todo lo que es verdad sobre su organización, sus socios y enemigos. Y lo hizo, ha sido interrogado muchas veces. Es uno de los testigos estrella para acusar a miembros del Cártel del Pacífico, pero también podría servir para declarar contra sus enemigos, Los Zetas y El Golfo, en especial Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, por quien los Zambada habían puesto precio por su muerte y por tanto llegaron a conocer parte de sus operaciones y costumbres.
Jesús Zambada tiene el compromiso de declarar bajo juramento y no caer en contradicciones, para ayudar a los fiscales en un caso sólido contra Guzmán Loera, por eso no puede mentir. No puede permitirse contradicciones ni modificaciones a sus declaraciones, las cuales comenzaron a documentar en Estados Unidos desde 2013. Las agencias de Estados Unidos no han desechado nada de lo que ha declarado hasta ahora El Rey Zambada, sólo que sus investigaciones son lentas y son pragmáticos, usan a las personas, incluso los que pueden ser culpables, para obtener mayores beneficios en sus casos.
Cuando El Rey fue detenido en México tenía 25 años operando 15 de ellos en los más altos niveles, por lo menos desde los principios de los años noventa. Es decir, él puede narrar la historia de corrupción de este país desde entonces hasta 2008, cuando Felipe Calderón era presidente de la República; Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, y Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigaciones y Secretario de Seguridad Pública federal. Todos ellos, según Zambada, recibieron sobornos.
García Luna es el que más difícil tiene el escenario, porque las áreas en las que estuvo eran las de mayor interés para cualquier grupo criminal, y trasladándonos a esa época, los casos en que agentes de la AFI de niveles clave que fueron vinculados al Cártel del Pacífico, por brindar protección, fueron bastantes. Además, en su defensa plantea que él no decidía los nombramientos de los subdelegados regionales, aunque lo cierto es que él los proponía al consejo de subprocuradores y todos le fueron aprobados, además a él le rendían cuentas, y varios de ellos, integrantes del despliegue regional, fueron detenidos o asesinados, a pesar de aprobar los exámenes de control de confianza.