ONU-DH celebra ‘inédita’ sentencia sobre Ayotzinapa; Estado debe “enderezar” la justicia
El representante del Alto Comisionado en México, Jan Jarab, llama al gobierno federal a materializar las reformas que premitan revertir el rezago en materia de acceso a la justicia
El Estado mexicano debe enderezar la investigación del caso Ayotzinapa y materializar reformas que le permitan revertir su rezago en acceso a la justicia y combate a la impunidad, aseguró la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) al celebrar la ‘inédita’ sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas y el informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH.
Después de haber estudiado ambos documentos de manera exhaustiva, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) los considera de la mayor relevancia, por lo que el Estado mexicano debe observar puntualmente sus contenidos”, señala el organismo.
En un comunicado, la ONU-DH señala que ambos documentos brindan “una nueva oportunidad para redirigir de manera profunda la investigación” y materializar las transformaciones de fondo de la justicia en México. La ONU-DH analizó de manera detallada tanto el Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurridos en Iguala, Guerrero, en los que desaparecieron 43 normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayoztinapa, dejaron seis muertos y algunos heridos. Jan Jarab, representante del Alto Comisionado en México, lamentó que la investigación del caso Ayotzinapa esté fragmentada y que los detenidos no estén siendo procesados por desaparición forzada. Destacó que el informe de CIDH además de reconocer los avances, es “contundente” sobre la preocupaciones por el rumbo de las indagatorias.
Es especialmente llamativo que la investigación siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”, señaló Jarab sobre el análisis de la CIDH.
Y coincide con lo que concluye CIDH sobre la existencia aún de “serios desafíos y obstáculos” para poder alcanzar “la verdad, justicia y reparación” en este caso. Además destaca como “inédita y garantista” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar de nueva cuenta la investigación del caso y crear una comisión especial de la verdad, encargada del mismo.
Es la reafirmación, por parte de una alta instancia judicial mexicana, de las preocupaciones expresadas reiteradamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, por algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo a la ONU-DH, y por organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense”.
La ONU-DH concuerda también con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia de forma detallada la sentencia.
Es especialmente llamativo que la investigación siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”, señaló Jarab sobre el análisis de la CIDH.
Jarab indicó que la atención al contenido de los documentos debe realizarse potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el papel “destacado” de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos. La ONU-DH reiteró su reconocimiento a la tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición. De acuerdo con la versión oficial, mejor conocida como la “verdad histórica”, la noche del 26 de septiembre de 2014 policías municipales de Iguala arrestaron a los jóvenes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el tiradero de basura del municipio de Cocula. La familias y organizaciones internacionales han señalado como científicamente imposible que esto hubiera ocurrido. Padres y la sociedad civil nacional e internacional han denunciado irregularidades en las detenciones y exigen se incluya en la investigación la posible participación del Ejército y la Policía Federal en los hechos.